Según reportaba el INEC a inicios del mes de marzo, la tasa de desempleo del 2021 arrancó en 19,1%, equivalente a 468 mil personas desempleadas, un aumento en 158 mil personas comparado con el trimestre noviembre-diciembre (2019)-enero (2020). Para ponerlo en contexto, se llenaría casi 14 veces el estadio nacional de personas buscando empleo.
Como es lógico, el desempleo y el hambre deberían ocuparnos como prioridad, no solo por empatía y humanidad, sino por interés personal: a mayor desempleo mayor delincuencia, miseria y baja recaudación tributaria. Todos perdemos con los altos niveles de desempleo, incluso, el Estado mismo y sus funcionarios hoy muy cómodos, dado que el desempleo y la informalidad no pagan impuestos ni cotizan a la CCSS, con lo cual, se pone en riesgo la estabilidad laboral de los mismos funcionarios públicos.
Sin duda, la mejor reforma fiscal es mayor crecimiento económico: a mayor dinamismo de la economía, la recaudación será mayor, con lo que el déficit tenderá a disminuir, tanto a nivel de Estado central como de la misma CCSS. Debemos abocarnos en facilitar el emprendimiento y el crecimiento de las empresas, y el funcionario público entender que, entre más empresas y emprendimientos, más dinero y estabilidad para todos.
Sin embargo, las causas del desempleo tienen, precisamente, como principales responsables la excesivas trabas y trámites, así como la alta tributación que recae contra el empresario y el emprendedor, tanto por parte del Impuesto sobre la Renta, como las contribuciones a la seguridad social, siendo que incluso comparativamente, la tasa de tributación del impuesto sobre la renta nos resta enorme competitividad regional:
Como se observa, Costa Rica presenta la tasa efectiva de impuestos más alta dentro de países latinoamericanos con los que, se espera, compita nuestro país, llevando la tributación hasta un 40,5%. Tan alta es la tarifa que la OCDE recomendó, en su último informe Económico sobre Costa Rica, reducir las tarifas de renta empresarial, al ser muy altas, restar competitividad y desincentivar el crecimiento y emprendimiento del ciudadano costarricense.
Por su parte, la CCSS y el resto de las cargas que pesan sobre el empleo son, hoy por hoy, el mayor incentivo a la informalidad y la precariedad laboral, al imponer cargas sociales excesivamente altas y, en una especie de ceguera ideológica, desconocer que lo que están provocando es menores ingresos para sí mismos y destrucción del empleo.
Por ejemplo, un salario de ¢600.000,00 tiene un sobre costo de cargas sociales de 37%, tal cual se muestra en el siguiente ejercicio que se puede realizar en la propia página web de la CCSS:
Es decir, por un salario de ¢600.000,00 el patrono debe considerar ¢159.000,00 adicionales, y el trabajador aportar un violento 10,5% sobre su salario bruto. De ese 26,5% que debe contemplar adicional el patrono, un 5% corresponde a “Asignaciones Familiares” con resultados y eficiencia altamente dudosos, y un 14,5% a la CCSS. A este respecto, la OCDE señaló en relación con las cuotas de la CCSS, lo siguiente:
“Las altas contribuciones a la seguridad social son un obstáculo para la formalidad en Costa Rica. Estas contribuciones representan aproximadamente el 36,5% de los ingresos brutos, en comparación con el promedio de la OCDE del 27,2%. (…) La gran porción que deben pagar los empleadores impulsa los costos laborales no salariales de Costa Rica hacia el tope de las calificaciones de la OCDE”.
Para sorpresa de pocos, la OCDE hace casi tres años nos señaló que seguir aumentando el costo de la seguridad social constituye un incentivo perverso a la informalidad, dado que el costo es tan alto que le impide a la gente cumplir. Con esta alta presión para el patrono y el trabajador independiente, es lógico que la informalidad esté cerca del 50% de nuestra economía. Y resulta lógico también que, ante una voracidad de la seguridad social imponiendo costos inmanejables, sus ingresos cada año disminuyan, al tener menos contribuyentes. Tan grave es la situación y el peso desmedido de las contribuciones a la seguridad social, que la OCDE concluyó:
Las altas contribuciones a la seguridad social generan distorsiones en el mercado laboral y ofrecen incentivos para que los trabajadores, en particular los de bajos ingresos, permanezcan en el sector informal y para que los empleadores contraten trabajadores informales, lo que reduce la base impositiva y genera desigualdades.”.
En palabras, sencillas, parece indicar que en la dirección de la seguridad social se ha venido haciendo todo lo que no se debe hacer. Por otro lado, se encuentra el grave hecho de la ausencia total de normativa en el caso de la contribución de los trabajadores independientes, a quienes la CCSS ha lanzado una campaña de exterminio donde incluso asimila un seguro a un segundo impuesto de renta, con una cotización de hasta el 18% y pretendiendo, contra Ley, cobrar hasta más de 4 años hacia atrás de supuestas cuotas.
Por ello, propuestas de más impuestos, en un país con tantos impuestos, es suicida. La motivación por cumplir con el pago de impuestos depende en gran media del grado de reciprocidad que los contribuyentes perciben en la relación Estado-sociedad. Los ciudadanos estaremos más dispuestos a pagar impuestos si consideramos que los recursos se utilizarán para financiar servicios públicos de calidad que mejoren nuestra vida, pero, sobre todo, cuando sea posible pagarlos.
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