El 22 de enero de este año 2021 entró en vigencia el tratado internacional que prohíbe expresamente las armas nucleares, su ensayos, posesión, uso y amenaza de uso, 75 años después de que la humanidad conoció las catastróficas consecuencias de las explosiones nucleares sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, momento en que inició el llamado mundial para prohibir estas armas de destrucción masiva. La adopción y entrada en vigencia de este tratado no reflejan una obvia evolución histórica. Son el resultado de una nueva estrategia y un cambio de paradigma, que a su vez reflejan transformaciones contemporáneas de las relaciones internacionales.
Cambio de estrategia
La adopción del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN), implicó un cambio de estrategia de parte de la mayor parte de la comunidad internacional, que aspira a avanzar fehacientemente en el cumplimiento de todas las obligaciones jurídicas y los compromisos políticos que los estados nucleares han asumido sobre el desarme nuclear, especialmente en el marco del Tratado de No Proliferación de las armas nucleares de 1968 (TNP). La gran negociación del TNP fue lograr que la abrumadora mayoría de los países renunciara a las armas nucleares, a cambio del acceso a la tecnología para los usos pacíficos de la energía nuclear y del compromiso de los países poseedores de emprender negociaciones de buena fe para la reducción y eliminación de sus arsenales. Cincuenta años después, el progreso hacia el desarme nuclear no solo se ha detenido, sino que las potencias nucleares emprendieron una agresiva inversión en la modernización de los arsenales nucleares, aumentando su poder destructivo y el riesgo de su uso intencional o accidental, además expresa un renovado posicionamiento de estos instrumentos de aniquilación masiva en sus doctrinas de seguridad.
El silencio y la inacción no constituyen una opción para la mayoría de los países del mundo, por lo que decidieron ejercer su liderazgo y apostar al papel que juegan las normas en la evolución de la conducta de los Estados.
Históricamente, la prohibición jurídica o la deslegitimación del apartheid, la esclavitud o el colonialismo, las armas químicas o biológicas —en su momento centrales en las estructuras de poder mundial—, no se sucedieron al haber desaparecido tales flagelos, se requirió generar normas que deslegitimaron y estigmatizaron tales conductas, como parte del proceso de su abolición. La realidad contemporánea refleja que el derecho, la justicia y las transformaciones en el ejercicio del poder no conviven en silos, sino en retroalimentación e influencia mutua.
Nuevo paradigma
El TPAN alinea las armas nucleares con el pensamiento del siglo XXI. Re-enfoca la discusión desde la ortodoxia de la disuasión nuclear de hace 70 años, hacia la evidencia científica existente sobre el impacto real que el uso de estas armas tiene sobre las personas, el ambiente, el desarrollo, la preservación del planeta, de la humanidad y los efectos desproporcionados sobre las poblaciones indígenas, las mujeres y las niñas. Esta interfase entre ciencia y política —la misma que guía la acción en cambio climático—, es una poderosa expresión de las relaciones internacionales del siglo XXI.
El enfoque humanitario sustentado en la evidencia, deslegitima el silo, el pedestal en que se les ha colocado a las armas nucleares por décadas, como símbolos de la estructura de poder del fin de la II Guerra Mundial y permite dilucidar con claridad cómo la existencia, posesión, uso y amenaza del uso de las armas nucleares contraviene los logros que la comunidad internacional ha construido en siglos y que se expresan en diversos cuerpos de derecho y de la ciencia moderna. Contradice los postulados del derecho de la Carta de las Naciones Unidas (que prohíbe el uso y la amenaza del uso de la fuerza y más aún cuando ésta amenaza con destruir a toda la humanidad); del derecho internacional humanitario, del derecho ambiental internacional, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de la equidad de género, pues están comprobados los efectos desproporcionados que la radiación ioinizante tiene sobre las mujeres y las niñas. La conclusión del ejercicio es que estas armas no deben volver a utilizarse nunca más bajo ninguna circunstancia y que su existencia, uso o amenaza de uso debe prohibirse definitivamente y abolirse.
El TPAN vis à vis el poder mundial
Este Tratado viene a culminar una etapa histórica de más de siete décadas, que involucró generaciones enteras de activistas, sobrevivientes de bombas y ensayos nucleares, diplomáticos, científicos, líderes religiosos; múltiples iniciativas y procesos, y que se vio reforzada a partir de 2010 cuando surgió el denominado Movimiento del impacto humanitario de las armas nucleares, al cual Costa Rica apoyó con convicción.
A partir del 2021, las armas nucleares tienen una etiqueta de ilegalidad, ilegitimidad, inhumanidad e irracionalidad, que ha sido adoptada por una sólida mayoría de los países del mundo, después de que la propia Asamblea General de las Naciones Unidas emitiera un mandato de negociación en diciembre de 2016.
Es inédito que un tratado convocado bajo los auspicios de las Naciones Unidas se desarrolle con la expresa oposición de los poderosos países nucleares. Ello es un reflejo de transformaciones en la dinámica de la política internacional que, en materia de la política global del desarme nuclear, se considera un cambio tectónico. Una coalición de los países no nucleares concretaron su liderazgo en una nueva estrategia, una novedosa movilización y un nuevo instrumento jurídico que incorpora la dimensión humana, la legitimidad, la justicia histórica, el carácter interconexo y comprensivo de las obligaciones jurídicas de los Estados y llena el vacío legal identificado por la Corte Internacional de Justicia en 1996, de una prohibición expresa para las armas nucleares, como sí la tenían las otras armas de destrucción masiva —químicas y biológicas—.
En esa misma línea de transformaciones, en el mundo del siglo XXI, el conocimiento, la innovación y la tecnología se elevan como determinantes de poder y de la competencia mundiales, mientras la dimensión de legitimidad tiene un peso cada vez mayor en la valoración sobre el ejercicio de dicho poder. Y en materia de desarme nuclear, la deslegitimación de las armas nucleares está fuertemente impulsada por redes transnacionales de ciudadanos hiper-informados, interconectados y empoderados, que exigen resultados concretos frente a los problemas de la humanidad. De hecho, por su papel en hacer posible el TPAN, el Premio Nobel de la Paz 2017 le fue otorgado a la organización de ciudadanos Campaña Internacional para abolir las armas nucleares (ICAN por sus siglas en inglés).
El papel de Costa Rica
Para el país, este tratado significa un hito en uno de los pilares de la política exterior del Estado, mientras que haber ejercido la Presidencia de la conferencia diplomática que la Asamblea General convocó para negociarlo, fue la más alta responsabilidad que se le haya otorgado a un equipo diplomático costarricense, en el ámbito de las Naciones Unidas. Por ello, es una profunda satisfacción que la Conferencia Diplomática haya sido efectiva, innovadora metodológicamente y que haya concluido con éxito, a pesar de las grandes limitaciones de tiempo, institucionales y políticas. El Tratado fue adoptado por una sólida mayoría de los miembros de la ONU (122 votos en favor, 1 abstención, 1 voto en contra). Hoy día el TPAN cuenta con 86 firmantes y 52 Estados Partes y continúa creciendo.
El 7 de julio de 2017 cuando se adoptó el TPAN, la señora Setsuko Thurlow, sobreviviente del bombardeo nuclear en Hiroshima, expresó su convicción de que el Tratado marca el inicio del fin de las armas nucleares. Ciertamente entramos en una nueva etapa en la que el conocimiento científico sobre su impacto, el derecho internacional y la voz de la humanidad reclaman, con una nueva fuerza política y normativa que aspira a ser transformadora, acciones concretas para el fin de la era de las armas nucleares.
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