Querido lector, ¿Alguna vez se ha preguntado qué pasaría si por azares del destino la conexión de internet se cayera por completo en cada rincón de la tierra? Imaginada la situación, ¿Cómo reaccionaría usted ante este quasi apocalíptico escenario? Nadie podría darnos una respuesta inequívoca, sin embargo, la mayoría de las especulaciones bien fundamentadas llegan a la misma conclusión: la humanidad no está lista para afrontarlo. La tarea se vuelve aún más complicada cuando la virtualidad y los servicios en línea han sido el sostén para la tambaleante economía en tiempos de pandemia.

Las medidas sanitarias nos distanciaron físicamente, pero nos acercaron aún más a las plataformas digitales, y es precisamente en este momento que debemos tomar conciencia sobre la otra cara de la moneda, y retomar nuestro juicio racional sobre lo que estamos consumiendo regularmente en internet. Si bien es cierto que la capacidad de difusión y alcance masiva del ciberespacio permite a las personas comunicarse y compartir recursos prácticos y educativos, para nadie es un secreto que también les permite destruir la reputación ajena, y compartir contenido privado de terceros. No podemos seguir engañándonos pensando que el internet es un lugar seguro por estar encerrado en un aparato electrónico, por el contrario, es por esa misma razón que debemos estar siempre alerta. No estamos lidiando con una simple máquina, sino con una controlada por seres humanos que en el fondo pueden estar motivados por las más dañinas intenciones.

El escándalo y la efervescencia social que ha desatado el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), creada en el catorce de octubre del 2019 con la firma del Decreto Ejecutivo 41.996 no es una señal de lo cautelosos que somos los costarricenses con nuestra información privada, sino una muestra más de la desconfianza generalizada del tico hacia el Estado. El presidente Alvarado ha insistido en defender las buenas intenciones de la creación de la UPAD, pero por más cierta que sea su buena fe de nada sirven las dulces palabras cuando las personas no creen en su locutor. La realidad es que nadie quisiera un Gran Hermano en su vida, accediendo a su información personal y metiendo sus narices en asuntos privados.

El presidente Alvarado cometió el error de asumir que el pueblo costarricense apoyaría la creación de la UPAD porque el beneficio sería mayor que el riesgo. Por el contrario, lo que vieron las personas fue un departamento de husmeadores financiado por la presionada billetera del Estado. Puede que la UPAD, en su poco tiempo de funcionamiento, haya servido con el único fin de tomar las decisiones políticas más favorables, pero se estaría abriendo una muy útil herramienta para que los gobiernos de turno venideros puedan acceder a vulnerabilidades de los ciudadanos, con el fin de enriquecer los bolsillos de unos cuantos.  El mejor escenario para el presidente es reconocer su error, no de actuar de forma tiránica como le reprochan algunos, sino de no dimensionar el riesgo que traería consigo la UPAD a largo plazo.

Al final de cuentas todo terminó en nada. El decreto se derogó, la UPAD se disolvió y el presidente compareció ante la Asamblea Legislativa para cumplir con un formalismo ético. Mientras tanto, día a día las mega corporaciones recolectan información de lo que consumimos, lo que observamos y lo que nos gusta en internet, todo con el fin de mantener a los usuarios enganchados en la plataforma y continuar así bombardeando de publicidad e información a la persona. Costa Rica fue un gran ejemplo en tomar la batuta y decirle al gobierno que la información personal no se toca, pero no por eso debemos olvidar sentar cabeza en el asunto, y ser más responsables con la información personal que compartimos. La responsabilidad de proteger nuestra privacidad es nuestra, no del gobierno, y el que cree lo contrario estaría guardando un valioso tesoro en un cofre de cristal.

Debemos ser más precavidos que la administración pública e identificar el núcleo central del problema de la información personal. Logramos parárnosle de frente al presidente de la República, pero la tarea no está completa, hay un largo recorrido por hacer y todos debemos participar en él. Vivimos en la era cibernética y las megacorporaciones tecnológicas tienen cada vez más consumidores, y la gran mayoría de ellos ni siquiera se tomará el tiempo de leer los términos y condiciones de servicio.

¿Está el presidente Alvarado listo para enmendar su error y retomar el eje central del problema de la información personal?

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