Bancada liberal alega riesgo para la seguridad y la intimidad.

Los tres diputados que integran la fracción del Partido Liberal Progresista (PLP) presentaron este lunes a corriente legislativa un proyecto de ley que obligaría al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a eliminar el Servicio de Consultas Civiles con el que cualquier persona puede buscar a un costarricense en el Registro Civil y acceder a detalles como sus ascendientes, descendientes, matrimonios y lugar de votación.

La iniciativa, ingresada bajo el número de expediente 24.895 pretende prohibir al TSE dar acceso irrestricto, ni en ventanilla ni en su página de Internet, a los datos de los costarricenses que figuran en el Sistema de Verificación de Identidad de los Ciudadanos (VID), alegando resguardo al derecho de la intimidad.

Costa Rica es uno de los pocos países del mundo que cuenta con un sistema público de verificación de identidad de sus ciudadanos. En él se puede ver quién es el padre, madre, hijos, cónyuges, divorcios, lugar de votación, fecha de nacimiento y defunción de cada persona con la nacionalidad costarricense, sin embargo para los tres diputados liberales el que esa información esté al alcance de todos, es un riesgo para la seguridad y la intimidad.

"Extraña sobremanera que, hasta ahora, la Sala Constitucional no haya realizado un análisis de constitucionalidad de las actuaciones del TSE en cuanto al manejo de los datos de los ciudadanos pasando esas actuaciones por el tamiz del derecho humano a la integridad y la seguridad personal que, en nuestro criterio, podría ser menoscabado por la exposición pública de los datos de los ciudadanos y el consecuente mal uso que esa información podría recibir por parte de personas inescrupulosas que podrían utilizarla con múltiples fines, como presionar, amedrentar, estafar o perseguir a un ciudadano o ciudadana", alega la exposición de motivos del proyecto de ley.

Históricamente el tribunal constitucional ha rechazado recursos de amparo contra el hecho de que los datos básicos de cualquier ciudadano puedan consultarse en una base de datos disponible para acceso de todos, señalando que datos referidos a hechos vitales y básicos de las personas que permiten su identificación, tal como el nombre, lugar de nacimiento, filiación, matrimonio y defunción, no son datos que al accederse violenten derechos fundamentales como el de intimidad o el de autodeterminación informativa.

Es menester rescatar la preocupación ciudadana plasmada en los recursos de amparo hasta ahora rechazados por la Constitucional: literalmente cualquier persona física o jurídica que ingrese desde cualquier dispositivo electrónico a la página del TSE puede tener acceso a sus datos y los de sus familiares inmediatos, a sus números de cédula y otros, como su lugar de votación. Las preocupaciones de la ciudadanía respecto de este asunto no son cosa menor, como lo ha pretendido hacer ver tanto el TSE, el Registro Civil y la Sala Constitucional en su reiterativa decisión de rechazar todos los recursos de amparo que los ciudadanos han interpuesto contra esas instituciones".

Según la exposición de motivos, la medida de restringir el acceso a esos datos es necesaria para "tratar de mitigar, a la brevedad, el altísimo riesgo que existe de que esos datos que el TSE tiene a disposición de cualquier sean utilizados en estafas, acoso telefónico o a través de otros medios electrónicos, robos, y otros delitos de considerable peligrosidad para la población en general".

De aprobarse el proyecto tal y como fue introducido este lunes al Congreso, el TSE quedaría impedido de realizar la venta de la información que consta en sus bases de datos y que de acuerdo con un reportaje de AmeliaRueda.com, le ha generado ingresos a dicho tribunal por más de 1000 millones de colones a lo largo de 10 años. Con ese sistema las instituciones y empresas pueden verificar que la persona que está haciendo un trámite ante ellas es quien afirma ser, pues se coteja su huella dactilar con la que está almacenada en el Registro Civil.

La única manera en que el TSE podría comercializar esa información, según el proyecto, es que no entregue información sobre los ascendientes, descendientes, matrimonios, divorcios, ni número de cédula de la persona, prohibiendo además que dicho número se muestre en su página web "o en cualquier otro medio público irrestrictamente". 

Además de prohibir la venta de esa información, el proyecto dispone que la única forma de poder acceder a esa información es mediante certificaciones a solicitud del interesado, o mediante un consentimiento informado suscrito por el titular de los datos personales.

Es necesario devolverle al ciudadano la sensación de seguridad para que así viva una vida más plena. Es urgente quitarles armas y herramientas a la delincuencia que hoy actúa a sus anchas. A esos grupos no se les puede dar ni un palmo de ventaja para que cometan sus ilícitos".