En los próximos años, los países del mundo deberán hacer frente a los retos que permanecerán una vez superada la pandemia por el COVID-19. Actualmente, si bien los esfuerzos internacionales y estatales están dirigidos a la gestión institucional sanitaria; existen problemáticas de otra índole que requieren igual atención de los Estados. Por ejemplo, es necesario evidenciar dos retos para Costa Rica y Centroamérica en materia de diplomacia y políticas públicas socio-económicas. En primer lugar, la reforma del Consejo Consultivo Económico y Social de Costa Rica (CCES); y en segundo lugar, la creación de un órgano regional de diplomacia comunitaria que permita trascender los localismos nacionales impulsados por los juegos políticos (evidentes previo y durante la pandemia) y fomente la comunicación coordinada entre los Estados.

Sobre el primer tema, cabe destacar que, en Costa Rica, el Ministerio de la Presidencia reformó mediante el Decreto 42.763 el anterior Decreto 41.439 de 2019 que a su vez amplió el Decreto 41.097 que creó el CCES en 2018, concebido originalmente como una “instancia de diálogo permanente y generación de acuerdos con la participación de organizaciones de trabajadores, empleadores, academia y sociedad civil”.

Sin embargo, dicha modificación limitó la participación ciudadana en los procesos consultivos que contemplaba el decreto anterior y este último derogó el artículo 3 del decreto inicial que se refería a los principios rectores de funcionamiento del CCES: equidad, objetividad, transparencia, confidencialidad, eficiencia, eficacia, buena fe y representatividad. Ahora bien, pese a que la creación del CCES en Costa Rica tuvo como referencia a los Consejos Económicos y Sociales de Europa, coordinados por el Comité Económico y Social Europeo (CESE), su marco de regulación difiere considerablemente en los ámbitos de consulta y representatividad.

Para ilustrar, el decreto actualmente vigente regula en su artículo 2 que el ámbito de competencias del CCES “estará delimitado por aquellos asuntos que de manera facultativa le sean sometidos a conocimiento por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de la Presidencia”, mientras los consejos regionales europeos, tal como el Consejo Económico y Social de España, abogan por una mayor competencia consultiva. Asimismo, a nivel comunitario el Comité (CESE) “recibe consultas del Parlamento Europeo, el Consejo de la UE y la Comisión de la UE sobre diversos asuntos… y emite dictámenes por iniciativa propia”. Por otro lado, el CCES carece de representantes de los Ministerios de Salud (MinSa), Educación (MEP), Economía, Industria y Comercio (MEIC) y del Instituto Costarricense de Turismo, así como de la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR) y la Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO), aún cuando la economía del país gira en torno a estos sectores económicos.

Respecto al segundo tópico, es necesario aclarar que la propuesta de creación de un órgano regional de diplomacia comunitaria, también tiene como sustento el desarrollo histórico del integracionismo de la Unión Europea (UE). Para ejemplificar, en el año 2009 la aprobación del Tratado de Lisboa creó el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad (ARUAEPS) órgano que “pretende que la UE, en su acción exterior, se comporte como un verdadero actor global y exprese con una sola voz, una única posición en los asuntos relevantes de la agenda internacional”. En otras palabras, debemos cuestionarnos si el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) podría plantear la necesidad de crear un nuevo órgano encargado de la política exterior, la seguridad común y la diplomacia comunitaria en la región.

Esta motivación surge a raíz de los constantes conflictos egoístas (localistas) que enfrentan los gobernantes de los países centroamericanos en su ejercicio del juego político, esto, debido a la falta de un órgano que coordine la diplomacia comunitaria, así como el diálogo regional respetuoso y eficaz que permita trascender los egoísmos nacionales que fueron evidenciados antes y durante la pandemia por el COVID-19.

Por ejemplo, en 2018 el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua calificó al mandatario costarricense de “mal educado, entrometido, racista y fisgón y se le cuestionó por no querer ver el desorden de su propia casa”; en 2020 el presidente salvadoreño Nayib Bukele comentó en Twitter “nuestros hermanos de Costa Rica ya solo tienen ocho camas para pacientes en cuidados intensivos, aquí hay 700 disponibles”; por otro lado, en diciembre de 2020 mediante un polémico tuit, el Ministerio de Salud de Panamá manifestó que “Costa Rica adquirió 10,000 dosis de la vacuna Pfizer mientras que Panamá estará recibiendo 450,000 para la primera fase…” y por último, el llamado del presidente guatemalteco Alejandro Giammattei a “dialogar para replantear los Acuerdos de Paz” el cual aún no ha sido escuchado por los demás gobernantes del istmo.

En síntesis, como consecuencia de la pandemia será necesario, en primer lugar, estudiar la posibilidad de reformar el Consejo Consultivo Económico y Social de Costa Rica (CCES); y en segundo lugar, crear un órgano regional de diplomacia comunitaria. De este modo, se torna indispensable repensar, la eficacia del CCES en Costa Rica y la diplomacia regional de Centroamérica, como pilares claves para el desarrollo estatal costarricense y el progreso comunitario del istmo, en el marco del derecho a la integración.

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