Decreto legislativo fue vetado desde febrero, pero la Asamblea no ha resuelto aceptarlo o resellar.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles desconvocó este miércoles todos los proyectos de ley que su gobierno había solicitado tramitar durante el actual periodo de sesiones extraordinarias, con el objetivo de forzar a la Asamblea Legislativa a votar el veto total que impuso a la ley para fomentar los vuelos de bajo costo entre Costa Rica y Centroamérica.
El decreto ejecutivo que oficializa la medida ingresó al Congreso a las 2:18 p.m. del 7 de mayo, poco antes del inicio de la sesión de plenario, la cual finalmente no se realizó por falta de quorum ante la ausencia de 21 diputaciones.
En su lugar, el Ejecutivo convocó únicamente el expediente 24.207, titulado “Ley para fomentar los vuelos de bajo costo entre Costa Rica y Centroamérica”, iniciativa impulsada por el diputado Eliecer Feinzaig Mintz del Partido Liberal Progresista (PLP), y que fue vetada totalmente por el Poder Ejecutivo el pasado 14 de febrero.
El decreto legislativo 10.643 fue objetado por el gobierno por razones de oportunidad, conveniencia y constitucionalidad. El veto fue suscrito por el presidente Rodrigo Chaves, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén; el ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraín Zeledón Leiva; y el ministro de Turismo, William Rodríguez López.
Según el Ejecutivo, la propuesta de ley implicaría una reducción en los tributos aplicables a los boletos de avión hacia destinos en Centroamérica y República Dominicana —pasando de $27 a $14 en el derecho de salida y de $15 a $4 en el impuesto de ingreso— con un impacto fiscal negativo estimado en 2999 millones de colones anuales.
La Presidencia argumentó que no existen garantías de que el aumento en la demanda de vuelos compense esa disminución en la recaudación y cuestionó que la propuesta se fundamentara en un estudio del Banco Mundial que “no fue elaborado específicamente para Costa Rica”, lo que genera dudas sobre su aplicabilidad local.
Entre las preocupaciones planteadas por el gobierno se incluye el posible debilitamiento del presupuesto del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), cuyo financiamiento depende en gran parte del derecho de salida de pasajeros. El Ejecutivo teme que una merma en los ingresos pueda comprometer las campañas de promoción internacional y afectar la competitividad del país como destino turístico.
Además, se advirtió que la iniciativa podría incentivar un modelo de turismo multidestino que reduciría la estadía promedio de los visitantes en el país, actualmente de 13 noches. Esto, según el veto, tendría un efecto negativo sobre sectores clave como hotelería, gastronomía y comercio, al disminuir el gasto promedio por turista.
Desde el punto de vista jurídico, el Ejecutivo consideró que la ley introduce una forma de regulación de tarifas en el transporte aéreo no contemplada por el ordenamiento jurídico costarricense, lo que entraría en conflicto con el artículo 46 de la Constitución Política y con compromisos internacionales en materia de comercio y aviación civil.
La decisión de desconvocar los 90 proyectos inicialmente presentados en abril para las sesiones extraordinarias busca presionar al Congreso a resolver el veto, que según el reglamento legislativo debe ser conocido en plenario y votado.
El veto mixto —por contener argumentos de oportunidad, conveniencia y constitucionalidad— requiere que si la Asamblea rechaza estas últimas, envíe el veto a la Sala Constitucional para que allí se diriman las objeciones constitucionales hechas por el Ejecutivo.
Si la Sala rechaza las razones de inconstitucionalidad, el proyecto volvería en tesis de principio al Ejecutivo para su firma como ley, sin embargo, dado que el gobierno también aplicó un veto por razones de oportunidad y conveniencia, ello forzaría realizar una votación de resello que, para ser exitosa, requiere al menos 38 votos.
