La Asociación Costarricense de Derecho Internacional emitió un comunicado en el que insta a los diputados y las diputadas de la República de Costa Rica, a votar afirmativamente el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo de Escazú.
El acuerdo fue firmado en el cantón de Escazú, Costa Rica, en marzo de 2018. En su momento fue impulsado por Costa Rica y Chile, sin embargo, Costa Rica no lo ha ratificado y Chile lo rechazó. De las 24 naciones que lo firmaron al día de hoy solo 12 lo han ratificado, incluyendo a Argentina y México, que recientemente se sumaron.
La ACODI señala en su manifiesto que el Acuerdo “pretende garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales”.
La asociación también recordó que el informe de Global Witness de 2019 dio a conocer que de los 10 países con más asesinatos de ambientalistas, 7 correspondían a países Latinoamericanos: Colombia, Brasil, México, Honduras, Guatemala, Venezuela y Nicaragua. Ese es uno de los motivos que los llevan a solicitar a la Asamblea Legislativa la ratificación del acuerdo, en tanto contempla “la obligación de los Estados de garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promuevan y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”.
Como ya ha sido señalado por varios expertos, el Acuerdo viene a uniformar los deberes del Estado en relación con el derecho ambiental dentro del ordenamiento jurídico costarricense, así como también establece una base en cuanto a la obligación del Estado de poner a disposición la información en materia ambiental y de difundirla efectivamente, aspectos que no han sido implementados de manera adecuada en el país”.
Además, la ACODI indicó que la aprobación del Acuerdo de Escazú reafirmaría el compromiso de Costa Rica con obligaciones internacionales, ya adquiridas. “Por ejemplo, la Declaración de Río impone la obligación de los Estados de garantizar el acceso a la información, la participación en procesos de adopción de decisiones y acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha establecido la obligación de respetar y garantizar el acceso a la información relacionada con posibles afectaciones al medio ambiente, así como también de garantizar la participación de las personas en la toma de decisiones y políticas que puedan afectar el medio ambiente y de garantizar el acceso a la justicia. Por último, la Agenda 2030 establece una serie de objetivos importantes para lograr la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y mejorar la vida de las personas a nivel mundial, entre los cuales se encuentran los objetivos 11, 13, 14, 15 y 16, relacionados con el fondo del Acuerdo de Escazú”.
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Si bien Costa Rica colideró el esfuerzo detrás de la gestación del Acuerdo y sí lo firmó al día de hoy no lo ha ratificado, responsabilidad que cae exclusivamente sobre la Asamblea Legislativa y más recientemente sobre el Poder Ejecutivo, el cual ha optado por no incluir el Acuerdo de Escazú en la última convocatoria a sesiones extraordinarias.
Organizaciones ambientalistas como la Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica, Green Wolf Costa Rica y Friday's for Future Costa Rica lanzaron el año pasado la campaña Escazú Ahora para poner presión sobre las autoridades para su pronta ratificación.
