Este 22 de enero del 2021, Argentina y México depositaron cada uno su instrumento de ratificación del Acuerdo de Escazú adoptado en Costa Rica en marzo del 2018 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones de Naciones Unidas). Como se recordará, este tratado es el resultado de nueve rondas de negociaciones realizadas entre el 2014 y el 2018 bajo los auspicios de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas), las cuales contaron con el activo protagonismo de Chile y de Costa Rica.
De esta manera, Argentina y México se suman a los diez Estados que habían ratificado anteriormente este instrumento regional, y que incluyen, en América Latina, a Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Panamá y Uruguay.
El depósito de ambos instrumentos de ratificación era esperado por la región de América Latina y del Caribe, al permitir precisar la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú: la cual se cuenta tres meses después del 22 de enero, al registrarse el número de ratificación número once.
El Acuerdo de Escazú entrará oficialmente en vigor el próximo 22 de abril del 2021, fecha en la que se conmemora, a nivel internacional, el Día Mundial de la Tierra. Nótese que los aparatos diplomáticos de cuatro otros Estados se esmeraron también en el trámite de aprobación, al depositar su instrumento de ratificación en Nueva York justo al cumplirse el primer año desde la apertura a la firma de este tratado, el 26 de setiembre del 2019 (a saber Bolivia, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas así como Uruguay).
Habíamos tenido la oportunidad, en el caso de Costa Rica, de referir a los repentinos argumentos circulados por diversas cámaras empresariales en contra del Acuerdo de Escazú, dados a conocer hacia finales del 2020.
Cabe precisar que ni en el caso de Argentina como tampoco en el de México, ni en el de ninguno de los demás Estados que ya ratificaron este instrumento internacional, se mencionó durante el trámite de su aprobación el efecto para las finanzas de la justicia que —supuestamente— conlleva el Acuerdo de Escazú: un argumento avanzado por el Poder Judicial de Costa Rica y utilizado por la Sala Constitucional para retrotraer todo el procedimiento de aprobación, iniciado por la Asamblea Legislativa en febrero del 2020.
Con relación a la verdadera campaña de desinformación que ha logrado suspender la aprobación del Acuerdo de Escazú en Costa Rica, así como en otras latitudes del continente americano (en particular en Chile, Colombia, Paraguay y Perú) tal y como lo indicábamos en nuestra precitada nota a manera de conclusión:
Esta campaña de argumentos falaces y (hasta fantasiosos en algunos casos) puede ahora incluir un dato real (e insólito): a casi tres años desde su adopción en Escazú, los dos principales promotores del Acuerdo de Escazú no lo han ratificado.
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