La Contraloría General de la República alertó sobre la viabilidad en la aplicación de un transitorio contenido en el proyecto de Ley de Empleo Público que fue dictaminado en el Congreso, que contempla la posibilidad a funcionarios actuales de trasladarse voluntariamente al salario global, cuando al momento de entrada en vigencia de la ley, tengan un salario menor que aquel que les va a corresponder como salario global de su respectiva categoría.
De acuerdo con el ente fiscalizador de la Hacienda Pública, dicha medida traería implicaciones negativas al corto plazo, frente a las precarias finanzas públicas actuales de Costa Rica.
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El documento enviado por la Contraloría concluye que es imprescindible la reformulación del texto del Transitorio XI para lograr la viabilidad fiscal, siendo que el texto actual propone incluir bajo el esquema de salario global a las personas funcionarias actuales en dos escenarios:
- Para quienes devenguen un salario menor al que les correspondería bajo el esquema de salario global, se abre la posibilidad de hacer el traslado voluntario al nuevo sistema.
- Para quienes ya reciban un salario superior al límite de salario global para su puesto, se congelará cualquier incremento salarial (salvo por aumento por inflación) hasta que el salario global alcance su nivel de remuneración actual, momento para el cual pasarán a estar bajo el esquema de salario global.
La Contraloría detalló que el riesgo se encuentra en el primer escenario, el cual tendría implicaciones fiscales en el corto plazo y que en el contexto actual harían inviable su financiamiento y “pondrían en riesgo la efectiva y sostenible transición al modelo de salario global”.
El informe presentado recuerda a la Asamblea que, antes de la aprobación de este transitorio, es necesario contar con la información adecuada para medir los impactos posibles en las finanzas públicas en el corto plazo. Para ilustrar esto la Contraloría presentó el impacto que tendría esa medida al aplicarlo a 30 instituciones del sector público, encontrando que para esos casos el incremento en salarios implicaría un gasto adicional de poco más de ₡18.000 millones.
El informe añade que si se desea lograr la transición de las personas funcionarias actuales al régimen de salario global deben valorarse otros mecanismos que contemplen condiciones que sí sean “razonables, sostenibles y graduales” como, por ejemplo, incluir una limitación a que los traslados voluntarios puedan realizarse únicamente cuando la relación de la deuda pública con el Producto Interno Bruto (PIB) sea inferior al 60%.
Dato D+: Para el 2020 se estima que la deuda pública será cercana al 70% del PIB.
Adicionalmente, la Contraloría recomendó que se especifique en el proyecto de ley qué sucederá con las instituciones públicas que ya implementaron el sistema de salario global bajo sus propias regulaciones y esquemas de traslados.
La Contraloría añadió que no recomienda que se dé la aprobación del proyecto en los términos actuales, debido al efecto significativo que representaría sobre unas finanzas públicas que ya se encuentran comprometidas en cuanto a la disponibilidad de fondos para atender las obligaciones ya existentes.
El documento fue firmado por el gerente de la División Jurídica de la CGR, Luis Diego Ramírez González, y la gerente de la División de fiscalización, Amelia Patricia Jiménez Rueda.
