La Contraloría General de la República presentó el día de hoy a la Asamblea Legislativa su criterio en torno al nuevo texto del proyecto de Ley Marco de Empleo Público (expediente 21.336), donde puso énfasis en los efectos negativos que tendría la incorporación voluntaria de todos los funcionarios en el esquema de Salario Global, incorporado en el Transitorio XI. Adicionalmente, sobre el resto del proyecto, hizo señalamientos de mejoras a la redacción.

Lea además: Contraloría advierte del riesgo financiero que sería la transición voluntaria a salario global.

Por ejemplo, la Contraloría señaló que la aplicación de esta ley a las empresas públicas en competencia no debería limitarse a los principios, sino a su ámbito de aplicación general, y sugirió que, debido a la naturaleza especial de esos casos, se establezcan parámetros y límites claros para esos casos.

En cuanto a la incorporación en la Plataforma Integrada de Empleo público (artículo 11 del proyecto), señaló que no solo se deberían incluir las sanciones de inhabilitación de las personas, sino todo tipo de sanciones impuestas a servidores públicos.

Sobre los cambios que incorpora el nuevo texto en temas de reclutamiento y selección (artículos 13 y 14 y transitorio V), la Contraloría consideró que la nueva versión podría acarrear inconsistencias al generar una diferencia entre empleados actuales que compitan por nuevos puestos, y personas externas al Servicio Civil, por lo que se recomienda se hagan los ajustes necesarios para que los cambios en reclutamiento y selección apliquen también a actuales funcionarios que compiten por una nueva plaza.

En cuanto a los cambios realizados al tema de la evaluación del desempeño (artículos 25 a 28), la Contraloría señaló que, aunque la intención va en la dirección correcta, es necesario contemplar en la redacción disposiciones que busquen regular la creación y funcionamiento de sistemas informáticos que le permitan a la administración contar con un sistema único interoperable de plataformas para consolidar de forma articulada toda la información.

El ente fiscalizador de la Hacienda Pública sugirió que se defina expresamente la obligatoriedad de que cualquier sistema que use la administración deberá poder conectarse con los demás sistemas. Adicionalmente, sugirió a la Asamblea incorporar en el proyecto una definición general del concepto de “toma de decisiones basadas en datos”, para introducir y afianzar en las instituciones la cultura y disciplina de tomar decisiones con sustento en datos que sean oportunos, exactos, suficientes y pertinentes.

Sobre el tema de las compensaciones (Capítulo VIII del proyecto), la Contraloría llamó la atención a la necesidad de que el proyecto incorpore el principio constitucionalidad de sostenibilidad (artículo 176 de la Constitución), para especificar que en materia de empleo público esto significa “que es exigible la conducción sostenible, responsable y transparente de la gestión de la compensación en procura de asegurar la eficiencia y eficacia en la prestación de los bienes y servicios públicos”.

Añadió que:

Resulta oportuno también la adición de reglas de gestión que obliguen al análisis de algunos factores tales como el tamaño de las instituciones y su capacidad financiera a corto, mediano y largo plazo, para la asignación de contenido para el pago de las remuneraciones. Estos podrían ser parámetros adicionales al ya dispuesto en el texto en el sentido de considerar el estado de los fondos públicos disponibles.

Sobre la aplicación del salario global para altos jerarcas, la Contraloría puntualizó que existen importantes disparidades entre cargos de un mismo tipo, que no corresponden con el nivel de responsabilidades en las funciones asignadas. Adicionalmente, recordó que la Ley General de Control Interno (8292) ya cuenta con consideraciones sobre jerarcas y titulares subordinados en la Administración Pública, y que la designación hecha dejaría a titulares subordinados en condición de jerarcas.

Por otro lado, afirmó que el proyecto "sigue sin ofrecer reglas, parámetros o alguna fundamentación técnica razonable que permita valorar objetivamente ese aspecto para la definición del esquema salarial de las altas jerarquías y, principalmente, las categorizaciones que aparentemente se estarían homologando para efectos de la compensación salarial".

Dato D+: El informe ejemplifica que la estratificación de altos jerarcas hecha dejaría la remuneración de los cargos de las jerarquías de la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes de la República y la Procuraduría General de la República, homologado a un cargo de titular subordinado.