Este último sábado se celebró el día de la democracia costarricense y el Democracy Lab, del cual soy cofundador y directivo, lo celebró con un evento en el que participamos doña Laura Chinchilla Miranda, expresidenta de la República; la doctora Tina Nabachi, catedrática de la Universidad de Syracuse, el doctor Alberto Trejos, decano de INCAE, la doctora Melania Guerra, oceanógrafa y científica y quien escribe estas líneas.
Debo decir que aprendí mucho y recomiendo ver las ponencias; por cierto, acompañadas y reforzadas con “artivistas” que con sus interpretaciones complementaron las charlas de manera excepcional.
Quiero compartir con Uds. mis reflexiones de ese día que fueron magistralmente enmarcadas por las ponencias de doña Laura y la Dra. Nabachi, quienes presentaron una visión global e integral de los retos y oportunidades de la democracia. A mí me correspondió hablar de los retos de nuestra democracia contemporánea, mientras que Alberto y Melania la discutieron en términos de la ciencia, el calentamiento global y la economía.
Yo centré mi ponencia sobre siete graves amenazas que siento se ciernen sobre la democracia costarricense en este momento y cinco propuestas para tratar de consolidar nuestra democracia institucional.
La primera amenaza es la alta y creciente polarización de nuestra población. El país fue dividido en dos por lo que a mí, en el fondo, siempre me pareció una discusión sin sentido, pues claramente Costa Rica no podía ser la única nación de la región Mesoamericana sin un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Pero más allá de esa decisión, el debate nacional alrededor del TLC partió el país en dos a lo largo de líneas entre lo público y lo privado; entre la izquierda y la derecha, entre los que promueven una economía globalizada y abierta y los que prefieren una más cerrada y proteccionista. El país también está polarizado entre regiones costeras y fronterizas pobres y un Valle Central rico y productivo —la costa y la rica—, y a lo largo de líneas establecidas por niveles de educación, conectividad y acceso a las oportunidades. Una sociedad polarizada en tantas dimensiones es difícil de gobernar pues no es fácil encontrar la posición o las políticas que benefician a todos simultáneamente.
La segunda amenaza es la fluidez con que las ideas, el populismo y las candidaturas, impulsados por este mundo híperconectado, se difunden y ganan adeptos en el mundo de hoy. En Costa Rica hemos visto como una idea en particular —la del matrimonio homosexual— se convirtió en pocas semanas en el factor determinante para elegir al actual presidente. Más allá de la posición de cada persona, el tratamiento del tema en medios formales y en redes sociales dio pie a un cambio radical en las intenciones de voto de cientos de miles en unas pocas semanas. En esa misma campaña habíamos visto como un candidato mediante un uso hábil de las redes sociales había crecido en las encuestas, hasta que fue “sustituido” por la controversia del matrimonio homosexual y como los partidos más tradicionales se derrumbaron por no poder reaccionar a una idea o propuesta particular que se apoderó de la dinámica electoral. Esto es sumamente peligroso en una democracia, pues se pasa con rapidez de la meritocracia al oportunismo como factores de decisión.
La tercera gran amenaza es la pérdida de confianza que afecta las relaciones y transacciones entre todos los costarricenses. Cuando la confianza en una sociedad se destruye, todos los costos de transacción aumentan y entonces se pierden la gobernanza, el crecimiento de las inversiones, la innovación y en consecuencia de la productividad, y las relaciones entre sectores y estratos de la sociedad se vuelven mas tirantes y costosas. De acuerdo con los datos publicados al respecto por Latinobarómetro y otras fuentes; la confianza de los costarricenses está en su punto más bajo desde que se mide. Esto significa niveles de confianza positiva entre 11 y 49% en el gobierno en su conjunto, el Poder Ejecutivo y el presidente en particular; en el Poder Judicial, en la Asamblea Legislativa, en los partidos políticos; así como en el sector productivo y las grandes empresas, en los medios y en sus conciudadanos. Eso implica que es más costoso hacer cualquier transacción; ya sea aprobar una ley o realizar una inversión, y que las relaciones son tirantes y dificultan la toma de decisiones cuando la opinión de más de un grupo pesa sobre la misma.
En tiempos recientes hemos visto a algunos de nuestros líderes renunciar al poder para el que fueron electos. Por ejemplo, después de la desastrosa propuesta elaborada y presentada por el equipo económico a principios de octubre, la cual fue rechazada y generó protestas de múltiples sectores, bloqueos de carreteras y amplias manifestaciones en las calles; el presidente llamó a un diálogo abierto para elaborar la nueva propuesta. Este diálogo fue inicialmente rechazado, en su primer formato; y luego relanzado en un formato abierto no condicionado que actualmente está en desarrollo. El presidente se ha comprometido a respetar el resultado y a presentarlo a la Asamblea Legislativa, dejando en manos —primero a cerca de 80 costarricenses, que representan algunos grupos de la sociedad política, laboral o productiva, y luego de los diputados— la estructuración final de la propuesta al FMI. Esta “renuncia” al poder que muestran las acciones del presidente, es una seria amenaza a la democracia representativa. Una cosa es dialogar y entender las posiciones de los diversos grupos de interés, y otra muy diferente y alarmante es cederles la autoridad para elaborar y presentar una propuesta en representación del país. Después de todo, elegimos al presidente y su equipo, y elegimos “medio a ciegas”, en listas cerradas, a 57 diputados. Pero los miembros de las mesas son propuestos por entidades con objetivos particulares y claros conflictos de interés en este tema, lo que en efecto muestra los riesgos de la “renuncia” al poder en este contexto.
La idiosincrasia costarricense es muy particular en términos de que define proteger y exige el ejercicio de todos los derechos de cada ciudadano, organización y partido político, pero es sumamente laxa en exigir que cada una de estas instancias cumpla con todos sus deberes. Por ejemplo, se habla constantemente de evasión fiscal, contrabando, elusión fiscal cuestionable; se bloquean calles y hasta se ataca físicamente y se amenaza la autoridad formal de la policía, todo con absoluta impunidad. Por ejemplo, el mal llamado “Movimiento de Rescate Nacional” bloqueó las carreteras y puertos del país, impidió la libre circulación de ciudadanos, atacó con bombas incendiarias a la policía; pero increíblemente tanto los sindicatos, como Uccaep y por último el presidente de la Asamblea Legislativa y el ministro de la Presidencia se reunieron con ellos, lo que los legitima para seguir como actores reconocidos del proceso de incidencia en el tema fiscal, cuando lo lógico hubiera sido que se les detuviera y presentara ante los tribunales como los criminales que son. Este es un ejemplo extremo en que su derecho a la manifestación es reconocido —y no tengo mucho problema con eso— pero cuando incumplen la ley y violan los derechos de otros, lo hacen con total impunidad. Esto no puede darse en una democracia real.
La sexta fuente de amenaza es externa y se compone de incidencia programada; por parte de enemigos de la democracia, como en el caso de Venezuela, que abiertamente promueve la rebelión, manifestaciones y bloqueos; y de “malos ejemplos” como los que se reciben de gobiernos un tanto extraños como son el de Trump en USA y el de Bolsonaro en Brasil o el de López Obrador o los Fernández en Argentina, que lo que terminan por hacer es incrementar la polarización, menospreciar las instituciones y tradiciones democráticas y “envalentonan” grupos de nuestra sociedad a hacer lo mismo.
Y la séptima fuente de amenaza es nuestra extrema debilidad y vulnerabilidad económica. El déficit fiscal; los excesos del estado y el empleo público; y el alto nivel de la deuda pública hacen que la capacidad de responder e invertir en progreso social o de enfrentar otras amenazas que aumentan el riesgo y polarizan, como son la brecha educativa, la brecha digital, el acceso al crédito, el financiamiento de la política social y mucho más se queden cortos en el peor momento; tipificado por pandemia, recesión, desempleo, pobreza y lenta recuperación. El BCCR indica que la economía caerá entre 4,5 y 5% este año y que el año próximo creceremos 2,5% a partir de esta nueva base, lo que implica que tardaremos dos años solo para regresar al punto de partida, si no hay otra catástrofe natural o un segundo brote de la pandemia el inicio de 2021.
Para enfrentar todo lo anterior en el corto plazo requerimos de acelerar la recuperación económica, recuperar la solvencia económica nacional con una fuerte re-estructuración de la deuda bajo el amparo de una excelente propuesta al FMI —como nos urgen esos 38 o más visionarios y valientes diputados—, y para la próxima elección y la próxima década necesitamos 4 cosas:
- Una población mejor preparada y educada para el futuro, lo que implica con acceso a información que les permita hacer sus propios análisis y decisiones y capaces de emplearse en la economía de la cuarta revolución industrial, el calentamiento global, y la creciente competencia internacional.
- Mejor y más fuerte liderazgo político, mediante la elección de líderes, ojalá representantes de una gran coalición nacional, con una visión aspiracional y convincente de la Costa Rica posible, que nos devuelvan la ilusión, la confianza y nos muestren el camino.
- Mayor participación en los procesos de la democracia de la población, tanto en las urnas, con mucho mejor información de los temas y los candidatos; como en términos de un diálogo constructivo, ojalá institucionalizado en un Consejo Económico Social bien representativo y con claros instrumentos para nutrirse de las opiniones de la ciudadanía; y
- Un fuerte movimiento hacia la transparencia y la digitalización de todas las transacciones. Es imperativo recuperar la confianza de la gente y en las instituciones y con ella la gobernabilidad, las inversiones, el crecimiento de la innovación y la productividad. Para ello es indispensable ofrecer transparencia en todos los niveles públicos y privados, rendición de cuentas por lo actuado, eliminar la impunidad y aumentar la digitalización de todos los procesos y transacciones.
El primer paso es recuperar la solvencia económica. Manos a la obra.
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