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América es actualmente el epicentro de la pandemia del COVID-19, sufrimos una crisis inédita en términos sociales y económicos. Prácticamente todos los países de la región están sometidos a una enorme presión para hacer lo posible por equilibrar la salud de millones de personas al mismo tiempo que evitamos el colapso económico. Ese balance no es para nada fácil, incluso podría ser imposible. Esto debe estar claro: Sin mantener bajo control los contagios, la reactivación económica será una ilusión que no llegará. Además, las medidas que se tomen para sostener la economía podrían terminar siendo contraproducentes.

Al igual que en todos los países, las medidas necesarias para disminuir el contagio del COVID-19 tuvieron como consecuencia natural una fuerte desaceleración de la actividad económica. En nuestro caso, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) revisó a la baja el Programa Macroeconómico 2020-2021 hace unos días. Lo anunciado no fue nada esperanzador: El Producto Interno Bruto (PIB) se desplomará un -5%, lo cual será la mayor contracción registrada desde el año 1982. Para la región, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señaló un panorama devastador: caída del crecimiento regional en un -9,1%, alza del desempleo, incremento de la pobreza en unos 7 puntos porcentuales y una agudización de la desigualdad.

La desigualdad posiciona a ciertos grupos en especial vulnerabilidad ante los efectos económicos y sociales de la pandemia. Los impactos económicos del COVID-19 son evidentes y seguiremos enfrentando una precaria situación. Pero también es importante que observemos contextos y algunas dinámicas recientes que pueden dinamitar la capacidad para enfrentar la crisis o agravarla, inclusive. Además de vigilar los efectos que pueden tener las medidas en derechos laborales y niveles de desigualdad.

En junio el país presentó una explosión de contagios en la Zona Norte. Hoy, esos datos parecen poco comparables con los contagios sufridos durante la llamada segunda ola que hemos estados enfrentado las últimas semanas. Aún así, es importante considerar que la precariedad laboral e incumplimientos de derechos laborales prepararon el terreno para la emergencia sanitaria en esa zona geográfica del país. Ahí tenemos empresas que contratan a personas migrantes, incluso en condición irregular, o contratan costarricenses, pero ambos grupos en condiciones prácticamente de explotación laboral, bajos salarios y dudoso cumplimiento de garantías sociales.

Los números de contagios de la Zona Norte durante junio parece que hicieron al Estado volver sus ojos momentáneamente hacia esa región. Ahora cuando la mayor cantidad de contagios se concentra en el Gran Área Metropolitana, ¿el Estado se volverá a olvidar de la zona y las condiciones laborales precarias que sufren muchísimas personas trabajadoras en empresas que les explotan y se aprovecha de sus necesidades? Pareciera que no, porque la narrativa existente durante meses ha sido la de flexibilización laboral y reducción de garantías y derechos; y esto ha sido agravado durante la pandemia.

Hay una peligrosa trampa en algunas medidas sobre el empleo: podrán parecer adecuadas y racionales para la coyuntura que atravesamos, pero éstas deben ser momentáneas. Si se extendieran en el tiempo, más allá de la pandemia, estaríamos frente a retrocesos injustificados en materia de derechos laborales. Tres ejemplos:

  • La Asamblea Legislativa aprobó una ley que permite la suspensión de contratos y reducción de jornadas laborales, con la consiguiente reducción salarial. Esta medida, si bien temporal, se trata de flexibilización de garantías laborales y hay presión de sectores empresariales para su permanencia en el tiempo.
  • El teletrabajo bien regulado puede ser una importante herramienta laboral en un ambiente cada vez más tecnológico y en contextos donde no es estrictamente necesaria la presencia física de la persona trabajadora en la empresa. Pero, ¿qué pasa cuando este teletrabajo no contempla los costos que debe asumir la persona trabajadora al desempeñar sus funciones desde su espacio personal y no las instalaciones empresariales? ¿es justo el teletrabajo si las personas deben incurrir en gastos operativos que no le son reconocidos por la persona empleadora o empresa?
  • El proyecto del Poder Ejecutivo para reducir la jornada laboral de personas en estratos salariales más altos no contempló las implicaciones de la subsecuente reducción salarial en la seguridad social, pensiones y financiamiento de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Este ejemplo, incluso más allá de una cuestión de retroceso o no, visualiza el peligro de anunciar medidas improvisadamente, sin mayor análisis de sus implicaciones.

El panorama económico no es esperanzador, pero las medidas que se tomen pueden dar paso a efectos devastadores en las condiciones sociales, niveles de desigualdad y derechos laborales tan duramente alcanzados. Esto puede ser peor si la lógica de flexibilización de garantías e inacción ante la precariedad laboral terminan prolongándose post COVID-19. Ante ese eventual deterioro pronunciado de las condiciones laborales, son pocas las herramientas de presión social. No podemos olvidar las limitaciones que antes de la pandemia la Asamblea Legislativa impuso al derecho de huelga de las personas trabajadoras.

A pesar de ese riesgo, es natural que en esta coyuntura una gran parte de sectores sufran afectaciones y se requiera de ciertos sacrificios o aportes extraordinarios para el sostenimiento del Estado Social. Sin embargo, ¿en quiénes está recayendo el costo de la pandemia? ¿Se continuarán ignorando condiciones laborales precarias? ¿Se están flexibilizando garantías y derechos laborales? ¿Hay una agenda empresarial que beneficia a sectores privilegiados y que está encontrando en la pandemia la excusa perfecta para ser impulsada? Sostener la economía a punta de retrocesos en materia laboral no pareciera ser una decisión racional ni que pueda ser sostenida en el tiempo sin evitar una crisis social por el aumento de la desigualdad.

Vale la pena analizar muy bien el momento histórico que vivimos y observar las dinámicas que podrían permitir que respecto a ciertos derechos humanos la futura “nueva normalidad” termine siendo peor que las condiciones que teníamos antes del COVID-19.