Tras casi nueve horas de sesión, el Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó con 31 votos a favor y 13 en contra el informe final de mayoría de la Comisión Especial Investigadora sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

Votaron a favor las bancadas del PUSC, PRN, PIN, PRSC, el bloque de independientes fabricistas y una mayoría del Partido Liberación Nacional, mientras que votaron en contra las bancadas del Partido Acción Ciudadana, Frente Amplio y tres congresistas del PLN.

La sesión estuvo marcada por intervenciones lamentables de algunos de los que hicieron uso de la palabra y donde hasta hubo ataques personales hacia otros congresistas por el contenido del informe, al cual se le criticó por su informalidad, mala redacción, datos incorrectos, entre otros aspectos; mientras que del otro lado hubo señalamientos de protección a salarios y pensiones de lujo de algunos funcionarios, una negativa a respaldar el informe por motivos político-electorales y para continuar la "ideologización" en las universidades.

Así que mejor dejamos de lado el contenido de esas intervenciones para que queden en el acta de tan penosa sesión y pasemos a ver los efectos que tiene el informe: ninguno.

¿Por qué? Porque el informe solo contiene recomendaciones, y las mismas no son vinculantes.

Al Ministerio de Educación Pública (MEP) se le pide que, en su papel rector del sector educativo, realice en conjunto con las universidades públicas un estudio mediante el cual se puedan establecer los aspectos para fortalecer la rectoría del MEP en lo relacionado con la educación superior; procesos de mejora en lo atinente con el uso y distribución de los recursos del FEES, que consideren la efectividad de los programas que se desarrollan, el costo unitario de los servicios que se brindan y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

También se pide la reconceptualización del Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal (Planes), sus procesos de seguimiento y evaluación para que evidencie un ligamen con las metas, objetivos e indicadores del Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas; que un ente independiente realice evaluaciones del Planes y se pide una política de regionalización que tome en cuenta las particularidades de los territorios, a la hora de plantear la oferta educativa, y las necesidades en desarrollo de nueva infraestructura.

Adicional a todo ello, al MEP se le pide una estrategia para generalizar la acreditación de las carreras impartidas por las universidades públicas, mejoramiento del sistema de becas para que su otorgamiento sea de acuerdo con las necesidades reales y los ingresos familiares, la proyección de matrícula para los próximos 10 años y su vinculación con los presupuestos de las universidades públicas; y una reforma constitucional para que se incluya en las negociaciones y distribución del FEES a la Universidad Técnica Nacional (UTN).

Finalmente, se solicita una normativa tendiente a regular el endeudamiento interno y externo de las universidades públicas e indicadores actuariales que permitan dar un seguimiento del impacto que tiene el crecimiento del pago en remuneraciones, en la estabilidad financiera de las universidades públicas.

A los rectores de las universidades públicas el Plenario les pide ser consecuentes con las metas de estabilidad fiscal del país por medio del cumplimiento de la Ley 9635; asumir su responsabilidad con la sostenibilidad de las universidades que lideran, denunciando las cláusulas abusivas de las convenciones colectivas suscritas en los últimos años; ampliar la conformación del Consejo Nacional de Rectores (Conare) para que también participen el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Planificación (Mideplan) y el Ministerio de Educación Pública; y efectuar un análisis comparativo de escalas salariales entre universidades, para desarrollar una estrategia en aras de alcanzar la equidad y sostenibilidad financiera.

Una crítica si amerita rescatar: "Si el informe del FEES fuera una tesina no le daría a sus redactores para pasar Estudios Generales. Su estructura empieza con las conclusiones, utilizan datos enteramente falsos y el texto consiste en puro "copy paste" de las actas de la comisión", dijo el diputado José María Villalta.

Dejando de lado que los informes de comisiones investigadoras, independientemente de la que sea, no deben tener las formalidades de una tesina, sí es cierto que el informe de 177 páginas aprobado es casi en su totalidad un "copie y pegue" de lo que las personas convocadas a comparecer fueron a decir al foro legislativo.

Villalta también señaló que el informe, por ejemplo, estaba inconcluso pues no se precisó cómo debería cambiarse la evaluación del Planes, y no se suministraron fuentes a datos como el que solo el 7% de las carreras que hoy existen en el país están acreditadas. O peor aún, confundir el artículo de la Constitución Política en el que está sustentada la autonomía universitaria con el 185, cuando en realidad es el 84.

Aunque el informe no tiene efectos prácticos reales tras haberse aprobado, es el primer camino de la oposición a una reforma constitucional que pretende privilegiar el principio constitucional de equilibrio financiero sobre el principio de autonomía universitaria.

El diputado Erick Rodríguez (29) participó de la discusión por el fondo del informe pero estuvo ausente en la votación, por lo que reglamentariamente debe perder la dieta de este martes.