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El Gobierno de Costa Rica, como muchos otros, declaró estado de emergencia nacional por la pandemia de COVID-19 y ordenó el cierre de todas las fronteras desde el 18 de marzo. La medida implica la prohibición de cualquier persona extranjera no residente a ingresar al territorio nacional.

Esta medida sanitaria, a pesar de ser muy necesaria por el contexto actual que enfrenta el mundo entero, ha dejado en evidencia el racismo y xenofobia de los y las costarricenses, quienes aplauden los operativos policiales del Ministerio de Seguridad Pública y se enojan al saber del ingreso al país de una niña, nicaragüense, embarazada.

Si bien es cierto los Estados, en el ejercicio de su soberanía, tienen la potestad de definir las políticas migratorias y regular el ingreso, permanencia y salida de personas extranjeras, la Sala Constitucional ha manifestado que debe hacerlo siempre con absoluto respeto de las normas y principios que integran el derecho constitucional, la dignidad humana y los derechos humanos. Es lógico entonces entender por qué el derecho a la salud de la adolescente, primó sobre las disposiciones administrativas migratorias.

Sin embargo, los comentarios xenófobos en redes sociales y por parte de medios de comunicación, no se hicieron esperar.

El mismo tinte han tenido algunas transmisiones de los operativos de la Fuerza Pública en las zonas fronterizas. En imágenes de algunos medios de comunicación, se puede ver a personas migrantes siendo arrestadas, por policías altamente armados, y lanzadas al suelo como delincuentes por intentar cruzar la frontera. Acciones que además anuncian como logros y son respaldas por la opinión pública.

El artículo 277 del Código Penal tipifica como delito la violación a una orden sanitaria, sin embargo, las imágenes de arrestos a personas costarricenses por este mismo delito, difieren muchísimo a los arrestos y operativos policiales que se están realizando precisamente en la frontera norte del país.

Esto deja en evidencia que más allá de la preocupación por nuestra salud, en Costa Rica existe una gran xenofobia hacia la población nicaragüense, que se ve incrementada en la coyuntura actual, en la cual se utiliza como pretexto el cierre fronterizo para ejercer poder y violencia contra las personas que intentan migrar al país.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), manifestó recientemente en su Resolución 01/20 que, los Estados deben incluir el enfoque centrado en los derechos humanos en toda estrategia, política o medida estatal dirigida a enfrentar la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias. Esto significa que cualquier medida adoptada por los gobiernos, debe ser siempre respetuosa de los derechos humanos y dignidad de todas las personas.

Con respecto a la población migrante y refugiada, la CIDH señala que debe promoverse la eliminación de estigmas y estereotipos negativos que puedan surgir, así como prevenir y combatir la xenofobia y estigmatización de las personas en condición de movilidad humana.

Pero más allá de las obligaciones internacionales adquiridas por Costa Rica en la materia, es importante hacer notar que nos enfrentamos a una situación especial que requiere de humanidad y empatía, y del mismo modo que hace unos meses se manifestaban tantas personas a favor de la vida, hay que recordar que las personas migrantes son también seres humanos que merecen respeto a su vida, integridad personal, imagen y dignidad.