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El sistema económico costarricense está siendo puesto a prueba. Personas expertas en todas las materias han realizado un esfuerzo por brindar información concreta sobre las consecuencias actuales, así como las proyecciones a futuro. Han aprovechado al mismo tiempo para llamar la atención sobre los ajustes, modificaciones, reestructuraciones, que requerirá nuestro país para, una vez superada la crisis desde la arista de la salud pública, reacomodar su estructura e impulsar la economía nuevamente. Como parte de este sistema, las normas que regulan el trabajo no escapan a estas corrientes.

Teniendo presente esto, no pareciera absurdo concluir que las profundas y aceleradas modificaciones que se llevaron a cabo en los últimos días en lo que a la normativa laboral respecta y las distintas medidas de “alivio” que se han venido implementando paralelamente, han puesto en evidencia la necesidad de modernizar nuestras instituciones sociales y particularmente las atinentes al trabajo, no solo para hacerlas capaces de resistir coyunturas como la actual, sino para que nos ayuden a construir el futuro que nos espera.

Mecanismos para lograr lo anterior pueden venir en muchas y variadas formas, sin embargo, a nosotros nos interesa precisar una: recurrir al diálogo social entre todos los actores sociales.

Si se nos permite, empezamos por señalar que a nuestro entender esta figura es intrínseca a la Constitución Política. Enraizada en el capítulo de Garantías Sociales, encuentra en nuestra Carta Magna un marco para su posterior desarrollo. Es, por ende, parte del espíritu constitucional de nuestro país y un pilar adecuado para ayudar a la economía costarricense, en este y en otros momentos.

No creemos que las soluciones integrales a los problemas actuales y por venir, pueden ser elaboradas exclusivamente desde la institucionalidad, ni por uno u otro actor social individualmente considerado.

Asimismo, el fraccionamiento de las fuerzas políticas no puede llevar a pensar que exista otra forma de actuar, más que la de llegar a grandes consensos.

Dicho esto, en primer lugar, está claro que la reconstrucción del mercado laboral tiene que darse a partir de una visión que integre a las organizaciones de personas trabajadoras, empresariales y al Estado. Tenemos que asumir con madurez la idea de que todos ellos están involucrados en el funcionamiento de este mercado.

Ante la pérdida masiva e inevitable de empleos, llegar a acuerdos que luego se plasmen en políticas públicas que fomenten la recuperación, creación y obtención de puestos de trabajo será fundamental, para lo cual los aportes de todos los actores sociales son necesarios.

En segundo lugar, pero evidentemente de la mano con lo anterior, la actualización de la normativa laboral que asegure un equilibrio entre el adecuado desenvolvimiento de la libre iniciativa y empresa privada (las empresas actuales y futuras) y el resguardo de los derechos de las personas trabajadoras debe venir a través de esta misma fórmula.

El establecimiento de condiciones de trabajo, que tienen su impacto en el desarrollo económico de nuestro país, no es algo que ataña solamente a unos.

Acá pensamos también que esta modernización debe tomar en consideración el rediseño urgente del marco jurídico de la negociación colectiva, posibilitando su ejercicio pleno en la práctica.

La negociación colectiva, si se quiere, es una forma efectiva de estandarizar condiciones de trabajo, creando certeza jurídica y ayudando a eliminar esas diferencias que hoy se catalogan de “odiosas” entre personas trabajadoras; pero además es un mecanismo que permite maleabilidad a las empresas, de manera tal que las condiciones de trabajo, a través de la negociación, se acoplen a fluctuaciones groseras o ciclos económicos en los mercados.

Un muy buen ejemplo actual de esto último lo encontramos en la Ley de Autorización de Reducción de Jornadas de Trabajo ante la declaratoria de emergencia nacional, que incluye la posibilidad de que personas trabajadoras y empleadores, a través de la Negociación Colectiva, puedan negociar las reducciones en las jornadas de trabajo, sin tener que acudir al burocrático y absurdamente lento proceso de autorización ante el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social.

En tercer lugar, resulta indispensable establecer también un marco jurídico apropiado para otras formas de trabajo, como lo son el trabajo independiente o el trabajo en plataformas. Nuevamente acá el diálogo social se postra como una herramienta que puede servir para llevar a cabo un ejercicio de elaboración de normas que brinden la certeza jurídica necesaria para que estas modalidades de trabajo puedan desarrollarse adecuadamente en el contexto económico costarricense.

Costa Rica se merece algo más que “debates” en la prensa y en redes por parte de los interlocutores sociales. Necesita ver consensos respecto de los temas primordiales en materia económica y social, para lo cual el diálogo social es indispensable.