VISITE NUESTRA PÁGINA ESPECIAL
COVID-19 en Costa Rica
Un grupo de trabajo integrado por 13 capítulos latinoamericanos de Transparencia Internacional presentó esta mañana un análisis sobre los riesgos de corrupción identificados y estrategias preventivas claves, para asegurar que las compras y contrataciones directas que están haciendo los estados frente a la crisis sanitaria producto de la pandemia de virus COVID-19, cumplan los objetivos de aliviar los impactos en la salud de los ciudadanos y las economías locales de forma íntegra, y que no sean desviados por la corrupción y el oportunismo.
Dato D+: En el grupo de trabajo participó por el país la Asociación Costa Rica Íntegra.
El informe advierte que en emergencias con la magnitud como la del coronavirus que ocasiona la enfermedad COVID-19, los Estados se enfrentan a consecuencias económicas y sociales que derivan en mayor demanda de bienes y servicios para atender la emergencia, que se suman a las afectaciones por la limitada actividad económica debido a las restricción sanitarias que se han tenido que imponer. Esta situación propicia la manipulación de información y genera las condiciones para el uso inadecuado de fondos y fideicomisos de emergencia o presupuestos extraordinarios.
Para prevenir estas situaciones, el informe presentado señala cinco líneas de atención para los gobiernos, al usar procedimientos extraordinarios para las contrataciones públicas en medio de la emergencia por COVID-19:
- Máxima apertura en la información (incluidos datos abiertos) con una visión integral de las contrataciones públicas (de la planeación hasta la entrega del bien).
- Activación de mecanismos pro-competencia.
- Fiscalización en tiempo real.
- Identificación plena de los recursos utilizados y su destino en un solo sitio
- Amplia rendición de cuentas públicas sobre los recursos utilizados y su destino.
Para cada una de las cinco líneas estratégicas el informe propone recomendaciones concretas para que los Gobiernos implementen en los procesos de contrataciones de emergencia.
El grupo señaló que, si bien con frecuencia se dice que la transparencia retrasa la entrega de bienes y servicios, tras revisar extensamente la experiencia de América Latina, no hay duda de que lo que realmente compromete la entrega de los bienes necesarios para atender las necesidades de la población es la opacidad y la corrupción.
Adicionalmente, el informe señala que la corrupción en tiempos de emergencia aumenta el impacto hacia la sociedad, por lo que hacen un llamado a la transparencia en las compras y contrataciones públicas cómo una medida para prevenir que su mal uso cueste vidas innecesariamente y permita la prevención para actuaciones delictivas.
Lea en este enlace el informe completo.
