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Se deben tomar decisiones con base en buena información. Suena obvio: permite prever escenarios, analizar alternativas, reducir efectos no deseados. Si un hogar o persona no lo hace, puede caer en problemas. Una empresa sin datos ciertos y oportunos sobre su mercado probablemente quiebre. Un Estado que no lo haga falla justo en lo que la ciudadanía demanda: eficiencia. Simple, tomada como idea general no hay mucho que debatir.

En la discusión tormentosa de estos días sobre el uso de datos en el Estado, hemos omitido la relevancia de esta verdad elemental y se han confundido dos niveles: el debate sobre la protección de los datos personales, por un lado, y la relevancia de avanzar hacia una política basada en evidencia. No son incompatibles. Pero la politización y desinformación en el tema arriesgan algo a lo que debemos aspirar como sociedad.

Consideremos una distinción relevante entre qué datos usar, cómo se usan y para qué. El para qué tiene que ver con ese reclamo de eficiencia pública que solo se logra incorporando el uso información para la toma de decisiones. Dos ejemplos concretos.

¿Por qué es relevante contar con el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) y, particularmente, usarlo? El Estado hacía política social con información fragmentada. Ha recibido la crítica (ciudadana y mediática) de que no sabe a quién dar ayudas, que llegan a destiempo o, peor, que se distribuyen por clientelismo político. Con gran esfuerzo, el país crea un sistema unificado que permite caracterizar los hogares beneficiarios, y alimentar un mejor uso de programas sociales: dónde urge ampliar la red de cuido, o atacar el hambre, por ejemplo. Que el Estado no use esta fuente sería matar su razón de ser y, ante todo, perder una oportunidad de hacer política social que optimice recursos escasos y sin politiquería.

También, la información de expedientes médicos estaba en carpetas de cartón, que paseaban por hospitales y clínicas públicas. Tener al fin un sistema digital unificado (el Expediente Digital Único en Salud o EDUS) es un avance para la atención; pero además, una herramienta para definir políticas en salud: cómo cambia el peso de las enfermedades, en qué zonas, cómo adelantarnos a los cambios demográficos que afectarán el sistema y su financiamiento. Para eso no es relevante saber qué padece una persona –ni hay que hacerlo—, sino analizar los datos del colectivo.

Muchos problemas se pueden abordar de forma más eficiente y acertada con apoyo en datos. Mejorar el transporte, invertir en infraestructura, distribuir el gasto público, reducir el riesgo de desastre, disminuir los tiempos de espera en la CCSS, dirigir esfuerzos para el cuido de menores, contener la pobreza donde más duele. Todo esto requiere instituciones que asuman el registro y uso de datos de calidad como herramienta central para diseñar soluciones.

En el contexto reciente, hemos puesto un ojo preocupado en qué información puede usarse y quién está autorizado para hacerlo, omitiendo la interrelación entre todos los aspectos: cuidar el qué y el cómo, no es incompatible con usar datos para política pública. Sin duda hay límites legales y éticos que se deben respetar. Sea para los fines que sea, no se pueden vulnerar los derechos de la población. Hay formas de hacerlo bien: convenios claros que establezcan condiciones de transferencia, almacenamiento y uso seguro de los datos, anonimizar la información y definir objetivos concretos para el análisis, entre otros. Esto tiene que ver con el cómo: el grado de privacidad y las condiciones con que se obtenga y use la información, deben responder a la normativa y a la ética. Toca a las autoridades encontrar si existen fallos en lo que ha pasado hasta hoy. Ojalá tanto en el Estado como en el sector privado.

Pero una cosa muy distinta es crear perjuicios sobre el uso de los datos para la política pública, pues ello es tirar el tiempo hacia atrás, y “majarnos la cola”. El tono de la discusión tiene que cambiar: la estigmatización, la desinformación y el uso desproporcionado del tema para hacer mala política afecta a la gente, y embarriala el avance hacia lo que hemos exigido por años: un Estado eficiente que mejore la vida de las personas con políticas apegadas a la realidad.

Por eso es importante que estemos dando esta discusión, y debemos aprovecharla para no crear una incoherencia entre la preocupación por el uso de datos en el sector público y el privado. Aunque las alimentamos voluntariamente, sabemos que los dueños de redes sociales venden nuestra información para objetivos diversos, desde mercadeo hasta manipulación política: aprobar el Brexit  en Inglaterra, favorecer a un candidato presidencial en Estados Unidos. Quien usa celular, Google y redes como Twitter, Facebook o Instagram, deja una huella digital inimaginable, que vale millones de dólares y es usada por tiendas virtuales para vendernos productos y servicios.

Pero existen límites a qué se puede usar, también en el campo privado. Y hasta ahora este no había sido un tema relevante, ni entre las preocupaciones ciudadanas ni en la agenda mediática. Sabemos cómo se usa la información crediticia y financiera por empresas privadas. Hasta agradecemos sepan todo de nosotros. También la prensa usa datos, incluso privados. Por ejemplo, salarios de futbolistas que salieron de la CCSS. Nadie cuestiona —y no lo estoy haciendo— los objetivos de lucro de empresas privadas, ni el ejercicio de la libertad de prensa. Señalo solamente que, de hecho, no nos preocupaba. Quizás solo cuando se pretende usar información del sector privado, para controlar la evasión por ejemplo. Pero esa es otra discusión.

Entendamos que en el Siglo XXI, toda la institucionalidad debería tener equipo, personal y esfuerzo puesto en tomar sus decisiones a partir de datos. Como ya se hace en otros ámbitos. Se debe hacer con cuidado, legalidad y ética, y como resultado de un esfuerzo conjunto de parte de todos los actores: hogares, instituciones, empresas, partidos políticos, medios de comunicación y gobiernos. Discutamos la forma, pero no perdamos el fondo ni desperdiciemos el impulso.