Los pueblos indígenas Brörán de Térraba y Bribri de Salitre emitieron esta semana un severo comunicado de prensa respecto a la situación de violencia que están afrontando sus comunidades, a raíz del recrudecimiento de la violencia en sus territorios.

En el comunicado, los pobladores reclamaron el abandono por parte del Gobierno, al tiempo que repudiaron el asesinato del líder indígena brörán, Jerhy Rivera Rivera, perpetrado el lunes anterior:

El Gobierno de Costa Rica no nos ha protegido y no está protegiéndonos.  Ningún otro ciudadano en Costa Rica sufre este tipo de violencia sin control.  El Gobierno sólo permite que esto suceda a sus pueblos indígenas.  Como todas las administraciones antes que él, la administración de Carlos Alvarado Quesada nos ha abandonado".

Los pobladores reclamaron que, casi un año después, las autoridades aún no hayan establecido quiénes son los responsables del asesinato del líder bribri, Sergio Rojas Ortiz, en marzo del 2019; al tiempo que reclamaron que no se haya hecho nada para detener las constantes agresiones que se mantienen en la zona contra líderes indígenas en la zona, como la sufrió el líder bribri, Minor Ortíz Delgado, el fin de semana anterior y cuyos agresores, según el comunicado, ya fueron liberados.

Recordemos que este es un conflicto complicado, cuya raíz surge a partir de la Ley Indígena 6172 de 1977 que establece que las tierras de estos territorios: "son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan" y que "los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas". Sin embargo, durante muchísimos años dichas tierras han sido ocupadas por personas no indígenas que se hicieron de las terrenos de diversas formas, ya sea poseyéndolas a la fuerza o comprándolas de buena fe, a pesar de que esto sea ilegal.

Así las cosas, y tras décadas de incumplimiento de la ley, los pueblos indígenas decidieron unirse para recuperar sus territorios (un proceso al que han llamado recuperación de tierras) y esto es lo que ha desencadenado la escalada en la violencia en los territorios, una escalada que incluso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que desde hace casi 5 años (sí ¡desde el 2015!) había pedido protección para varios líderes indígenas, entre ellos Rivera y Rojas (con resultados conocidos por todos).

Ante esta situación, los pueblos indígenas reclamaron que:

No sabemos qué es peor, que las autoridades no pueden protegernos o que no quieren protegernos. El Presidente dice que está cumpliendo con estas medidas (de la CIDH). Respondemos enfáticamente: ¿En qué mundo está viviendo el Presidente? ¿Si se han producido dos asesinatos de pueblos indígenas y otro líder indígena hospitalizado con un herido de bala, si hay cada vez más incidentes de violencia en nuestros territorios con una impunidad total, y el Gobierno no ha desalojado ni uno de los ocupantes ilegales hostiles de nuestros territorios, ¿cómo puede ser considerado por nuestro Presidente protección?  No estamos más seguros que cuando la Comisión emitió sus medidas por primera vez.  El Presidente lo sabe. El actual Viceministro a cargo de las Medidas Cautelares (y los cuatro que lo precedieron) lo saben. El mundo lo sabe".

El comunicado remata cuando los pueblos aseguran que "señor Presidente, la buena seguridad no es arrestar a un asesino, sino prevenir el asesinato en primer lugar" pues agregan que en la comunicación oficial que emitió el Ejecutivo tras la muerte de Rivera:

El Presidente debería haber mencionado que, hasta la fecha, el Gobierno de Costa Rica no ha encarcelado ni una de nuestras atacantes que nos mató, nos disparó, nos amenazó de muerte con machetes, garrotes, pistolas y piedras; quemó nuestras casas, nos rocía con pesticidas, o nos obligó a huir de nuestras casas.  La inacción del Estado posibilita esta violencia".

La violencia ha ido en aumento pues, como les comentábamos ayer, varias comunidades de Buenos Aires están reportando nuevos brotes de conflicto: en Capri, por ejemplo, un grupo de familias no indígenas asegura que recibió amenazas por parte de grupos indígenas recuperadores de tierras, por lo que tuvieron que desarmar sus viviendas y pedir refugio en otras comunidades como Potrero Grande, al tiempo que reclaman a la delegación del Gobierno que está presente en la zona, por la inseguridad jurídica en la que se sienten.

Esta compleja situación, aunado a un histórico abandono al que estos territorios se han visto sometidos durante décadas (por no decir siglos), es la que tiene a tantos costarricenses enfrentados entre sí el día de hoy.

Indígenas desmienten a autoridades

Sin embargo, y a pesar de que representantes del Poder Ejecutivo han señalado en reiteradas ocasiones que se están tomando medidas para reforzar la seguridad en la zona, para los pueblos indígenas eso no es suficiente.

En el comunicado enviado, los pueblos aseguraron que son falsas las declaraciones del ministro de Seguridad Pública, Michael Soto Rojas, quien el martes anterior aseguró que las medidas de seguridad y la presencia policial han aumentado en el territorio, pues señalaron que las fuerzas oficiales "no tomaron medidas para detener o arrestar a nadie", al tiempo que aseguraron que las "alertas tempranas" que se emiten desde los territorios cuando la situación se recrudece, no están siendo atendidas con la celeridad necesaria.

Por otro lado, los pobladores también reclamaron que a pesar de que Soto en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, señaló que el gobierno está ejecutando 8 órdenes de desalojo es Salitre, "esto es categóricamente falso":

Durante más de 5 años, los Bribri han pedido al Gobierno que haga esto. En junio de 2019, el Gobierno puso en posesión de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) dos fincas que ya han sido recuperados previamente por personas indígenas –es decir, no desalojaron físicamente a nadie. Los otros ordenes de desalojo siguen sin ejecutados, sus usurpadores siguen instigando violencia contra los Bribri, y hasta la fecha, el Estado nunca ha desalojado a nadie de Salitre. En Térraba, ningún desalojo ha sido ejecutado y su territorio está ocupado 80% de ocupantes ilegales".

Finalmente, los pueblos indígenas señalaron que el Plan Nacional de Recuperación de los Territorios Indígenas que el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) está incentivando como medida para salir de esta crisis, tampoco da las soluciones esperadas pues señalaron que destinar 500 millones de colones para indemnizar a las personas que se vean afectadas (que es lo que el INDER está proponiendo para este 2020), no es suficiente: "No es una cuestión de fondos, sino voluntad política". 

Los pueblos finalizaron emitiendo un llamado a la comunidad internacional y a todos los ciudadanos costarricenses que no le pierdan el ojo a la crítica situación que vive la zona sur de Puntarenas.