Los hechos violentos registrados estos días en los territorios indígenas de Cabagra y Salitre  (cantón de Buenos Aires, en el sur de Puntarenas) tienen a las autoridades corriendo para atender una situación que acumula décadas sin resolverse.

Recordemos que el asesinato del líder indígena Brörán, Jerhy Rivera Rivera, reportado el lunes anterior, no es un hecho aislado: Cabagra pasó en crisis todo el fin de semana y el homicidio fue el punto de violencia cubre, pero la situación sigue siendo preocupante. Varias comunidades de Buenos Aires están reportando nuevos brotes de conflicto.

En Capri, por ejemplo, un grupo de familias no indígenas asegura que recibió amenazas por parte de grupos indígenas recuperadores de tierras, por lo que tuvieron que desarmar sus viviendas y pedir refugio en otras comunidades como Potrero Grande.

De hecho, y según comunicó la delegación de Presidencia que está presente en la zona, en un comunicado de prensa enviado esta tarde, el grupo de personas no indígenas del sector mostró su preocupación por la incertidumbre jurídica en los casos de desplazamientos involuntarios y en torno a los procesos de desalojo administrativo.

Por esta razón, el Gobierno acordó desarrollar un plan de trabajo con las instituciones, para dar atención y acompañamiento a estos procesos; porque, sobra recordar, este tema es muy complicado.

Recordemos que el conflicto en estos territorios se extiende a todas las zonas indígenas del país y radica en que la Ley Indígena 6172 de 1977, en su artículo 3, establece que las tierras de estos territorios: "son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan" y que "los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas".

Sin embargo, durante muchísimos años dichas tierras han sido ocupadas por personas no indígenas que se hicieron de las terrenos de diversas formas, ya sea poseyéndolas a la fuerza o comprándolas de buena fe, a pesar de que esto sea ilegal.

Así las cosas, y tras décadas de incumplimiento de la ley, los pueblos indígenas decidieron unirse para recuperar sus territorios (un proceso al que han llamado Recuperación de tierras) y esto es lo que ha desencadenado la escalada en la violencia en las zonas, cuya cúspide mediática el año pasado fue el homicidio del líder bribri Sergio Rojas Ortíz. Hoy, casi un año después, la situación ha vuelto a estallar con el asesinato de Jerhy Rivera.

¿Cuál es la mecha de este conflicto? Pues esa misma: la recuperación de las tierras. Si bien hay personas no indígenas ingresando de manera violenta y armada a las tierras recuperadas (reportes sobran), también hay personas que habitaron estas tierras durante años y que se están viendo afectadas por la escalada de violencia y la falta de respuesta del Estado.

¿Se hubiese podido evitar este conflicto? Tomando en cuenta que la ley data de 1977... todo indica que si hay un responsable directo de que la escalada de violencia haya llegado hasta este punto es sin duda el Estado de Costa Rica. El histórico abandono al que estos territorios se han visto sometidos durante décadas (por no decir siglos) da cuenta de la situación que hoy tiene a tantos costarricenses enfrentados entre sí.

Esto es justo lo que reclamó el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la Universidad Estatal a Distancia (CICDE-UNED), en un comunicado emitido esta semana, a raíz del recrudecimiento de la violencia y muy particularmente de la muerte de Rivera.

En la nota enviada, el Centro aseguró que "cada acto de violencia contra los pueblos indígenas es una, y otra vez, un crimen anunciado. Es una violencia que se perpetúa en el silencio y la invisibilidad, en la indiferencia y la desidia, que encubren y facilitan la agresión" y recordó que con cada acción violenta de este tipo "se incumplen así compromisos internacionales y mandatos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)".

En efecto: desde el 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene puesto el ojo en el país debido al aumento en las tensiones por este tema y por eso la CIDH había pedido protección para varios líderes indígenas, entre ellos Rivera y Rojas (con resultados más que evidentes).

Sin embargo, y más allá de la enorme afectación que estos crímenes tendrán en la imagen internacional de "el país más feliz del mundo", lo cierto es que ante la crisis, a las instituciones no les ha quedado más que ponerse a correr con medidas para buscar una solución en la zona, en una carrera que parece ser contra reloj y contra los nuevos picos de violencia que se muestran en múltiples amenazas.

INDER corre con plan para regular tierras

Así, el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) anunció el día de ayer la creación de un fondo de ₡500 millones, para atender la problemática que se presenta en los 24 territorios indígenas de nuestro país.

Según señaló el Presidente Ejecutivo de la institución, Harys Regidor Barboza, el plan busca indemnizar a las familias no indígenas que viven dentro de los territorios y que se están viendo afectadas por las recuperaciones (como las que les comentábamos más arriba).

Estas familias deberán cumplir con una serie de requisitos para poder ser beneficiarias de estos fondos, pues el objetivo del INDER según Regidor, es:

(...) entender que también tenemos familias no indígenas dentro de estos territorios que ante una eventual acción de desalojo o de indemnización, entrarán en un problema para ellos y para sus familias en su futuro y nosotros como instituciones públicas tenemos la responsabilidad de atenderlas".

El jerarca agregó que ahora, a diferencia de años atrás, el INDER tiene georeferenciadas las coordenadas de las fincas de territorios indígenas que están ocupadas por personas que no son de estas etnias, así como la documentación de cuáles son las razones por las cuales estas personas llegaron allí, a fin de determinar la responsabilidad del Estado en una eventual indenmización o acompañamiento.

¿Son esos ₡500 millones suficientes? No. Este primer monto es apenas un elemento inicial pues el INDER estima que necesitará muchos más ingresos a futuro, para poder atender la situación...

Por ello, el fondo presentado ya plantea que se requerirá, durante los próximos dos años, que se sumen a la suma para indemnizaciones el 80% de los ingresos no tributarios que reciba el INDER por conceptos como arrendamientos, venta de tierras y el canon de concesiones en Franja Fronteriza.

Además, y pasado ese tiempo y por tres años más, se girará otro 50% de esos ingresos no tributarios. El promedio final requerido es de unos ₡3.600 millones que se tendrán que dedicar a atender este conflicto.

Así las cosas, y tras planes a futuro claramente marcados, solo queda estar atentos para ver cómo avanzarán las tensiones mediatas en la zonas, pues con un conflicto de tan larga data y tantos matices y mechas, es imposible no dormir preocupados.

Por lo pronto, Catalina Crespo, defensora de los Habitantes, ha solicitado a el MEP que garantice las seguridad de todos los estudiantes de la zona cuando regresen al curso lectivo el próximo lunes, pues esta semana las clases se suspendieron a raíz del conflicto.

Por último, recordemos que, ante los hechos de los últimos días, la Red Indígena Bribri-Cabécar (RIBCA) está convocando a una manifestación este viernes a partir de las 10 de la mañana en Casa Presidencial para exigir atención inmediata al asunto.

Los manifestantes solicitarán una reunión con el Presidente Carlos Alvarado, con el despacho del Viceministerio de Diálogo Ciudadano y con la Defensoría de los Habitantes. Los mantendremos informados.