La semana pasada les contamos que la solución al conflicto en el territorio indígena de Salitre sigue lejos de alcanzarse, luego de que se registrara una nueva agresión en la zona, esta vez en contra del dirigente indígena Bribri, Minor Ortiz Delgado; este fin de semana, sin embargo, se reportaron nuevas agresiones que, a su vez, nos hacen poner la atención en la zona de Cabagra, ubicada también en el sur de la provincia de Puntarenas.

La denuncia la realizó el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) que señaló mediante un comunicado que la tarde de este domingo 23 de febrero, el Consejo de Mayores del territorio de Cabagra informó sobre una movilización de personas no indígenas (sikuas, que es el vocablo con el que los pueblos indígenas se refieren al resto de la población) que entraron armados a las zonas de Térraba, Crun D'bonn y Cabagra en Palmira, donde se encuentran las últimas tierras recuperadas por las personas indígenas.

Contexto

Recordemos que el conflicto en estos territorios no es una cosa nueva ni nada sencilla de manejar, pues se extiende a todas las zonas indígenas del país. La Ley Indígena 6172 de 1977, en su artículo 3, establece que las tierras de estos territorios "son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan" y que "los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas".

Sin embargo, durante años dichas tierras han sido ocupadas por personas no indígenas que se hicieron de las terrenos de diversas formas, ya sea poseyéndolas a la fuerza o comprándolas a pesar de que esto sea ilegal. Esto ha generado, principalmente después de que los pueblos indígenas decidiesen unirse para recuperar sus territorios (en el proceso que llaman "recuperación de tierras") una escalada en la violencia en la zona que llegó incluso a provocar el homicidio del líder bribri Sergio Rojas Ortíz, a inicios del año pasado.

Denuncia

La denuncia de este fin de semana señala que el domingo una persona no indígena levantó tres campamentos valiéndose de acompañantes armados en la finca que ocupa y en la que además se encuentra el Colegio de Térraba, por lo que este quedó prácticamente en "estado de sitio".

El Frente señaló que se dio aviso a la Fuerza Pública y al Viceministerio de la Presidencia y que abrió el procedimiento de "Alertas Tempranas" con los contactos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con el Relator Especial para los Pueblos Indígenas, que desde el 2015 tienen el ojo puesto en el país.

Según señalaron tanto el Frente Nacional de Pueblos Indígenas como el Comité de Apoyo a la Autonomía Indígena, todas las familias que han recuperado sus territorios, están conformadas por personas indígenas y tienen los títulos de posesión legales, otorgados por los Consejos de Autoridades Propias (según nombre en cada Cultura).

Por eso es que señalan que:

Esperamos que esta información sea una alarma que no logre pasar a una situación de violencia grave. Todas las recuperaciones realizadas hasta ahora, están hechas a NO indígenas usurpadores y poseedores de "mala fe", según las leyes y las resoluciones judiciales".

Así las cosas queda claro que el fuego que Zapote tiene que atender no se encuentra únicamente en la UPAD: los pobladores de la zonas indígenas siguen a la espera de una solución.