La solución al conflicto en el territorio indígena de Salitre sigue siendo estando lejos de alcanzarse. Así queda evidenciado luego de que la semana pasada se registrara una nueva agresión en la zona, esta vez en contra el dirigente indígena Bribri, Minor Ortiz Delgado.
Los reportes indican que Ortiz recibió un impacto de bala en su pierna el pasado domingo 9 de febrero en horas de la tarde, en la localidad de Río Azul de Salitre.
Según reportó la oficina de prensa del partido Frente Amplio, de quien Ortiz es afiliado, el conflicto empezó luego de que el líder indígena y su familia recuperaran una tierra en Río Azul en el año 2015; desde entonces han reportados ser víctimas de agresiones que culminaron en este disparo la semana anterior.
Los enfrentamientos en la zona, que no han dejado de ser noticia a nivel mundial tras el asesinato de Sergio Rojas Ortiz en Salitre hace casi un año, llegaron ya incluso a The Guardian, medio que reportó esta semana que se detuvo a una persona de apellido Figueroa por la agresión a Ortiz pero que esta fue liberada tras 24 horas.
De hecho, la imagen del país en los medios internacionales no está quedando nada bien parada tras estas agresiones, pues por ejemplo The Guardian señaló en su nota (y no sin razón) que:
Costa Rica, un centro de ecoturismo con 5 millones de habitantes, es el país más seguro y equitativo de América Central. Pero en los últimos años, las personas Bribri que intentaban recuperar la tierra perdida han sido objeto de docenas de ataques violentos, acoso racista y demandas de represalia falsas con una impunidad casi total".
Tras la agresión de Ortiz y la liberación de la persona acusada de su agresión, más de una veintena de organizaciones indígenas de todo el país suscribiendo un comunicado en el que rechazaron la puesta en libertad y acusaron al Estado costarricense por inacción ante el ataque, pues aseguraron que "es de conocimiento público y reiteradamente denunciado" que las personas acusadas han atacado a la familia de Ortiz en reiteradas ocasiones:
Las organizaciones que suscriben rechazan esa resolución y consideran insuficientes y negligentes las medidas impuestas al agresor, ya que el mismo vive a menos de 1 k.m del ofendido, de hecho, Mainor Ortiz y su familia tienen que pasar por el camino que pasa al frente de la tierra que usurpa Figueroa (...) Una vez más el Estado de Costa Rica no cumple con las Medidas Cautelares solicitadas desde el 2015 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su obligación de garantizar la vida e integridad del Pueblo Bribri de Salitre. Las organizaciones firmantes exigimos se determinen los autores intelectuales y materiales del asesinato del compañero Sergio Rojas Ortiz, Bribri del clan Uniwak; crimen por razones políticas del cual el Estado de Costa Rica es responsable por omisión y que el 18 de febrero entrante cumplirá 11 meses de impunidad".
Recordemos que este conflicto no es una cosa nueva ni nada sencilla de manejar. La Ley Indígena 6172 de 1977, en su artículo 3, establece que los territorios de estas reservas "son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan" y que "los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas".
Sin embargo, durante años dichas tierras han sido ocupadas por personas no indígenas que se hicieron de las terrenos de diversas formas, ya sea poseyéndolos a la fuerza o comprándolos a pesar de que esto sea ilegal.
Esto ha generado, principalmente después de que los pueblos indígenas decidiesen unirse para recuperar sus territorios, un escalamiento en la violencia en la zona que escaló hasta provocar el homicidio de Sergio Rojas.
Por ello, desde 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos impuso medidas cautelares que ordenaban que el Gobierno de Costa Rica tomara las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los pobladores indígenas de los pueblos Bribri y Teribe en Salitre, debido a las constantes invasiones de las personas no indígenas en sus tierras.
De hecho, en mayo pasado, y luego del asesinato de Rojas, una delegación de la CIDH llegó a Costa Rica para realizar una labor de supervisión al cumplimiento de las medidas que fueron emitidas por ese organismo.
Aún así, y aunque el Gobierno ha tenido la soga al cuello con este tema, los pueblos siguen reclamando inacción y conflicto en estos territorios de la Zona Sur.
Esta misma semana, y quizá en respuesta a la nueva ola de indignación que surgió en la zona tras el ataque a Minor Ortiz, el Poder Ejecutivo anunció que abrirán los procedimientos legales para poner fin a la posesión de tierras por parte de personas no indígenas, en los territorios protegidos por ley en Buenos Aires de Puntarenas.
Estas medidas incluirán un impulso al Plan de Recuperación de Territorios Indígenas (Plan RTI) del Instituto de Desarrollo Rural (INDER) para los Territorios indígenas de Salitre y Térraba, así como la constitución de un fideicomiso con la institución para crear un mecanismo que permita financiar el pago de las compensaciones en los casos que corresponda.
Conflicto escala a medios de comunicación
El conflicto en las tierras de Salitre ya incluyó también a los medios de comunicación. El tema surgió luego de que medios de alcance nacional publicaran que finqueros de Salitre y pueblos cercanos han denunciado que un pequeño grupo de personas de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Salitre, están invadiendo sus fincas por la fuerza y con el apoyo de la policía.
Ante ello, tanto las organizaciones indígenas de la zona como el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), emitieron comunicados en los que se manifestaron en contra de la cobertura.
La UNED señaló que es "necesario ofrecer a la ciudadanía costarricense otros elementos –contextuales, analíticos y empíricos– acerca de los hechos que vienen sucediendo en los territorios indígenas del Cantón de Buenos Aires de Puntarenas, especialmente en el territorio de Salitre":
Se criminalizan las luchas de los pueblos indígenas por su territorio, se incentiva la animadversión racista en contra de estas poblaciones tan vulnerables y discriminadas, y se lanza un manto de impunidad sobre los incumplimientos en que, como país, estamos incurriendo, respecto de diversas obligaciones legales, nacionales e internacionales".
Así las cosas, se hace evidente que la problemática de los pueblos indígenas no es algo que se vaya a resolver de la noche a la mañana, pero como la violencia en la zona continúa es necesario que nos mantengamos atentos tanto a lo que pase en el sector, como a las medidas que este Gobierno y los venideros tomen, para garantizar la paz en las zonas afectadas.