La tensión en el ambiente y un nuevo despliegue institucional, marcaron el acontecer de este martes en el territorio indígena de Cabagra, en Térraba de Puntarenas.

Las medidas se tomaron tras el asesinato, el lunes anterior, del líder indígena Jerhy Rivera Rivera y fueron expuestas por personeros del Poder Ejecutivo, esta tarde en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

La escalada de violencia se ha acrecentado en estos territorios luego de que las personas indígenas decidiesen unirse para recuperar los territorios que por ley les pertenecen, tal y como establece la Ley Indígena 6172 de 1977, en un proceso que llaman "recuperación de tierras".

Sin embargo, y a pesar de que los órganos internacionales de derechos humanos tienen el ojo puesto en el país desde el 2015 por este mismo tema, lo cierto es que es poco hemos podido hacer para acabar con la violencia (Salitre es el ejemplo más mediático pero como demostró el asesinato de Rivera, no es el único).

En este proceso de recuperación, el Ejecutivo ha trabajado en conjunto con las asociaciones de desarrollo indígena para hacer valer la ley y recuperar los terrenos (a pesar de que la Defensoría de los Habitantes señale que lo hecho hasta ahora no ha sido suficiente); por eso el ministro de Seguridad Pública, Michael Soto Rojas, reportó este martes que de los 8 desalojos que tenían pendientes en terrenos de la zona, 6 ya se han realizado de manera satisfactoria y otros dos están en sede judicial, por apelaciones de las partes involucradas.

Esos desalojos o recuperaciones, son justo las que generan la disputa, pues las personas no indígenas desalojadas suelen reingresar armadas a las fincas, a enfrentarse con las familias indígenas que las habitan.

De hecho, justo ayer les comentábamos, minutos antes del asesinato de Rivera, que esto es lo que estaba pasando en Cabagra desde el fin de semana anterior, pues un grupo de personas no indígenas y armadas entraron a las fincas y levantaron campamentos en los terrenos.

Este factor es el que ha generado que la tensión continúe tras el homicidio de ayer, pues en el terreno que ocuparon los no indígenas la semana pasada, se encuentra el Colegio de Térraba y este hecho requirió la intervención de otras instituciones, como el Ministerio de Educación Pública (MEP) en el conflicto.

La jerarca de esta institución, Giselle Cruz Maduro, señaló en la conferencia en Presidencia que se tomó la decisión de cerrar varios centros educativos en la zona hasta el próximo viernes, a la espera de que se normalice la situación:

Hemos tomado la decisión de suspender el curso lectivo durante estos cuatro días de esta semana, en siete escuelas del circuito trece de la Dirección Regional de Térraba y en dos colegios, en el Colegio Académico y en el CINDEA, y en el circuito doce dela Dirección Grande de Térraba, dos centros educativos para un aproximado de cuatrocientos estudiantes".

Cruz aseguró que la medida se tomó en respeto a las tradiciones y a la cosmovisión de los pueblos indígenas, así como para garantizar la seguridad del estudiantado.

Además, y por otro lado, Presidencia informó la declaración de interés público del Plan de Recuperación de Tierras Indígenas (RTI) que es un proyecto con el que el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) busca agilizar el proceso de desalojo de personas no indígenas, además de indemnizar a las personas no indígenas que se vean afectadas por las recuperaciones, en los casos en los que aplique esta medida.

Por último el Viceministro de Diálogo, Rándall Otárola Madrigal informó esta tarde que se desplazará al sector para iniciar los diálogos entre las partes, mientras el Ministerio de Justicia y Paz y su despacho de resolución de conflictos también refuerzan su presencia en el territorio.

El ministro Soto señaló que mantendrá la presencia policial en el sector para atender nuevos brotes de violencia:

Vamos a continuar con presencia policial tal como lo hemos hecho y esperamos en Dios que no ocurran más acontecimientos para tratar de evitar la conflictividad, mientras que en otro ámbito del Estado al que le corresponde generar otro tipo de alternativas, generamos acciones para que este tipo de acontecimientos no ocurran".

¿Surtirán frutos esas medidas? Estaremos atentos porque se parecen bastante a las tomadas el año pasado tras la muerte de Sergio Rojas y, como vemos, faltó camino.

Sospechoso ya fue arrestado

Es necesario recordar que desde el 2015 la CIDH tiene puesto el ojo en el país debido al aumento en las tensiones por tenencia de tierra en los territorios indígenas, que ya escalaron a actos de violencia y asesinatos, como el de este lunes. Este nuevo asesinato ocurrió cerca de cumplirse un año del homicidio del líder indígena Bribri de Salitre, Sergio Rojas Ortiz, quien perdió la vida en 2019 víctima de 15 disparos. Al día de hoy no se ha establecido quién es responsable de su muerte.

Según confirmó Michael Soto esta mañana, Rivera, al igual que Rojas, era parte de los líderes indígenas sobre los que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había pedido protección en 2015.

Por eso, y en medio de todo este tema, el Ministerio Público ya reportó que un hombre de apellidos Varela Rojas se encuentra detenido como sospechoso del homicidio de Jerhy Rivera.

Según explicó el ministro Michael Soto en la conferencia de prensa de este martes, el crimen se dio en una calle pública del territorio (a pesar de que los grupos activistas indígenas señalan que se dio en uno de los terrenos recuperados), a raíz de un conflicto entre Rivera y un presunto hermano del acusado; en el suceso, el líder indígena habría agredido al familiar del acusado con machete y el tercero había procedido a atacar a Rivera con un arma de fuego.

Los detalles del caso están en este momento en investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Además, la investigación por el homicidio se encuentra a cargo de la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, en la que se tramita la causa penal respectiva, que se encuentra dentro del expediente 20-000108-0990-PE; este despacho además está operando con la colaboración de personal especializado de la Fiscalía de Asuntos Indígenas, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido.

En el comunicado enviado este martes, las autoridades judiciales señalaron que:

El Ministerio Público tramita el caso con la celeridad e importancia debida, tomando en cuenta que la víctima era una de las personas indígenas del territorio bajo tutela de la medida cautelar MC 321-12, impuesta al Estado de Costa Rica por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos".

Indígenas temen más ataques

Así las cosas, y mientras en Zapote corren otra vez para atender un nuevo asesinato por esta causa, en la zona de Cabagra fuentes extraoficiales han circulado audios de presuntos terratenientes sikuas (no indígenas) que señalan que a partir del crimen de Rivera, ahora irán por el líder indígena Pablo Sibar, muy reconocido por su labor en estos territorios.

El ministro Michael Soto aseguró, tras una consulta efectuada por Delfino.cr que ya le pasaron la información de esta nueva denuncia y que procederán a investigar el asunto:

Nosotros tenemos presencia policial a lo largo del territorio para tratar de si ocurre algo, apoyar a la persona; pero es importante que la persona se acoja al sistema de protección de víctimas y testigos que es de la Fiscalía, para poder accionar y darles protección".

Además y ante todos estos hechos, la Red Indígena Bribri-Cabécar (RIBCA) está convocando a una manifestación este viernes a partir de las 10 de la mañana en Casa Presidencial para exigir atención inmediata al asunto.

Los manifestantes solicitarán una reunión con el Presidente Carlos Alvarado, con el despacho del Viceministerio de Diálogo Ciudadano y con la Defensoría de los Habitantes.