La Procuraduría General de la República (PGR), ente que funge como Abogado del Estado, rechazó reconsiderar, adicionar o aclarar el criterio legal que emitió indicando que no es legalmente posible que un asesor reciba el auxilio de cesantía al pasar a ocupar el cargo de diputado en la Asamblea Legislativa, y el cual permitió concluir que el diputado Jonathan Prendas cobró ilegalmente más de 8 millones de colones con esa práctica. 

Así consta en el criterio 175-2019 del pasado 20 de junio emitido por la procuradora Elizabeth León Rodríguez hacia el presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides y del cual Delfino.cr tiene copia.

Benavides había suscrito el 13 de junio anterior una solicitud de adición y aclaración al dictamen C-158-2019 del 7 de junio, en el que se señaló la improcedencia legal de que un funcionario cobrara el auxilio de cesantía y se reintegrara de inmediato a trabajar en la Administración Pública, ya fuera en un cargo de elección popular o no, incluidos los diputados.

La procuradora León Rodríguez le indicó a Benavides que la adición y aclaración de los dictámenes de la Procuraduría no está contemplada en la Ley Orgánica de la institución, y que en todo caso ello sería posible hacerlo solo si el criterio fuera incompleto, tuviera contradicciones, ambigüedades u oscuridades.

"Si bien es cierto, mediante esa gestión pueden aclararse puntos confusos de un dictamen o adicionarse algún aspecto que, aunque consultado, haya sido omitido, no podría fungir como un medio para solicitar la ampliación de nuestro criterio sobre cuestiones que no fueron consultadas originalmente o para responder nuevas dudas que surgen a raíz de nuestro dictamen", explicó León.

De acuerdo con la procuradora, lo anterior no sería una solicitud de adición y aclaración, sino la formulación de una consulta nueva que, como tal, debe cumplir con los requisitos normales de admisibilidad de las consultas que se plantean ante la Procuraduría, incluyendo adjuntar el criterio de la asesoría legal que requiere expresamente el artículo 4 de la Ley Orgánica de la PGR.

Pese a que se solicita la adición y aclaración del dictamen C-158-2019, lo cierto es que no se señala la existencia de aspectos oscuros o puntos que, aunque consultados, no hayan sido respondidos. Las preguntas formuladas obedecen a nuevas dudas que surgen a raíz de lo allí dispuesto, pero no tienen como fin aclarar su contenido o adicionar algún aspecto que no haya sido atendido

La abogacía del Estado concluyó que el escrito de Benavides era más una nueva consulta y en ese carácter es que debía tramitarse, pero como el oficio no cumplía las condiciones de admisibilidad, la consulta era inadmisible.

Dato D+: Para plantear una consulta ante la Procuraduría se requiere formular las preguntas de manera general y no sobre casos concretos; y adjuntar el criterio legal de la oficina respectiva que 'responda' las interrogantes formuladas para así analizar la fundamentación jurídica del actuar de la institución consultante.

¿Qué consultó Benavides?

La carta de 12 páginas fue firmada el 13 de junio por el presidente legislativo, Carlos Ricardo Benavides, y los directores de los departamentos Legal, Freddy Camacho y de Recursos Humanos, Hugo Cascante. En ella se solicitaba reconsiderar el dictamen sobre la improcedencia de pagarle prestaciones a un asesor que fue electo como diputado.

Entre las consultas formuladas se encontraba el cuándo se debían pagar las prestaciones del funcionario que fue electo diputado, dado que el plazo para reclamarlas es de un año; y que en caso de poderlas reclamar después de finalizado su periodo constitucional como diputado, cuál salario promedio debía usarse para calcular el auxilio de cesantía; y si el monto debía actualizarse con base al índice de inflación.

El oficio fue enviado luego que Delfino.cr revelara que el diputado Jonathan Prendas había cobrado ilegalmente más de 8 millones de colones por concepto de cesantía al pasar de asesor legislativo a diputado, pese a que el Código de Trabajo establece claramente que cualquier funcionario que cobre dicho auxilio, no puede reingresar a la función pública durante el periodo que este le cubra, o de lo contrario debe devolver los recursos.

A la fecha la Asamblea Legislativa no ha iniciado las gestiones necesarias para cobrarle a Prendas los montos pagados de forma ilegal; ni el diputado ha formulado un arreglo de pago para devolverlos.

En su lugar, el legislador acusó --cuando el dictamen inicial se hizo público-- que la Procuraduría estaba ejerciendo persecución en su contra por haber votado a favor de la conformación de una comisión que estudie las finanzas electorales del PAC, pese a que el criterio legal se emitió tres días antes de dicha votación.

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