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Hace dos años, las primeras mujeres alcaldesas de las ciudades de París (Francia), Barcelona (España), Rosario (Argentina) y Bangangté (Camerún) plantearon al mundo la necesidad de revisar los equilibrios de género en la vida política local por una razón muy sencilla: el nivel local se ha vuelto un cuello de botella para que más mujeres lleguen a cargos en los parlamentos y gobiernos nacionales.

Al llamado realizado, las Alcaldesas Hidalgo, Colau, Fein y Courtés en 2017 sumaron una solicitud a la Comisión de Estadística de la ONU para la creación de estadísticas mundiales sobre la participación política de las mujeres en los espacios locales.

Esta reflexión, cabe retomarla en el marco del Día Internacional de la Mujer a menos de un año para las elecciones municipales de 2020: ¿Es también el espacio local un cuello de botella para la participación política de las mujeres en Costa Rica? ¿Por qué?

Recordemos que como país al suscribir la Agenda 2030 de las Naciones Unidas nos comprometimos con el quinto objetivo de la misma en su meta 5.5: “Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública”.

Entre los cargos de elección popular del nivel local en Costa Rica, se pone en evidencia fácilmente que nos hacen falta alcaldesas e intendentas, que son cargos gerenciales de la corporación municipal. En los cargos atinentes a los concejos municipales, donde se eligen regidoras, síndicas y concejalas, hemos estado más cerca de alcanzar la paridad, pero persisten otro tipo de retos.

A las cifras me remito. Costa Rica nunca ha elegido más de 12 mujeres alcaldesas, hecho que fue un hito alcanzado en 2016. Por las acciones afirmativas establecidas en nuestra legislación, siempre hemos tenido más de 68 primeras vicealcaldesas o alcaldesas suplentes según cada elección.

Esto quiere decir que la mujer municipalista queda electa en un cargo con funciones diversas pero la más relevante de ellas es suplir al titular, en sus ausencias temporales o permanentes.

En el caso de las regidurías totales sólo en 2002 se alcanzó el 50,1% de representación femenina, mientras que en 2006, 2010 y 2016 se ha mantenido un promedio de 44% de regidoras electas.

Las cifras vistas así son alentadoras, sin embargo, en todos los casos las mujeres municipalistas son mayoritariamente regidoras suplentes. El año crítico fue irónicamente en 2002, que del 50,1% de regidoras que fueron electas a nivel nacional, el 53% de ellas eran suplentes.  En el puesto de síndicas esta tendencia sobre mujeres únicamente como suplentes es aún más dramática con valores cercanos al 72%.

Esto se remonta a la oferta electoral y a la responsabilidad de los partidos políticos. Recordemos que en las papeletas de regidurías de 628 candidatos/as que aspiraron desde el primer lugar de su papeleta para ser regidores/as apenas un 26% fueron mujeres. Es decir, por cada tres hombres que encabezaron una papeleta, solo hubo una mujer.

Si asociamos esta información con la composición de nuestra Asamblea Legislativa actual, se desprende que de un total de 14 Diputados y Diputadas con experiencia en el área municipal, apenas cinco son mujeres.

En definitiva, tenemos más mujeres políticas en el escenario local que en el nacional, pero si hay tantas mujeres municipalistas en el país, y además, con reconocida experiencia, capacidad y resultados atribuibles a su trabajo que repercuten directamente en el bienestar de sus comunidades ¿Por qué no las vemos masivamente trasladar esa capacidad al escenario nacional?

Los avances y los pendientes. El paso que dio el Tribunal Supremo de Elecciones, a través de la resolución 1724-E8-2019 del pasado 27 de febrero, que instaura la paridad horizontal en las listas de aspirantes a cargos plurinominales en elecciones municipales, es un importante avance para contribuir a la participación de las mujeres en los Concejos Municipales y en puestos titulares.

Sin embargo, queda pendiente a lo interno de los partidos políticos la propuesta de más mujeres en cargos de alcaldías, que riñe con la posibilidad de reelección indefinida del cargo y con la consolidación de liderazgos masculinos en cantones muy significativos para la vida política nacional.

Aunado a lo anterior, nos hace falta mucha información cualitativa para dar respuesta a las preguntas relacionadas con el paso de las mujeres del ámbito local al nacional, y determinar si el planteamiento inicial se cumple en nuestro país.

Lo que en definitiva sí podemos hacer, es agregar más preguntas que pueden servir como punto de partida para comprender mejor nuestra realidad en torno a la hipótesis inicial: ¿Cómo son las mujeres municipalistas de nuestro país? y ¿Cuánto las conocemos? ¿Cómo se puede potenciar su participación política? ¿Qué apoyos requieren de la institucionalidad pública para trasladar su conocimiento al escenario nacional? ¿Cuáles herramientas faltan de implementar? ¿Son suficientes las acciones afirmativas actuales de nuestro marco jurídico y las políticas públicas relacionadas?

Necesitamos resolver como país estas y otras interrogantes si queremos garantizar una sociedad más democrática y alcanzar la equidad en la participación de la vida política, económica y pública de las mujeres costarricenses. La oportunidad de empezar, está en lo local.