CGR realizó estudio en estudio en Barva, Flores, Heredia, Limón, San Carlos y Santa Cruz.
La Contraloría General de la República (CGR) realizó un estudio en conjunto con la Auditoría Interna de las municipalidades de Barva, Flores, Heredia, Limón, San Carlos y Santa Cruz, para evaluar la gestión de riesgos asociada a los procesos de reclutamiento y selección de la policía municipal en esos gobiernos locales.
En total 31 municipios ofrecen el servicio de Policía Municipal en Costa Rica, que se considera fundamental para fortalecer el servicio público y asegurar cuerpos policiales éticos y capacitados.
La Ley N° 9542 de Fortalecimiento de la Policía Municipal, estableció el marco para la creación del servicio definiendo sus competencias y requisitos. Por tanto, la CGR considera crucial analizar la gestión de riesgos para reforzar la transparencia e integridad y apoyar la toma de decisiones en este ámbito.
El documento DFOE-LOC-SGP-00001-2025 puntualizó que los proceso de reclutamiento y selección presentan vulnerabilidades significativas. A falta de controles robustos se abre la puerta a prácticas indebidas y decisiones sesgadas, advirtió la institución.
El informe señala la inconsistencia en la aplicación del Sistema Específico de Valoración de Riesgos Institucionales (SEVRI), herramienta clave para identificar y mitigar amenazas en los procesos administrativos.
La CGR indicó que solo cuatro de las seis municipalidades evaluadas aplican el SEVRI de manera anual y apenas dos logran identificar riesgos asociados al reclutamiento de personal policial. Además, únicamente una documenta formalmente los resultados para orientar decisiones.
Otro de los hallazgos es la falta de participación ciudadana en los procesos de reclutamiento. No existen mecanismos para que la población pueda presentar quejas o sugerencias sobre los agentes municipales, lo que mina la legitimidad de estos cuerpos policiales y limita su capacidad de respuesta.
La CGR señala que la ausencia de estos canales de retroalimentación impide construir confianza y debilita el control social sobre las actuaciones de la policía.
El estudio también identificó una desigual aplicación de los requisitos establecidos en la Ley N.º 9542, que establece los criterios mínimos para la selección de personal, tales como formación, idoneidad y valores éticos.
El ente contralor indicó que las municipalidades deben contar con un manual actualizado de reclutamiento específico para la policía municipal y aplicar controles adecuados para verificar la idoneidad de los candidatos.
Otros desafíos destacados son la falta de plazas fijas para los oficiales (como en Barva) y la omisión de periodos de prueba en cantones con alta criminalidad (como Limón).
El informe identificó varias sanas prácticas en los procesos de reclutamiento de policías municipales que pueden ser replicadas por otros gobiernos locales. Entre ellas destacan la verificación de autenticidad de documentos, el control del permiso de portación de armas y la implementación de canales para quejas ciudadanas, los cuales ayudan a prevenir riesgos de integridad.
También se reconocen métodos eficientes como el muestreo de expedientes para evaluar grandes volúmenes de información y mecanismos de retroalimentación institucional que permiten corregir fallos antes de finalizar los informes de auditoría.
Finalmente, subraya la importancia del trabajo coordinado entre auditorías internas y la administración municipal, así como la colaboración entre unidades de auditoría interna para fortalecer capacidades y compartir buenas prácticas en la gestión pública.
