El órgano fiscalizador emitió opinión adversa y señaló fallas graves en registros de deudas, bienes, ingresos y gastos

La Contraloría General de la República (CGR) emitió un informe en el que objeta los estados financieros consolidados del Gobierno correspondientes al 2024, pues las cifras presentadas contienen errores tan graves y generalizados que no reflejan de forma confiable la situación real de las finanzas públicas.

El dictamen fue enviado al ministro de Hacienda, Rudolf Lücke y fue dado a conocer este jueves a la prensa.

El informe explica que el Gobierno no incluyó a todas las instituciones que debían formar parte de sus cuentas consolidadas y que, en varios casos, se duplicaron cifras o se dejaron de eliminar transacciones internas, lo que generó una diferencia de más de 5,8 billones de colones.

También se detectaron graves inconsistencias en las deudas con la Caja Costarricense de Seguro Social, en las transferencias entre Hacienda y el Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (FODESAF), y en las cuentas por cobrar de impuestos, multas e intereses que no se registraron en el momento adecuado.

Por ejemplo, en el caso de FODESAF, el Ejecutivo registró una cuenta por pagar de 965.790 millones de colones, mientras que la institución reportó que en realidad el Estado le debe 1.99 billones, lo que da una diferencia de 1.02 billones de colones.

En el caso de la CCSS, la diferencia asciende a 3,2 billones de colones pues según dijo la Seguridad Social, el monto por cobrar al 31 de diciembre de 2024 asciende a 4.19 billones de colones, mientras que el Poder Ejecutivo solo consignó 185.959 millones de colones, al tiempo que FODESAF también reportó una deuda por atención médica que asciende a 764.697 millones de colones.

La diferencia surge de montos que la CCSS contabiliza como deudas del Estado, pero que el Ministerio de Hacienda no registra en sus estados financieros. Esta situación compromete la fiabilidad en el reconocimiento de las obligaciones del Estado con la CCSS".

La Contraloría señaló además problemas con el registro de propiedades e infraestructura. Más de 3500 escuelas no tienen sus terrenos inscritos ni figuran en los sistemas oficiales, mientras que carreteras, aeropuertos y otros bienes públicos no aparecen en los estados financieros. En muchos casos los registros están desactualizados desde 2015, lo que impide conocer con exactitud el valor real del patrimonio nacional.

Además, el ente fiscalizador detectó que los ingresos tributarios en varias ocasiones se reportan únicamente cuando se cobran y no cuando nace la obligación de pago, lo que reduce la transparencia sobre la recaudación. También encontró duplicidades en el registro de aportes a la seguridad social que inflaron las cifras.

En cuanto a los gastos, la Contraloría determinó que se reportaron montos mayores a los reales por beneficios a empleados y transferencias internas que no fueron depuradas.

El informe concluye que la información financiera presentada por el Gobierno no es confiable, íntegra ni útil y que no puede considerarse un reflejo real de las finanzas del país. La Contraloría pidió a la Dirección General de Contabilidad Nacional y a las instituciones públicas corregir estas prácticas para garantizar cuentas claras y transparentes.