Reprochó al mandatario utilizar temas sensibles de educación y salud para mentir "de forma reiterada y con saña”.

La Contraloría General de la República (CGR) envió un oficio al presidente Rodrigo Chaves Robles rechazando las declaraciones emitidas en la conferencia de prensa del 20 de agosto y en otros actos públicos, que calificó como “falsas” y “difamatorias”.

La entidad acusó al mandatario de utilizar temas sensibles de educación y salud para “mentir de forma reiterada y con saña” con el fin de engañar a la ciudadanía.

En el documento DC-0246 enviado este 21 de agosto, la contralora Marta Acosta Zúñiga señaló como misógina e irrespetuosa la respuesta de Chaves durante la conferencia del Poder Ejecutivo de este 20 de agosto, cuando, tras una consulta de un periodista, dijo: “Uy, yo creí que ya le había dado suficiente a la Contralora. Bueno, a ella no se le puede dar suficiente porque nunca va a alcanzar, je je je”.

Acosta Zúñiga aseguró que se trata de una respuesta violenta contra su persona y contra la institución, y recordó que llevan meses documentando agresiones de este tipo para eventuales procesos judiciales.

En el espacio de prensa de este miércoles desde la presidencia afirmaron que la CGR "insiste" en "cogobernar el país" al puntualizar en que el ente contralor frenó la construcción de la Escuela Santa Elena en Monteverde y la Escuela de Portalón en Quepos por fallos en el concurso de licitación. Dichas obras se realizarían con un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Porque cada contrato de préstamo internacional es aprobado por una ley específica, donde le dice a la contraloría, no son los métodos de compras públicas normales, Contralora, ¿qué parte no sabe leer? Son los métodos del Banco Centroamericano de Integración Económica. A la Contralora, porque le da la gana interpretar, esa interpretatitis que está de moda en la Sala Cuarta, en el Congreso ahora, se le pegó a ella también, dice no, yo interpreto que no, en violación de un contrato ley y la consecuencia es para estos niños, porque a ella no le importa”.

Por este caso Chaves Robles afirmó que van a ir "a todos los extremos de la ley, incluyendo acusaciones penales". Agregó que la ley autoriza al gobierno a manejar los recursos del préstamo y "no lo que le da la gana, su santa gana, a esta señora (Marta Acosta Zúñiga) y a ese equipo de trabajo nefasto que hay en la Contraloría".

En el documento enviado desde la CGR le señalaron a Chaves que la División de Contratación Pública resolvió recursos de apelación que anulaban la decisión del MEP de declarar fracasadas las licitaciones, permitiendo en realidad que los proyectos continuaran.

No es ganancia para las comunidades que por aspectos intrascendentes se declaren fracasadas las licitaciones promovidas para construir las escuelas, ni tampoco plantear cuestionamientos que no fueron vistos en apelación. El MEP es quien puede seguir con los procedimientos y permitir la construcción”.

Acosta Zúñiga también rechazó los señalamientos del presidente que  responsabilizaban a la CGR por los atrasos en la construcción del Hospital de Cartago. La contralora atribuyó la demora a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que tardó en entregar la información requerida.

Si ya es nefasto pretender obstaculizar que se sigan los procedimientos iniciados para la construcción de las escuelas también lo es referirse al Hospital de Cartago para atribuirle a la Contraloría el supuesto incumplimiento de plazos para resolver”.

Continuó:

Le recuerdo que esta contratación cuenta con adjudicación en firme y que pese a ello la CCSS demoró un mes el envío de información necesaria para concluir el estudio del proceso de refrendo, siendo responsabilidad de la CCSS presentar los documentos completos oportunamente, máxime que se trata de la satisfacción de necesidades apremiantes de las personas”.

La contralora detalló que en la inauguración de la nueva sede de Coopesalud en el Llano de Desamparados, el 19 de agosto, el presidente llamó “sinvergüenzas” a funcionarios del ente contralor y los acusó de colusión y corrupción en el caso “Barrenador”. Ante esto, la CGR señaló:

Rechazamos las declaraciones difamatorias y calumniosas que con tanta facilidad y sin prueba alguna se lanzan contra funcionarios de la Contraloría General. Nuestras actuaciones ajustadas a la técnica y a la ley no han tenido nunca un afán intimidatorio como sí lo tiene la campaña sistemática de ofensas, violencia y mentiras que desde hace meses recibimos”.

El oficio exige que en la próxima conferencia de prensa del Ejecutivo se lean párrafos con la versión de la institución, amparados en el derecho de rectificación y respuesta. Acosta Zúñiga concluyó que la dignidad de sus funcionarios y la autonomía de la institución son “innegociables” y reafirmó que la CGR “seguirá cumpliendo con su responsabilidad de forma firme e indeclinable”.