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No existe ni un solo país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) tan desigual como Costa Rica. Es decir, dentro de los países más desarrollados del mundo, ninguno es tan desigual como Costa Rica. El proyecto de ley fiscal, que pretende arreglar el problema del déficit, no puede eludir esta triste realidad y reducirse a un ejercicio contable. La cuestión central debe ser: ¿Cómo reducir el déficit fiscal, luchando contra las inequidades sociales al mismo tiempo? Sin embargo, la segunda parte es la gran ausente del debate.

Peor, la reducción del gasto público se está materializando con la regla fiscal. Esta regla impondrá a los próximos gobiernos la reducción de la proporción del sector público dentro de la economía costarricense (calculada a través del producto interior bruto o PIB). Lo que, por un lado, impedirá la redistribución de la riqueza porque necesitaría justamente aumentar la proporción del gasto público, lo que la regla fiscal prohibiría. Y por el otro, deteriorará al sector público, que es el principal garante de una redistribución directa o indirecta de la riqueza, porque va a complicar las inversiones necesarias en infraestructura y en personal, que el sector público necesita debido al crecimiento de la población (más de 1% cada año). En resumen, esta regla va a debilitar las dos principales herramientas de la lucha contra las inequidades.

Esta política se basa sobre creencias populares, como el hecho que el sector público costarricense es obeso, o que los impuestos son muy altos. En realidad, es más bien lo contrario. El gasto público costarricense representa un 32,9% del PIB (según la OCDE). Dentro de los 25 países más ricos de la OCDE, solo 2, Irlanda (28,8 %) y Corea del Sur (32,3%) tienen un sector público más pequeño. Los países del norte de Europa, como Suecia, Dinamarca, Finlandia o Noruega, que logran combinar un alto nivel de desarrollo y un bajo nivel de inequidades, tienen un sector público que representa cerca del 50% de sus PIB. Incluso los Estados Unidos, símbolo del liberalismo, tiene un gasto público (37,6%) superior al de Costa Rica. De igual manera, los ingresos fiscales representan un 22,2% del PIB costarricense. Ahí, es fácil: dentro de los 25 países más ricos de la OCDE, ni uno solo tiene tan pocos ingresos fiscales. Ni uno solo.

En resumen, Costa Rica tiene un sector público pequeño y un nivel de recaudación de los impuestos bajo, lo que ya no permite una redistribución de la riqueza correcta y hace de Costa Rica un país sumamente desigual. Entonces, ¿por qué instaurar una regla que va a alejar aún más a Costa Rica del modelo de la gran mayoría de los países desarrollados?

Tal vez porque cuando hablamos del sector público, uno piensa en una obscura administración ineficiente. Pero en realidad, si el mundo entero ve a Costa Rica como el país ecológico y estable del “pura vida”, es únicamente gracias a los numerosos éxitos de su sector público. Y de esta imagen idílica depende directamente la atracción de los turistas y de las inversiones, que permiten al sector privado crecer. La imagen de país ecológico viene del ICE con su electricidad 100% renovable, y de la protección de la naturaleza a través de los parques nacionales. La imagen de país del “pura vida” o del “país más feliz del mundo” se debe mucho a la alta esperanza de vida de los costarricenses (comparable a la esperanza de vida de los EEUU), y ahí, la CCSS tiene un papel central. De hecho, la CCSS es un modelo reconocido por ser uno de los mejores dentro de los países de ingresos medios o bajos. La imagen de estabilidad institucional del país se construyó, por un lado, gracias al Tribunal Supremo de Elecciones (uno de los mejores a nivel mundial); y por el otro, gracias a la utilización de los fondos del ejército para el MEP que permite a un 97% de los niños ir a primaria (versus 93% en EEUU). Podría seguir con la UCR, que es la mejor universidad de América Central y logró atraer este año conferencias de Joseph Stiglitz (Premio Nobel de Economía) y Angela Davis. Finalmente, cuando hablamos del sector público, estamos hablando de estos tesoros nacionales. Estamos hablando de lo que realmente funciona en Costa Rica.

Esta lectura no significa que no se puede hacer ningún cambio o reducción de gasto en el sector público. Obviamente, la administración podría ser mucho más eficaz (Spoiler alert: es principalmente un problema relacionado con el nivel de educación general, por eso el sector privado es también mucho menos eficaz que en los países desarrollados, entonces, cortar fondos públicos no es por lo tanto una solución). El Estado debe también luchar contra la corrupción y los conflictos de intereses, y promover un esquema más equitativo de salarios, suprimiendo las pensiones de lujo o creando topes para los salarios más altos. Pero los recortes se deben concentrar entre los funcionarios que poseen los mejores salarios. Al contrario, la ley actual prevé bajar o estancar los salarios de los funcionarios más humildes o de clase media, y complicar la contratación de la nueva generación de funcionarios. Se llama una política de austeridad y es peligroso para la economía y la lucha contra las inequidades. Por un lado, no incita al sector privado a halar hacía arriba las condiciones de trabajo. Por el otro, equivale a bajar la capacidad de consumo de dichos funcionarios, lo que impactaría directamente al sector privado y comprometería el fuerte crecimiento actual del PIB, como ya ocurrió en otros países como Grecia.

Oponer al sector público y al sector privado es una táctica muy eficiente para que la población acepte la deterioración progresiva de su sector público y el crecimiento de las inequidades. Pero en realidad, entre la infraestructura, la salud y la educación de la población, y la imagen del país a nivel internacional, el sector privado debe al sector público las principales herramientas de su éxito actual y futuro. De ahí viene la pregunta: ¿Por qué Costa Rica quiere limitar a su sector público?