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El último proceso electoral nos quitó varias vendas de los ojos y nos reveló una sociedad cáusticamente dividida. Sin embargo, seguimos siendo una nación con un sustrato especial, pues no dejamos de respetar y amar nuestra democracia. Cómo entendemos esa democracia, es quizás donde nuestros acuerdos se comienzan a resquebrajar, y en particular, nuestra comprensión sobre el necesario respeto a los derechos humanos (DDHH) sin el cual, la democracia deja de serlo.

Las siguientes son cinco acciones para buscar un mayor entendimiento, respeto y acuerdos sobre los DDHH. No son las únicas que se deben tomar, ni son soluciones para las principales violaciones a los derechos humanos que viven muchos costarricenses. Tampoco le corresponden exclusivamente al Ejecutivo, pero su liderazgo en torno a ellas, es necesario.

Tomárselos en serio

En Costa Rica hay un grupo fuerte de personas defensoras de DDHH que hacen una defensa comprometida y estratégica desde múltiples trincheras. Ellas contrastan con no pocos políticos, funcionarios y actores sociales quienes utilizan los derechos humanos como elemento discursivo para legitimar una posición o imagen, invocando postulados que hasta los contradicen o niegan. La última campaña política y algunos de los planes de gobierno propuestos sirven de ejemplo. En otras ocasiones, se utilizan con la mejor intención, pero con poco contenido o desconociendo sus implicaciones.

Los DDHH no son aspiraciones, ni ideales. Son tan concretos como sus violaciones: el hambre, el desempleo, la violencia, la discriminación, etc. Son obligaciones y límites mínimos en el ejercicio del poder público que resguardan, frente al Estado, una dignidad que compartimos todas las personas, para poder desarrollar un proyecto de vida digno, en condiciones de igualdad, con libertad y sin temor.

Los DDHH no son lo que quien ejerza el poder, o la mayoría, convenientemente consideren. No son un catálogo para escoger a gusto, ni se priorizan en “generaciones”. Se deben garantizar en su totalidad para todas las personas. Son obligaciones concretas, específicas, acordadas, y hechas Ley por la comunidad internacional -incluido nuestro país-, la cual se torna en su garante. Para ello, se ha creado un conjunto de mecanismos de protección a los que cada Estado se somete libremente, en ejercicio de su soberanía, para asegurar un recurso internacional cuando un país falla en proteger a sus habitantes.

Un abordaje desde los DDHH no se agota con una cita de un tratado en un plan institucional o de desarrollo, sino que exige participación, transparencia, rendición de cuentas, no discriminación, reconocimiento de las personas como titulares de derechos, empoderamiento de las comunidades, respeto al Estado de derecho y acceso a la justicia.

Quién quiera gobernar sin obligarse a respetar todos los DDHH para todas las personas, ni las exigencias para su implementación, y sin aceptar a la comunidad internacional como garante en beneficio de la población, lo hará como un tirano.

Reducir la brecha entre los compromisos internacionales y la realidad nacional

Todos los países, sin excepción, acarrean una brecha entre sus compromisos internacionales y la realidad al interior de sus fronteras. Todos están llamados a reducirla.

Se debe abandonar la idea de que los DDHH son materia de política exterior y responsabilidad exclusiva de Cancillería. De nada sirve un emotivo discurso del Canciller en Ginebra contra el comercio de instrumentos de tortura, cuando los funcionarios de las aduanas ticas ignoran que, en razón de ello, deben impedir la entrada de ciertos químicos e instrumentos. Lamentablemente, no hay una oficina gubernamental que asegure esa implementación (la Defensoría de los Habitantes como órgano de control, puede exigirlo, pero no puede sustituir al Estado en esa labor). La Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos como mecanismo de implementación de DDHH aún queda debiendo, por lo que debe revisarse, agilizarse y volverse más efectiva. El resto de instituciones estatales, sin excepción, también deben contar con mecanismos de implementación.

Es necesaria, además, una mayor transparencia e información sobre los compromisos que Cancillería asume en nombre y beneficio de las y los costarricenses, para que podamos exigir su cumplimiento.

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Fortalecer el control de convencionalidad

Todo el sector público y sus funcionarios están obligados a asegurar que el ejercicio de la función pública se da en consonancia con las obligaciones de DDHH. Este control no es una función exclusiva de la Sala Constitucional. La ingeniera del ICE, el enfermero de la CCSS, el auditor de la Contraloría, la jueza penal, y el orientador del liceo, deben ejercer su función garantizando los DDHH.

El control de convencionalidad exige que la normativa interna de las instituciones y las políticas públicas cumplan con estándares de DDHH. En esto tenemos rezagos imperdonables. Las políticas de vivienda no son acordes con los contenidos del derecho humano a la vivienda digna. La CCSS no cuenta con estándares que le aseguren como garante del derecho humano a la salud ni de los contenidos del derecho universal a la seguridad social. En materia de derecho al trabajo, el país carece de seguros por desempleo. Y así podríamos seguir institución por institución y sector por sector identificando omisiones importantes.

Educar en derechos humanos

Todo lo anterior exige educación en derechos humanos (EDH). La última campaña política dio mil y un ejemplos de las carencias de EDH en todos los niveles y sectores.

Mientras en Ginebra Costa Rica lidera la negociación de una resolución sobre el derecho a la EDH, en el país no hemos implementado ninguno de los planes quinquenales del Programa Mundial de Educación en Derechos Humanos que se vienen promoviendo desde el año 2005. Es decir, Costa Rica lleva por lo menos 13 años de rezago, mientras le pide al resto del Mundo asumir compromisos que ignora.

Las universidades tienen una responsabilidad mayúscula. Buena parte de las facultades de derecho, donde se forman jueces y fiscales, carecen de formación en DDHH ¿Cómo van a abordar los docentes la EDH si en las carreras de Educación no se les forma al respecto? Los médicos tampoco serán conscientes de su obligación de garantizar el derecho a la salud -y la dignidad de cada paciente- sin EDH.

Adoptar un plan nacional de acción en derechos humanos

Costa Rica adoptó la Declaración de Viena de Derechos Humanos en 1993, que recomienda a todos los países la adopción de un plan nacional de acción en derechos humanos. 25 años después, en nuestro país, seguimos esperando.

La elaboración de un plan de acción es una oportunidad para cumplir con todos los puntos anteriores, convocar a acuerdos a múltiples actores -en especial a la sociedad civil-, asignar responsabilidades de derechos humanos a las instituciones y abordar múltiples temas desde una perspectiva de derechos humanos para asegurar un mínimo de bienestar y dignidad para todos y todas.