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¿Por qué se discutió tanto el caso de las paredes rayadas, por las mujeres manifestándose el 8 de marzo, y al mismo tiempo se supo tan poco de los múltiples femicidios que sucedieron la misma semana, incluyendo uno donde una mujer fue carbonizada en Liberia?

Desde la perspectiva de mi formación profesional como arquitecta-urbanista, es muy simple. Se trata de lo que nos enseñan en los primeros cursos de distribución espacial: la división entre lo público y lo privado. Los espacios han sido históricamente diseñados para mantener niveles de privacidad según su función. Pero esto no es más que un ejercicio de control, y como bien sabemos, el control es poder.

Así es como la arquitecta Z. Muxí en su libro Arquitectura y política ilustra muy bien cómo, históricamente, las mujeres fuimos relegadas al hogar y separadas de la actividad pública. Los grandes edificios monumentales en donde suceden los máximos encuentros de tomadores de decisiones político-sociales se encuentran en lugares estratégicos y céntricos, a la vista de todos los transeúntes, generalmente rodeados de espacios públicos de igual escala.

Un espacio público es un lugar para mostrarnos e interactuar con otras personas. Es ahí en donde existe la posibilidad de entablar relaciones, las cuales pueden beneficiar las condiciones para que nuestras ideas e influencias vayan más allá de nuestra cabeza. Es un lugar para la acción y retroalimentación. Es el sitio en donde se controla la comunicación y se filtra qué información de lo que pasa en lo privado se quiere compartir. El modelo histórico de diseño de ciudad, pensado por hombres y para hombres, crea una configuración espacial que resulta en que las mujeres tengamos miedo a salir a la calle solas después de ciertas horas, que nos sintamos inseguras en los espacios públicos. Esto restringe nuestra participación en donde ocurre la incidencia política y social.

Por supuesto que es incómodo y chocante para quienes ejercen el control de la toma de decisiones. Les asusta que un grupo de mujeres altere la imagen del centro de San José, con palabras que hablan sobre las injusticias y desigualdades de las instituciones contra nosotras. Para muchos actores sociales, ver a cientos de mujeres que decidieron tomar las calles públicas y expresar su disconformidad, es amenazante de cierto modo porque no es usual, no es lo normal. Por el contrario, el maltrato y silenciamiento sistemático de las mujeres es tan normalizado en nuestra sociedad, que escuchar de una mujer más que fue mandada a callar para siempre, no ocasiona tanto malestar ni revuelo cuando la matan en un lugar privado (su casa) fuera del Área Metropolitana.

Esa es la lógica de las decisiones políticas de la que habla G. Borja, sobre lo que se promueve y lo que se oculta; lo que se visibiliza y lo que se ignora para ejercer control. Las paredes rayadas indignan porque son propiedad privada de instituciones públicas y religiosas, que además están a la vista pública. En cambio, los cuerpos de las mujeres son propiedad privada (quizás la única que nos queda) registrada bajo un nombre femenino ¿No les parece sospechoso, que existan propuestas de cambiar al Instituto Nacional de la Mujer por uno de la familia? La palabra “mujer” por sí misma causa incomodidad porque nos visibiliza, sobre todo en una institución que nos ofrece protección, incluso, en el ámbito privado.

Como arquitecta-urbanista feminista disfruto y celebro enormemente a las miles de mujeres que pusimos la cara y el cuerpo en las calles de nuestra capital el pasado jueves. Lo hicimos porque decidimos trascender esa restricción histórica de confinarnos a lo privado, íntimo y pasivo.

Usamos el espacio público porque ya no vamos a aceptar que se siga negando la existencia de nuestros cuerpos, que se siga restringiendo la expresión de nuestras ideas y la posibilidad de establecer vínculos que nos coloquen finalmente en puestos toma de decisiones para ponernos en un lugar equivalente a la población masculina, en salario, derechos y respeto.