La delegación oficial también aseguró que la Asamblea acató a la Sala IV; la relatora de la ONU cuestionó la reevaluación de candidaturas a suplentes.
Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el representante de Costa Rica ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Arnoldo André Tinoco, afirmó este lunes que entre 2022 y 2026 ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo han promovido que una persona juzgadora sea sancionada, trasladada o separada de su cargo por el contenido de sus resoluciones. En agosto, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez Fallas, y diputados de Pueblo Soberano presentaron una querella por presunto prevaricato contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional por la resolución que prorrogó los nombramientos de sus suplentes.
André intervino en la audiencia sobre la situación de la independencia judicial en Costa Rica, celebrada en Ciudad de Panamá dentro del 197 periodo de sesiones de la CIDH. La solicitaron la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Plataforma Internacional contra la Impunidad y el Programa ACTuando Juntas Jotay. También participó la relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, quien en agosto formalizó ante el Gobierno sus preocupaciones sobre la situación del Poder Judicial.
Las organizaciones expusieron lo que describieron como estrategias convergentes contra la independencia judicial: discursos de estigmatización contra personas juzgadoras, el uso del presupuesto como mecanismo de presión y el bloqueo a la elección de magistraturas suplentes de la Sala Constitucional. Recordaron, entre otros episodios, que la presidenta Laura Fernández Delgado calificó de “golpistas” a magistrados de esa Sala.
Junto a André expuso el director del despacho presidencial, Alexander Astorga Monge. La delegación rechazó que exista una política estatal dirigida a menoscabar la independencia judicial y defendió que las críticas del Ejecutivo a decisiones judiciales forman parte del debate democrático. André lo resumió así:
Discrepar no es desacatar. Criticar no es interferir”.
La transmisión completa de la audiencia está disponible en el canal de la CIDH.
El fallo de la Sala IV y las suplencias
Como prueba de respeto a los tribunales, André citó que la Sala Constitucional resolvió este año contra la Asamblea Legislativa y que esa decisión “se acató y ejecutó”. Se refería a la resolución del 30 de julio, aprobada por cuatro votos contra tres, que anuló las devoluciones de la nómina de 18 candidaturas, ordenó que el Plenario la conociera “en la próxima oportunidad posible” y prorrogó de forma temporal a los suplentes cuyo nombramiento venció el 16 de diciembre de 2025. André omitió mencionar que un día después de que trascendiera el fallo la presidenta de la república acusó a la Sala Constitucional de perpetrar un “golpe de Estado”.
El representante de Costa Rica ante la OEA tampoco mencionó que el 29 de setiembre 27 diputaciones oficialistas aprobaron devolver la nómina a la Comisión de Nombramientos en lugar de votarla. Las cuatro fracciones de oposición anunciaron una gestión de desobediencia ante la Sala. El diputado oficialista José Miguel Villalobos Umaña sostuvo que el fallo se cumplió porque el Plenario conoció el expediente y el Reglamento permite trasladarlo a comisión. El 21 de octubre, la comisión aprobó finalmente una metodología para evaluar las 24 candidaturas, incluidas las 18 que ya había examinado la integración legislativa anterior.
André sí atribuyó parte del atraso a la Corte Suprema de Justicia: afirmó que se pretendía obligar al Congreso a nombrar con una nómina incompleta, pues la lista de 24 personas para las 12 plazas se completó hasta octubre. La Corte Plena escogió el 5 de octubre las seis candidaturas que faltaban. En su sentencia, la Sala Constitucional recordó que desde 2013 sostiene que la Asamblea debe escoger de la nómina remitida y no puede devolverla para exigir otra.
La relatora Satterthwaite se refirió expresamente a la decisión del 21 de octubre. Dijo no prejuzgar sus razones, pero advirtió que los estándares de su mandato desaconsejan cambiar criterios a mitad de un proceso y exigen decisiones motivadas y oportunas. Pidió al Estado aclarar sus salvaguardas, recomendó adoptar un mecanismo para evitar que los bloqueos paralicen los tribunales y subrayó que las prórrogas temporales deben mantenerse como excepción.
La querella y los señalamientos contra jueces
Satterthwaite señaló que los magistrados que respaldaron la prórroga enfrentan una denuncia y afirmó que los desacuerdos jurídicos deben resolverse por las vías judiciales, no mediante procesos penales usados para presionar.
La relatora también mencionó el caso de la jueza de ejecución de la pena Kattia Carballo. Recordó que según la información recibida por su mandato, la jueza fue señalada en conferencias de prensa oficiales tras dictar resoluciones sobre condiciones carcelarias y que su nombre y fotografías circularon públicamente. Carballo denunció amenazas contra ella y su familia e ingresó a un programa de protección. En abril fue agredida por un vecino cerca de su vivienda en Heredia.
Por su lado, Astorga reconoció que el Gobierno ha sido crítico con decisiones puntuales de jueces de ejecución de la pena, lo que enmarcó en la rendición de cuentas que exige el artículo 11 de la Constitución. Defendió además la difusión de esas resoluciones con base en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protege el acceso a la información, y aseguró que el Ejecutivo condena cualquier represalia.
Del lado de la judicatura, el juez de ejecución de la pena Mario Rodríguez Arguedas, de Acojud, cuestionó que se responsabilice a los jueces por la inseguridad y presentó cifras que, según dijo, contradicen el discurso de liberaciones masivas.
Presupuesto: 1,95% o 7,5%
En materia presupuestaria, André sostuvo que el Estado cumple el artículo 177 de la Constitución, que garantiza al Poder Judicial al menos el 6% de los ingresos ordinarios. Según dijo, el proyecto para 2027 le asigna el 6,87% de esos ingresos y su asignación baja 1,95%, mientras los ingresos corrientes estimados caen 2,35%. Agregó que los límites de gasto se comunicaron con oficios idénticos a la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes y el Tribunal Supremo de Elecciones.
La presidenta de Acojud, Adriana Orocú Chavarría, aludió a un recorte de 7,5%, cercano a los ₡40.000 millones. Explicó que la mayor parte de ese monto quedaría bloqueada hasta cumplir condiciones aplicables solo al Poder Judicial: una certificación de la Contraloría, la aprobación de Corte Plena, el aval de la Comisión de Asuntos Hacendarios y, finalmente, la votación del Plenario, donde el oficialismo tiene mayoría, todo sin plazos definidos.
Orocú advirtió que el bloqueo impediría nombrar en propiedad unas 2.463 plazas ocupadas de forma interina y recordó que el Poder Judicial ha anunciado afectaciones al Organismo de Investigación Judicial, a la Defensa Pública y al programa de protección de víctimas y testigos.
En efecto, ambas cifras miden cosas distintas. El proyecto de Hacienda recorta ₡10.552 millones y mantiene congelados otros ₡29.843 millones hasta que el Poder Judicial cumpla una serie de condiciones. Según un cálculo de Delfino.CR sobre el presupuesto judicial de 2026, el recorte directo equivale aproximadamente al 1,95% que citó el Estado; si se suman los fondos congelados, la reducción de recursos disponibles sin condiciones ronda el 7,5% que planteó Acojud.
Satterthwaite centró su señalamiento en esas condiciones. Advirtió que el acceso a unos ₡29.800 millones dependería de certificaciones adicionales, aprobaciones legislativas y autorización del Ministerio de Hacienda sin plazo definido, y afirmó que el Estado debe proveer recursos adecuados sin dejar servicios esenciales de justicia sujetos a aprobaciones discrecionales. La Dirección Jurídica del Poder Judicial ya había advertido una posible inconstitucionalidad en esas normas, incorporadas sin conocimiento previo de la Corte.
Astorga respondió que el Poder Judicial no ha utilizado, para el presupuesto ordinario, el mecanismo que el artículo 177 prevé para resolver discrepancias. Ese mismo artículo establece que, en caso de conflicto, decide definitivamente el presidente de la República.
Seguridad y Fuerza Élite
Astorga también atribuyó parte de las críticas del Gobierno a la ausencia del Poder Judicial en el Consejo Nacional de Seguridad y en la llamada Fuerza Élite, que la presidenta convoca cada lunes: “Se convocaron y decidieron no asistir, hemos hecho llamados al diálogo para proponer alternativas de soluciones a la temática de la seguridad, y no han asistido ni tenido una participación activa, de ahí que se han hecho algunos cuestionamientos hacia que necesitamos buscar soluciones en conjunto, no obstante no vemos una voluntad por parte del Poder Judicial para acudir a esos espacios”.
Astorga concluyó su intervención diciendo que:
Desde el Poder Ejecutivo en ningún momento se ha hablado de represalias, obviamente es algo que condenamos, nosotros somos un país de paz y es algo que siempre vamos a defender”.
Qué sigue
Las audiencias temáticas de la CIDH no determinan responsabilidad internacional de los Estados; son un mecanismo de monitoreo. El segundo vicepresidente de la Comisión y relator para personas defensoras y operadores de justicia, José Luis Caballero, anunció que la CIDH prepara para fin de año un informe regional sobre la situación de las personas operadoras de justicia, centrado en nombramientos por mérito, estabilidad en el cargo y ausencia de criminalización y estigmatización.
Caballero cerró la sesión destacando lo dicho previamente por el jefe de despacho de la presidenta Fernández:
Decía el funcionario Alexander Astorga que Costa Rica es un país de paz. Me quedo con eso, que condena cualquier forma de represalia, que evita un debilitamiento del poder judicial con estigmatización y represalias”.
Las organizaciones solicitantes por su lado pidieron a la CIDH exhortar a la Asamblea Legislativa a nombrar sin dilaciones las magistraturas suplentes, recordar al Estado su deber de garantizar recursos suficientes al Poder Judicial, incluir la situación en su informe anual y valorar una visita de trabajo a Costa Rica.
La nómina final de 24 candidaturas para las 12 suplencias de la Sala Constitucional permanece en la Comisión de Nombramientos. El pasado 16 de octubre se cumplió un año desde que la Corte de Justicia remitió a la Asamblea Legislativa 18 candidaturas para llenar 9 plazas de magistraturas suplentes en la Sala Constitucional. En diciembre de 2025 la Sala advirtió del riesgo de enfrentar un cierre técnico y urgió al Poder Legislativo a nombrar las suplencias. Al día de hoy el congreso no ha llenado una sola vacante.