Pueblo Soberano los acusa de presunto prevaricato.
La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, y diputados del oficialista Partido Pueblo Soberano presentaron este lunes una querella por supuesto prevaricato contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional que votaron a favor de prorrogar temporalmente los nombramientos vencidos de las magistraturas suplentes.
La acción se dirige contra Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Ingrid Hess Herrera y Jorge Araya García, quienes integraron la mayoría en una votación dividida de cuatro contra tres. El oficialismo llevó la querella a la Secretaría de la Corte Plena, aunque no facilitó una copia del documento a los medios de comunicación.
La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo presentado por una persona cuyos asuntos no podían resolverse debido a impedimentos de magistraturas propietarias y a la falta de suplentes. El tribunal dejó sin efecto la devolución legislativa de la nómina de candidaturas, ordenó que el Plenario retome la elección y prorrogó los nombramientos vencidos solo para atender casos urgentes e indispensables mientras el Congreso designa nuevas suplencias.
Las magistraturas suplentes terminaron su periodo el 16 de diciembre de 2025, mientras que la Corte Plena remitió desde octubre de ese año una lista de 18 candidaturas para cubrir nueve puestos. La Asamblea Legislativa todavía no concreta la elección y el oficialismo impulsó en dos ocasiones la devolución de la nómina.
Jiménez sostuvo que la mayoría de la Sala Constitucional asumió atribuciones que la Constitución reserva al Poder Legislativo:
Esta ha sido una clara usurpación de competencias de los magistrados de la Sala Constitucional ante las competencias de la Asamblea Legislativa”.
La presidenta legislativa aseguró que el oficialismo confía en obtener una resolución favorable y acusó a la Sala de exceder sus potestades durante varios años. También pidió respaldo a las personas simpatizantes que acompañaron la presentación de la acción.
La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, afirmó que las 31 diputaciones oficialistas suscribieron la querella y calificó la resolución como un ataque contra la división de poderes. La mandataria sostuvo que las magistraturas actuaron como “jueces y parte” y pidió a la Corte Plena darle trámite inmediato al reclamo.
Jamás cuatro magistrados usurpadores de nuestra democracia, jamás cuatro magistrados usurpadores de la división de poderes, usurpadores de la democracia, van a poder imponerse a 31 diputados”.
La mandataria también señaló que guardar silencio ante la sentencia implicaría permitir el deterioro del orden democrático. Sin embargo, la resolución cuestionada no efectuó nuevos nombramientos ni escogió a las personas que ocuparán definitivamente los cargos, sino que extendió provisionalmente las designaciones anteriores para evitar la paralización del tribunal en asuntos excepcionales.
El exmandatario Rodrigo Chaves llamó “filibusteros” y “traidores de la patria” a los cuatro magistrados, además de acusarlos de interpretar la Constitución según su voluntad. Chaves también pidió a la población mantenerse preparada para una eventual convocatoria contra los integrantes de la Sala.
Estén listos para cuando sea necesario hacer el llamado al dueño de esta patria, para que le venga a poner orden y manifieste su enojo con estos cuatro traidores de la patria”.
Chaves mencionó por sus apellidos a Rueda, Cruz y Hess, pero dijo que no recordaba el nombre del cuarto magistrado, Jorge Araya. Además, afirmó que las restricciones migratorias impuestas por Estados Unidos a algunos jueces obedecen a que ese país los considera un peligro para su estabilidad.
Araya rechazó previamente que la sentencia constituyera un golpe de Estado y sostuvo que la decisión buscó restablecer el funcionamiento de la justicia constitucional. El magistrado también consideró prudente esperar el texto íntegro de la resolución antes de formular acusaciones contra quienes conformaron la mayoría.