Margaret Satterthwaite señaló ataques contra personas juzgadoras, el atraso en nombramientos de la Sala Constitucional y restricciones presupuestarias. La comunicación fue enviada al Gobierno en agosto.
La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, formalizó y amplió en una comunicación dirigida al Gobierno de Costa Rica las preocupaciones que había expresado durante este año sobre la situación del Poder Judicial.
En el documento, remitido el pasado 17 de agosto y hecho público recientemente, Satterthwaite señaló información que, según indicó, apunta a un “patrón cada vez más marcado de presión sobre el poder judicial”, reflejado en ataques y señalamientos contra personas juzgadoras, atrasos en nombramientos judiciales, restricciones presupuestarias y cuestionamientos vinculados con el contenido de resoluciones judiciales.
Satterthwaite indicó que una de sus principales preocupaciones corresponde al caso de la jueza de Ejecución de la Pena de Alajuela Kattia Carballo Chaves, quien sufrió una agresión física el pasado 17 de abril.
La relatora aclaró que sus consideraciones parten de información recibida y que no prejuzga la exactitud de las alegaciones. Sin embargo, afirmó que, de confirmarse, la agresión contra Carballo y los actos previos de intimidación y estigmatización vinculados con sus decisiones judiciales podrían constituir una injerencia indebida en la independencia judicial.
Me preocupan especialmente las alegaciones de que altos funcionarios públicos podrían haber contribuido, mediante declaraciones públicas dirigidas contra la jueza, a este entorno de hostilidad que incrementó los riesgos para su seguridad personal”.
Carballo había sido objeto de críticas públicas por parte del entonces presidente Rodrigo Chaves Robles y autoridades de su Gobierno debido a resoluciones relacionadas con las condiciones de personas privadas de libertad. Tras la agresión, el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, sostuvo que atacar a una persona juzgadora por desacuerdo con sus resoluciones constituía una afrenta contra la independencia judicial.
Chaves rechazó posteriormente que el ataque tuviera motivaciones políticas y sostuvo que se trataba de un conflicto vecinal. También cuestionó públicamente las declaraciones de Aguirre.
Nombramientos de Sala IV también preocupan a relatora
La comunicación también aborda el prolongado atraso de la Asamblea Legislativa en el nombramiento de las magistraturas suplentes de la Sala Constitucional.
Satterthwaite señaló que le preocupan los reportes de votaciones en blanco y las devoluciones de la nómina de candidaturas enviada por la Corte Suprema de Justicia, particularmente cuando esas decisiones no fueron acompañadas de explicaciones sobre problemas en la idoneidad de las personas postulantes.
La relatora recordó que los retrasos prolongados en la designación de personas juzgadoras pueden generar vacíos institucionales y afectar el acceso a la justicia.
Su comunicación también hace referencia a la decisión de la Sala Constitucional de extender temporalmente los nombramientos de magistraturas suplentes ante la falta de designaciones legislativas y a la posterior reacción de sectores oficialistas, que calificaron esa resolución como un “golpe de Estado” y promovieron acciones penales contra las magistraturas que la respaldaron.
Satterthwaite recordó que, de acuerdo con estándares internacionales, las personas juzgadoras no deben enfrentar responsabilidad penal simplemente por el contenido de resoluciones emitidas de buena fe en ejercicio de sus funciones.
Advierte sobre presión presupuestaria
Otro de los componentes de la comunicación corresponde al financiamiento del Poder Judicial.
La relatora hizo referencia a las reducciones presupuestarias impulsadas durante 2026 y a recursos previamente aprobados para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público que, según la información recibida por su despacho, fueron posteriormente retenidos.
Quisiera destacar al Gobierno de Su Excelencia el impacto adverso que los recortes presupuestarios tienen en el funcionamiento autónomo de la judicatura”.
Satterthwaite advirtió que reducciones presupuestarias utilizadas como respuesta a actuaciones realizadas en el ejercicio normal de las funciones judiciales podrían comprometer la independencia del Poder Judicial.
En agosto pasado, la Asociación de Abogados de la Ciudad de Nueva York también había pedido a la Relatoría de Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dar seguimiento a la situación costarricense, al expresar preocupación por las decisiones presupuestarias y el atraso en los nombramientos de la Sala Constitucional.
Relatora pide respuestas al Estado
La comunicación contiene ocho solicitudes de información al Gobierno costarricense.
Entre ellas, Satterthwaite pidió conocer el estado de las investigaciones por la agresión contra Carballo; las medidas adoptadas para proteger a jueces, fiscales y otras personas operadoras de justicia; información sobre amenazas y ataques contra integrantes del sistema judicial; y acciones para garantizar que funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que puedan poner en riesgo la independencia judicial.
También solicitó información sobre las medidas tomadas para completar los nombramientos pendientes y garantizar un presupuesto adecuado para el Poder Judicial.
La relatora recordó que las críticas a las decisiones judiciales son legítimas en una sociedad democrática, pero marcó una diferencia entre el desacuerdo público y las presiones provenientes de autoridades estatales:
En una democracia es de esperarse que haya desacuerdos entre los funcionarios del gobierno, y que en una sociedad abierta es legítimo criticar algunas decisiones judiciales. Sin embargo, los actos de presión o intimidación resultan especialmente preocupantes cuando proceden de funcionarios y exfuncionarios del gobierno”.
Satterthwaite fue nombrada relatora especial por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2022. La comunicación de agosto de 2026 da continuidad a otras advertencias formales dirigidas al Estado costarricense: la AL CRI 3/2024, del 4 de diciembre de 2024, sobre presuntas interferencias con la independencia del Poder Judicial; y la AL CRI 3/2025, del 12 de mayo de 2025, relacionada con señalamientos contra Acojud, posibles represalias e injerencias indebidas. La AL CRI 3/2026, del 17 de agosto de 2026, amplía ahora esas preocupaciones a otros episodios y aspectos del funcionamiento del Poder Judicial..