La mandataria insistió en que cuatro magistrados dieron un "golpe a la institucionalidad" y rechazó que su Gobierno pretenda atacar o debilitar al Poder Judicial.
La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, defendió este viernes sus declaraciones en las que acusó a cuatro magistrados de la Sala Constitucional de propiciar un "golpe de Estado", un día después de la multitudinaria protesta realizada en defensa de la democracia, la división de poderes y el Poder Judicial.
Fernández se refirió al tema durante una atención a la prensa posterior a la inauguración de la Delegación Policial de La Guácima de Alajuela, luego de que la periodista Michelle Campos, de Teletica, le consultara por las repercusiones que sus declaraciones pueden generar para la imagen del país y la confianza de inversionistas, a raíz de que medios internacionales hicieron eco de las acusaciones de "golpe de Estado" que hizo la mandataria.
La presidenta rechazó que sus palabras generen incertidumbre y aseguró que los indicadores que maneja sobre inversión, empleo, turismo, exportaciones y actividad económica muestran una evolución favorable. Seguidamente, sostuvo que mantiene su caracterización de lo ocurrido con la Sala Constitucional.
La presidenta argumentó que existen “golpes de Estado institucionales” cuando alguno de los poderes de la República utiliza sus competencias para afectar la independencia o autoridad de otro. Bajo esa interpretación, aseguró que la resolución adoptada por cuatro magistrados de la Sala Constitucional constituyó una intromisión en las competencias de la Asamblea Legislativa.
Fernández hacía referencia al fallo mediante el cual la Sala Constitucional dispuso extender temporalmente el nombramiento de magistraturas suplentes para atender asuntos urgentes e indispensables, mientras el Congreso realiza la designación de nueve puestos suplentes que están vacantes desde diciembre del 2025. La decisión provocó una fuerte reacción del oficialismo, que posteriormente presentó una querella por presunto prevaricato contra los cuatro magistrados que respaldaron la resolución.
La presidenta también recurrió al resultado de las elecciones nacionales para defender la legitimidad política del Ejecutivo y de la bancada oficialista, recordando que recibió más de 1,2 millones de votos y que Pueblo Soberano obtuvo 31 de las 57 diputaciones de la Asamblea Legislativa.
Entonces, cuando a mí me elige más de un millón doscientas mil personas con una fracción legislativa de ese tamaño y vienen cuatro magistrados que no los eligió el pueblo a sacar una resolución que no se las permite la Constitución y ninguna ley de la República, por supuesto que yo como presidente y persona que cree firmemente en la democracia y en la división de poderes, me preocupo, me preocupo muchísimo y es mi deber levantar la voz, por lo que no está bien”.
Fernández insistió en que, desde su perspectiva, aceptar este tipo de resoluciones sin cuestionarlas implicaría debilitar el sistema institucional costarricense.
Porque si nosotros aceptamos estos golpes del Poder Judicial y los normalizamos, empezamos a consentir un debilitamiento de la institucionalidad”.
Las declaraciones se produjeron un día después de que miles de personas se concentraran en la Plaza de la Democracia, en San José, y en otros puntos del país, en una manifestación convocada por sindicatos, organizaciones sociales, universidades y otros sectores en respaldo del Poder Judicial y de la división de poderes. Durante la actividad, participantes cuestionaron las críticas y acciones impulsadas por el oficialismo contra la Corte Suprema de Justicia y la Sala Constitucional.
Fernández respondió directamente a esos cuestionamientos y rechazó que su Gobierno pretenda ejecutar alguna acción contra el Poder Judicial.
Los señores que marchaban ayer, y usted lo menciona indicaban que yo quiero hacerle un golpe al Poder Judicial. Mire, todo lo contrario”.
Fernández aseguró finalmente que las diferencias que mantiene con las autoridades judiciales no responden a una intención de cerrar ese poder de la República o desconocer el ordenamiento jurídico.
Yo no tengo ningún deseo ni de atacar al Poder Judicial, ni de cerrarlo, ni de violar ninguna ley”.
Foto: Victoria Miranda.