La mandataria y 24 diputados anunciaron una querella por prevaricato contra los cuatro magistrados que respaldaron la prórroga de los nombramientos suplentes.
La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, y 24 diputados oficialistas calificaron como un “golpe de Estado” la decisión de la Sala Constitucional de prorrogar provisionalmente los nombramientos de las magistraturas suplentes cuyos periodos vencieron el 16 de diciembre de 2025.
En un mensaje difundido desde Casa Presidencial, la mandataria y los legisladores también anunciaron que el lunes presentarán una querella por el presunto delito de prevaricato contra los magistrados Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Ingrid Hess Herrera y Jorge Araya García, quienes integraron la mayoría que respaldó el fallo.
La Sala IV adoptó la decisión mediante la resolución 2026-13498, correspondiente al expediente 26-13498-0007-CO, tras declarar con lugar un recurso de amparo presentado contra la Asamblea Legislativa. La prórroga regirá mientras el Congreso elige a las nuevas personas suplentes y solo permitirá utilizar magistraturas suplentes en asuntos considerados urgentes e indispensables.
El tribunal también dejó sin efecto los acuerdos legislativos dirigidos a devolver la nómina y solicitar una lista nueva a la Corte Suprema de Justicia. Además, ordenó a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez Fallas, coordinar las actuaciones necesarias para que el Plenario conozca las candidaturas en la próxima oportunidad posible.
Fernández sostuvo que la Sala Constitucional invadió competencias que la Constitución Política asigna al Poder Legislativo.
Esto es, ni más ni menos que un golpe de Estado de un sector del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa, el único autorizado para nombrar y destituir a los magistrados".
La presidenta afirmó que la resolución violenta el principio de división de poderes y citó los artículos 9, 11, 121, 154, 157, 158 y 164 de la Constitución Política. También llamó “magistrados golpistas” a los cuatro integrantes de la mayoría y afirmó que la Sala se atribuyó facultades que, según su interpretación, no le concede el ordenamiento jurídico.
El jefe de fracción oficialista Nogui Acosta Jaén llamó a la ciudadanía a defender la Constitución y el Estado de derecho frente a la decisión judicial:
El pueblo de Costa Rica debe defender valerosamente la Constitución Política y el Estado de Derecho, hoy fracturado por cuatro magistrados golpistas y todos sus cómplices, que lo único que pretenden es proteger los intereses de unos pocos en detrimento de todo el pueblo costarricense".
La presidenta legislativa también cuestionó la prórroga y aseguró que el artículo 158 constitucional le otorga a la Asamblea Legislativa la competencia para elegir a las magistraturas. La legisladora anunció que la acción contra los cuatro jueces se presentará ante la Secretaría de la Corte Plena:
Es por eso que el próximo lunes interpondremos una querella por prevaricato contra los magistrados golpistas Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Ingrid Hess Herrera y Jorge Araya García, ante la Secretaría de la Corte Plena".
La resolución se aprobó por cuatro votos contra tres. Fernando Castillo Víquez, Luis Fernando Salazar Alvarado y Anamari Garro Vargas salvaron el voto y declararon sin lugar el recurso. La mayoría fundamentó la intervención en la necesidad de evitar que la falta de suplentes impida resolver expedientes cuando las magistraturas propietarias se inhiban o resulten recusadas.
Con corte al 14 de julio, 123 expedientes permanecían sin resolver por inhibitorias o recusaciones. La Asamblea recibió en octubre de 2025 una nómina de 18 candidatos para llenar nueve plazas, pero no concretó ningún nombramiento después de once rondas de votación.