Combo constitucional
— El oficialismo presentó este martes cuatro reformas constitucionales. Una reconoce expresamente el derecho de las personas a controlar el uso, tratamiento y circulación de sus datos personales. Bien. El principio de autodeterminación informativa ya ha sido reconocido por la jurisprudencia y cuenta con protección legal, así que elevarlo expresamente a la Constitución es una discusión más que oportuna.
— Las otras tres, en cambio, aterrizan directamente sobre las instituciones con las que el Gobierno lleva semanas —en realidad años— sosteniendo un enfrentamiento cada vez menos disimulado: la Contraloría General de la República y el Poder Judicial.
— Empecemos por la Contraloría.
— La diputada oficialista Mayuli Ortega encabezó una reforma al artículo 184 de la Constitución para eliminar el control previo obligatorio sobre pagos, obligaciones y contratos del Estado. En adelante, la fiscalización sería “predominantemente posterior”, selectiva y basada en riesgos.
— En tico: la Contraloría dejaría de revisar ciertos contratos antes de que produzcan efectos y pasaría, principalmente, a examinarlos cuando ya fueron ejecutados, firmados o pagados.
— La reforma también elimina la aprobación previa de los presupuestos de las municipalidades y las instituciones autónomas. Las revisiones preventivas todavía serían posibles cuando exista interés público o riesgo fiscal, pero sus observaciones no tendrían carácter vinculante.
— Es decir, la Contraloría podría advertir: “Vean, por ahí no”. Y la Administración podría contestar: “qué bonito saludo a la bandera, gracias por participar”.
— Ortega asegura que no se pretende debilitar los controles, sino modernizarlos y responsabilizar directamente a los jerarcas por las consecuencias de sus actos. Según su planteamiento, el control previo atrasa proyectos y diluye responsabilidades: nadie decide porque todo el mundo espera el sello de Sabana Sur.
— Esa discusión existe y no debe menospreciarse. El control previo puede ser lento, rígido, duplicar revisiones y convertir trámites razonables en excursiones de varios años por la ya frondosa selva administrativa costarricense.
— Pero tampoco inventemos. Mayuli aludió a los casos de Ciudad Gobierno y la Marina de Limón, dos proyectos que la Contraloría frenó por advertir riesgos legales e irregularidades en sus procedimientos. Hizo las del ministro de Justicia el lunes cuando mandó por un tubo el convenio de audiencias virtuales con el Poder Judicial: ponerle sin reparo nombre y apellido al verdadero origen de la propuesta.
— En dos platos: no estamos frente a una reflexión académica surgida de la nada, sino ante una reacción política a controles concretos que incomodaron al Gobierno. Y ya hemos visto qué suele seguir cuando una institución de control le pone un alto.
— Hace una semana la propia presidenta Fernández pidió una reforma “fuerte y contundente” para que a la Contraloría no se le dejaran sus competencias “a la libre”. Ahora la propuesta está sobre la mesa.
— Podemos (y debemos) modernizar la fiscalización. Pero podemos (y debemos) señalar lo obvio: el control posterior puede determinar quién fue responsable después de que se perdió el dinero; el previo procura detectar y frenar riesgos antes de que eso ocurra. Ni es lo mismo ni es igual, decía Juan Luis Guerra.
— Si un contrato nace torcido, descubrirlo tres años después permite repartir responsabilidades, abrir expedientes, contratar abogados, redactar informes y anunciar que caerá todo el peso de la ley. Devolver la plata ya es otra historia...
— Pasemos al Poder Judicial, porque ahí la secuencia temporal es todavía más reveladora.
— La diputada Marta Esquivel encabeza una reforma para que la Asamblea Legislativa asuma de manera exclusiva la selección de las magistraturas suplentes. Hoy la Corte realiza el concurso, envía una nómina y el Congreso escoge entre las personas recomendadas. La propuesta fumiga la participación de la Corte y entrega a las diputaciones la convocatoria, evaluación, entrevistas y elección completa.
— ¿Hace falta recordar por qué estamos hablando de esto?
— El oficialismo rechazó durante meses elegir a cualquiera de las 18 personas incluidas en la nómina de suplentes de la Sala Constitucional. No explicó individualmente por qué todas eran inaceptables; simplemente exigió que la Corte enviara otros nombres.
— Como resultado, 123 expedientes quedaron sin resolución definitiva y la Sala terminó extendiendo temporalmente los nombramientos anteriores para no paralizarse.
— La reacción del Gobierno fue acusar a los magistrados de ejecutar un “golpe de Estado judicial”, presentar una querella contra cuatro de ellos y reiterar que la Corte debe cambiar la lista.
— Al día siguiente, la diputada que preside la Comisión de Nombramientos propone quitarle a la Corte toda participación futura en la elaboración de las nóminas para que sea la Asamblea Legislativa la que se encargue por completo del proceso.
— Diay...
— Algo simpático. El propio lunes doña Marta nos regaló algunas frases que, 24 horas después, palidecieron a la sombra de su propuesta de reforma constitucional. Aludiendo al procedimiento de elección de magistraturas dijo: “los políticos tradicionales han utilizado eso para nombrar a su antojo”. Aparentemente le faltó agregar “y yo ahora voy a proponer que nos resulte todavía más fácil”.
— ¿La otra frase? La dirigió a la diputada Sigrid Segura Artavia, a quien le dijo: “yo no le admito que usted venga a decir aquí que queremos nombrar a dedo”. Aparentemente le faltó agregar: “pero deme chance a mañana, que voy a proponer que todo el proceso quede en nuestras manos”.
— En fin...
— Por supuesto que el sistema de elección de magistraturas debe reformarse. ¡Lo hemos dicho mil veces en este medio! Hace siglos que se reclama mayor transparencia, mejores evaluaciones y menos negociación partidaria en los nombramientos judiciales. Pero por amor de todo lo que es sagrado: el remedio no puede ser peor que la enfermedad.
— Además, el higadazo en la propuesta es evidente. Están atravesando una crisis provocada por negarse a elegir, perdieron el pulso constitucional y acto seguido presentan una reforma para que la próxima vez todo el proceso quede bajo control de quienes se negaron a resolverlo.
— No hace falta inventar intenciones ocultas, la cronología habla bastante bien por sí sola.
— Pero ya ven, no todo es cabeza caliente y actuar temerario. La cuarta propuesta de reforma constitucional presentada por el oficialismo modifica los artículos 158 y 159 de la Constitución para nombrar a las magistraturas por un único período de 15 años, sin reelección; elevar de 35 a 45 años la edad mínima y exigir 20 años de ejercicio profesional.
— Hay elementos más que defendibles ahí. El actual sistema de reelección “automática” ha terminado traduciéndose, en la práctica, en nombramientos casi vitalicios, incluso en casos —que han sobrado— de altos jueces seriamente cuestionados.
— Nuestros constitucionalistas quisieron proteger a las magistraturas del manoseo político, gesto más que comprensible peeeeeeero cualquiera en su sano juicio tiene claro que se les fue la mano con el blindaje. Y diay: tampoco así.
— Un período largo, único y sin reelección puede eliminar ese problema y de paso evitar exponer a las magistraturas al favor o al castigo de la Asamblea, fortaleciendo la independencia judicial.
— El golcito, sin embargo, viene en el transitorio: las personas que actualmente integran la Corte concluirían su período vigente y no podrían ser reelegidas. En otras palabras, la reforma no solo diseña el sistema del futuro... también programa la salida escalonada de toda la Corte actual.
— Sí, puede interpretarse como la consecuencia lógica de la reforma, pero de nuevo, el contexto importa. Recordemos la promesa de Chaves a líderes del sector evangélico:
Lo importante es que el pueblo de Costa Rica haya recuperado los dos poderes de la República, el Legislativo y del Ejecutivo, obviamente nos falta el Poder Judicial, y ante ustedes, y ante la presencia permanente de nuestro Señor, juro que yo daré el esfuerzo que pueda, y que doña Laura me deje, para también recuperar ese poder de la República”.
— Cierto que toda regla nueva necesita un punto de entrada pero esta consecuencia no es un detalle menor cuando la propuesta aparece en medio de una ofensiva política contra las magistraturas, al día siguiente de una querella y tras semanas de acusaciones de sabotaje, usurpación y golpe de Estado.
— A las tres reformas constitucionales ya comentadas debe sumarse otra iniciativa de ley para trasladar buena parte de las funciones administrativas, presupuestarias y disciplinarias de Corte Plena al Consejo Superior. Si el espíritu del texto realmente es que las magistraturas de las cuatro salas concentren su labor en el ejercicio de la función jurisdiccional soy el primero en aplaudirlo. Esta es una discusión de larga data, bienvenido su avance.
—Igual, ojo con ese texto, que la iniciativa revierte la reforma introducida por la Ley 10.325, que estableció que la votación para elegir a la Presidencia y Vicepresidencia de la Corte Suprema de Justicia debe ser pública, y vuelve a establecer que esa elección se realizará mediante votación secreta.
— Dicho lo cual... Visto por separado, cada proyecto admite una discusión técnica legítima: modernizar el control fiscal, transparentar nombramientos, limitar la reelección y descargar a la Corte de funciones administrativas. Vistos juntos y colocados sobre la mesa en este momento, el matiz cambia.
— El combo propone una Contraloría que no pueda detener previamente contratos estatales, una Asamblea con control absoluto sobre la selección de magistraturas suplentes, una Corte cuyos actuales integrantes salgan al vencer sus períodos y una cúpula judicial con menos poder administrativo.
— ¿Es ilegítimo proponerlo? No. Las reformas constitucionales existen precisamente para revisar la arquitectura del Estado y necesitarán de todos modos una tramitación larga, varias votaciones y mayorías que el oficialismo no tiene por sí solo.
— Pero tampoco nos pidan analizar la letra sin mirar quién sostiene el lápiz, cuándo empezó a escribir y qué pasó durante las semanas anteriores.
— El Gobierno ha dicho repetidamente que no pretende debilitar instituciones, sino corregir un sistema que considera lento, capturado e ineficiente. Perfecto. Esa posición es comprensiblemente popular.
— Lo que no puede hacer es pasar meses desacreditando personalmente a quienes ejercen los controles, celebrar cuando una resolución le favorece, denunciar un golpe cuando le perjudica y luego presentar como simple modernización la reducción de las potestades de esas mismas autoridades.
— Porque entonces el mensaje ya no es la necesidad de discutir la reforma particular, es uno mucho más simple: mientras el árbitro falle como quiero, respeto el partido. Cuando deja de hacerlo, me llevo la bola, denuncio al árbitro y propongo escoger yo al siguiente.
— Eeeeeen fin... extraño contraste nos dejó este martes: mientras desde la Asamblea se presentan reformas para reducir o redistribuir controles institucionales, un informe interno del Ministerio de Seguridad dado a conocer por La Nación nos recordó qué puede ocurrir cuando los controles reales fallan, los mandos no supervisan y las estructuras criminales aprenden a operar desde adentro.
— El documento alude a una posible infiltración criminal de grandes dimensiones en la Fuerza Pública de la Zona Sur. El estudio analizó a 122 policías y contiene observaciones inquietantes sobre 116...
— Si bien el propio informe advierte que lo documentado no constituye prueba judicial sí identifica escenarios gravísimos: 27 oficiales presuntamente relacionados con operaciones de narcotráfico, 44 presuntamente vinculados con una estructura de contrabando de licor y otros señalados por filtraciones, tráfico de migrantes y distintos delitos.
— El informe es de abril y cuatro meses después el Ministerio de Seguridad todavía no ha explicado qué hizo con semejante advertencia: cuántos casos remitió, cuántas investigaciones abrió, a quién reubicó y cuántas de las personas señaladas continúan en puestos sensibles.
— Ahí está la pregunta urgente. No si 116 policías son culpables —eso no lo sabemos—, sino si el Estado recibió en abril una alarma de semejante magnitud y actuó en consecuencia. Hoy, por supuesto, hay conferencia de prensa desde Zapote, así que es de esperar que don Gerald Campos Valverde, actual ministro de Seguridad, ofrezca las explicaciones del caso al país.
— Diay, la estaremos esperando. Y como siempre, les estaremos informando. Que pasen un buen miércoles, nos sintonizamos de vuelta mañana.
Bonus track: Asamblea aprueba ley que obliga a incluir pasos de fauna en la infraestructura pública del país.
Hidden track: Diputada oficialista propone autorizar el uso de dispositivos Taser por cuerpos policiales.
Asamblea Legislativa
Chavismo rechaza en comisión proyecto del FA para derogar régimen de pensiones de expresidentes
La Comisión de Asuntos Sociales rechazó este martes, por cinco votos contra tres, el proyecto que buscaba eliminar el régimen de pensiones para expresidentes de la República. Los cuatro diputados del Partido Pueblo Soberano votaron contra el expediente, junto con la liberacionista Iztarú Alfaro, quien explicó que su decisión respondió a una estrategia de procedimiento para permitir la presentación de un dictamen afirmativo de minoría y mantener abierta la posibilidad de que la iniciativa llegue al plenario. El texto proponía suprimir el beneficio para futuros exmandatarios y limitarlo, bajo determinadas condiciones económicas, para quienes ya lo reciben.
Los detalles en Barra de Prensa.
Reporte Internacional
Estados Unidos revoca visa a embajadora de Brasil en medio de disputa diplomática
El Gobierno del presidente Donald Trump revocó la visa de la embajadora de Brasil en Estados Unidos, Maria Luiza Ribeiro Viotti, como represalia por dos decisiones diplomáticas adoptadas por la Administración del mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Mientras tanto, las autoridades de Guatemala evacuaron a 1421 personas de 18 comunidades cercanas al Volcán de Fuego, cuya actividad eruptiva provocó la salida de lava, humo y ceniza y elevó el nivel de alerta en varias zonas del país. Por último, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, reorganizó su gabinete y eliminó dos ministerios antes de presentar un paquete de reformas con el que pretende responder a la crisis económica y a las críticas por la lentitud de su Gobierno.
Los detalles en el Reporte Internacional.
Botonetas
— Concierto: La Agrupación Folclórica Caña Brava y la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica (UCR), en el marco de la IV Conferencia de Dobles Cañas de Centroamérica y Panamá, llevarán a cabo el concierto de clausura de esta actividad académica y artística el próximo viernes 7 de agosto, a las 6:00 p.m., en el Centro de la Cultura e Innovación de Paraíso, ubicado en la Biblioteca de Paraíso.
— Academia: Foro analizará recuperación de territorios indígenas y denuncias de violencia contra comunidades originarias.
— Agenda cultural: El Teatro Popular Melico Salazar presenta agenda artística para agosto con conciertos, ballet y espectáculos para toda la familia.
— Historia: La Universidad de Costa Rica (UCR), por medio de la Cátedra de Estudios de África y el Caribe y la Comisión Rescate de Nuestra Memoria Histórica, realizará el próximo jueves 13 de agosto, a las 9:00 a.m., en la Sala de Audiovisuales de la Facultad de Ciencias Sociales la presentación del libro Rescatando la memoria: dos encuentros históricos afrocostarricenses 1978-1996, de Carmen Hutchinson.
— Música: La cantautora salvadoreña Carol Hills y la artista colombiana Nati Bernal estrenaron “Mi Mejor Grammy”, una colaboración que aborda la vulnerabilidad, las expectativas y las dudas que acompañan la búsqueda de una carrera artística.