El proyecto de Kattia Mora no identifica una fuente específica de financiamiento para adquirir los equipos y capacitar a los oficiales.
La diputada oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Kattia Mora Montoya, presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 25.688) que pretende autorizar el uso de dispositivos de conducción eléctrica no letales, conocidos comercialmente como Taser, por parte de los cuerpos policiales del país.
La propuesta señala que la legislación costarricense prohíbe cualquier dispositivo de pulsos eléctricos o electromagnéticos que provoque daños irreversibles. Sin embargo, sostiene que la normativa no define expresamente el tratamiento de los dispositivos de electrochoque que no causan daños permanentes, aunque los somete al control del Ministerio de Seguridad Pública al considerarlos armas.
La iniciativa autorizaría a los cuerpos policiales del sector público centralizado y descentralizado a adquirir, portar y utilizar estos dispositivos para cumplir sus funciones. Solo podrían emplearlos los oficiales que reciban capacitación para su uso.
El proyecto permitiría utilizar los dispositivos Taser para:
- Neutralizar una amenaza activa contra la vida o la integridad física de una persona.
- Controlar a personas violentas que opongan resistencia activa o agresiva, o que amenacen con atacar a funcionarios policiales o terceras personas.
- Evitar lesiones graves al funcionario policial, a la persona intervenida o a terceros.
- Impedir la comisión inmediata de un delito cuando otros medios menos lesivos resulten insuficientes.
La propuesta prohíbe utilizar los dispositivos como mecanismo de castigo o tortura, así como contra personas sometidas que no representen una amenaza actual. Tampoco permitiría emplearlos contra personas esposadas o inmovilizadas, salvo que exista un peligro real e inmediato para la vida o integridad de terceros.
El texto también prohíbe su uso contra personas que se encuentren cerca de cuerpos de agua o parcialmente sumergidas, así como en ambientes donde existan materiales altamente inflamables.
El uso indebido de estos dispositivos daría lugar a responsabilidades administrativas, civiles y penales, según corresponda. La propuesta también establece que “toda persona alcanzada por una descarga deberá recibir valoración y atención médica cuando las circunstancias lo ameriten”.
El proyecto dispone que las instituciones implementen progresivamente la capacitación, adquisición y utilización de los dispositivos, de acuerdo con su disponibilidad presupuestaria. Sin embargo, no identifica una fuente específica de financiamiento para comprar los equipos ni impartir las capacitaciones requeridas.
La exposición de motivos justifica la iniciativa al indicar:
En 2021, el entonces director general de Fuerza Pública, Daniel Calderón, tuvo la intención de traer armas de electrochoque como son las Taser, para uso policial, por ser una opción viable para las labores policiales. De hecho, hasta se sacó presupuesto para hacer la compra y se analizó técnicamente su viabilidad con base a (sic.) diversos criterios, no obstante, al final no se materializó el proyecto y al día de hoy no se ha dotado a los policías de esta opción.
La iniciativa cuenta con las firmas de seis congresistas del PPSO, y ahora deberá ser asignado a una comisión legislativa para que inicie su trámite correspondiente.