Representantes de los pueblos Maleku, Brörán de Térraba y Bribri de Salitre expondrán la situación de procesos de recuperación territorial este 6 de agosto.
La Alianza por una Vida Digna, SURCOS Digital, el proyecto Geografía y Diálogo de Saberes de la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social realizarán el foro ¿Qué está ocurriendo en las comunidades indígenas de Costa Rica? Violencia, recuperación territorial y derechos de los pueblos indígenas.
La actividad se realizará el jueves 6 de agosto a las 6:00 p.m., mediante el Facebook Live de SURCOS Digital.
Según las organizaciones convocantes, el espacio busca analizar algunos de los conflictos que enfrentan actualmente pueblos indígenas del país en procesos de recuperación territorial, incluyendo denuncias de agresiones, amenazas, procesos judiciales cuestionados, retrasos en la restitución de tierras e incumplimientos estatales.
El foro contará con la participación de Lesner Figueroa, integrante de la organización Ditsö Iriria Ajkonuk Wakpa de Salitre; Byron Reyes, representante de la recuperación de San Andrés, en el territorio Brörán de Térraba; Marcony Lacayo, de la organización Maleku Lí Úroteca; y María José Cabezas, psicóloga con experiencia en trabajo con pueblos originarios.
Procesos de recuperación territorial
Las organizaciones señalaron que, aunque la Ley Indígena establece que los territorios indígenas son de uso exclusivo de los pueblos originarios y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce derechos territoriales y de autodeterminación, la recuperación efectiva de tierras continúa dependiendo en gran medida de procesos impulsados por las propias comunidades.
El foro abordará tres casos: el proceso de recuperación territorial del pueblo Maleku, la situación de la finca San Andrés en el territorio Brörán de Térraba, y la recuperación territorial Kapliña, en el territorio indígena Bribri de Salitre.
Maleku, Térraba y Salitre
En el caso del pueblo Maleku, las organizaciones indicaron que el proceso de recuperación territorial ha cobrado fuerza desde la pandemia, con liderazgo de mujeres indígenas que han recuperado fincas ocupadas por personas no indígenas.
Según el comunicado, el pueblo Maleku administra actualmente cerca de 150 hectáreas recuperadas, mientras que aproximadamente el 72% de su territorio continuaría en manos de ocupantes no indígenas.
El foro también analizará la situación de la finca San Andrés, en el territorio Brörán de Térraba, donde familias recuperadoras denunciaron recientemente la intención de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Térraba (ADII) de ingresar a parcelas recuperadas para realizar mediciones y otras actuaciones sin el consentimiento de quienes las habitan y trabajan.
De acuerdo con las organizaciones, aunque ese ingreso no se concretó, las familias mantienen estado de alerta por amenazas y presiones registradas en las últimas semanas, y han solicitado al Estado garantizar el cumplimiento de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al pueblo Brörán de Térraba.
En el caso de Salitre, el foro abordará la situación de la recuperación territorial Kapliña, donde un juzgado ordenó recientemente el desalojo de cuatro familias recuperadoras, decisión que posteriormente fue suspendida de manera temporal mientras se resuelven procesos administrativos y judiciales.
Las organizaciones recuperadoras sostienen que la orden de desalojo contradice la Ley Indígena, el Convenio 169 de la OIT y las medidas cautelares emitidas por la CIDH para proteger ese territorio.
El comunicado también recordó el asesinato del líder indígena Sergio Rojas Ortiz, ocurrido en 2019, como parte del contexto de violencia e impunidad que, según las organizaciones, sigue marcando los conflictos territoriales indígenas en el país.
Debate público sobre obligaciones del Estado
Las entidades convocantes señalaron que el foro busca contribuir al debate público sobre los desafíos del país para garantizar la recuperación efectiva de territorios indígenas, la protección de personas recuperadoras y el respeto de los derechos de los pueblos originarios.