UCR indica que la iniciativa contradicide el decreto que prohíbe la exploración petrolera hasta el 2050, así como la ley que declara al país libre de minería metálica a cielo abierto.
El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR), en su sesión ordinaria n.° 6966, acordó recomendar a la Asamblea Legislativa no aprobar el proyecto de ley denominado “Ley para la titularización de flujos futuros de la explotación y/o protección de recursos minerales y energéticos” (Expediente N.° 24.285), tras identificar múltiples riesgos ambientales, sociales, económicos y jurídicos asociados a la iniciativa.
Este pronunciamiento, emitido el 5 de febrero, se sustenta en un análisis institucional a partir de observaciones de diversas instancias académicas, entre ellas el Centro de Investigación en Ciencias Geológicas, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, el Centro de Investigación en Electroquímica y Energía Química, así como unidades de las Facultades de Ciencias y Ciencias Sociales.
¿Que propone el proyecto?
La iniciativa, impulsada por Fabricio Alvarado y la bancada de Nueva República, propone titularizar flujos futuros derivados de concesiones de explotación, o incluso de no explotación, de recursos minerales y energéticos, con el fin de destinar dichos ingresos al pago de la deuda pública y a la reducción de tasas de interés.
El análisis universitario advierte que esta lógica se sustenta en proyecciones inciertas y en supuestos que carecen de respaldo técnico y científico.
Entre las principales preocupaciones señaladas por la Universidad destaca que la iniciativa “podría incentivar una mayor explotación de los recursos naturales con el fin de generar flujos financieros futuros”, lo cual “podría contradecir los principios de conservación y sostenibilidad que caracterizan a Costa Rica”.
Asimismo, se advierte que estos flujos “se fundamentan en expectativas inciertas, sujetas a variaciones en los precios internacionales, cambios tecnológicos y contextos políticos”.
El Consejo Universitario también alertó que la titularización propuesta podría comprometer ingresos del Estado a largo plazo y restringir la capacidad de maniobra financiera de futuras administraciones. Además, señalaron la dependencia de “verificadores externos”, lo que abre la puerta a conflictos de interés y problemas de transparencia.
Desde el punto de vista técnico y jurídico, el proyecto presenta vacíos significativos: “resulta ambiguo en aspectos clave como la valorización de los recursos, la definición de figuras como el ‘verificador externo reconocido’ y los mecanismos de titularización”. A esto se suma el “riesgo de subvaloración de los recursos naturales”, especialmente considerando su potencial valor futuro.
En materia ambiental y de política pública, la UCR advierte que la iniciativa podría entrar en conflicto con normativa vigente y compromisos internacionales del país. En particular, “contradice el decreto ejecutivo n.° 41578-MINAE, que prohíbe la exploración petrolera hasta el 2050, así como la Ley n.° 8904 que declara a Costa Rica libre de minería metálica a cielo abierto”.
El análisis también enfatiza que el proyecto ignora lecciones históricas en la región:
La idea de que la explotación minera o petrolera permitirá pagar la deuda pública y reducir tasas de interés carece de evidencia y contradice experiencias ampliamente documentadas en América Latina, donde estas actividades no han generado mejoras sustantivas en las condiciones sociales y económicas”.
En esa línea, se advierte que el proyecto “implica un incentivo perverso hacia una economía extractiva”, profundizando dinámicas de dependencia y “aumentando la deuda ecológica mediante la sobreexplotación de los recursos naturales”.
En este contexto, la UCR reafirmó su posición histórica sobre que las moratorias a la explotación petrolera y la prohibición de la minería a cielo abierto son resultado de amplias luchas socioambientales y consensos políticos orientados a proteger el patrimonio natural del país.
La propuesta de ley, que llegó al plenario en abril del 2024, se encuentra en la Comisión de Ambiente para su respectivo estudio.