Análisis mostró que alrededor del 20% de los bonos no se concentraron en distritos con mayores niveles de pobreza o en asentamientos precarios.

La Contraloría General de la República (CGR) reveló deficiencias significativas en la gestión del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) para la asignación de bonos individuales del artículo 59 del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV), que se financian con recursos del Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI).

El informe DFOE-CIU-IAD-00006-2025, divulgado este 6 de noviembre, evaluó el período entre 2022 y 2024 y concluyó que el proceso “no cumple en aspectos significativos el marco normativo y técnico aplicable”, debido a debilidades en la priorización de beneficiarios, ausencia de plazos formales y deficiente gestión de riesgos institucionales.

Según la auditoría, el tiempo promedio para otorgar un bono de vivienda individual es de 527 días hábiles, equivalente a más de dos años. En ese lapso, las familias deben renovar documentos vencidos, lo que genera cargas económicas adicionales. Sobre el hallazgo el documento indica:

No solo afecta el derecho constitucional de los solicitantes a una vivienda digna, sino que también les podría generar una carga económica adicional por la renovación de requisitos vencidos".

El análisis de 6.226 casos en el período de estudio mostró que alrededor del 20% de los bonos no se concentraron en distritos con mayores niveles de pobreza o en asentamientos precarios, lo que, según la CGR, pone en duda la efectividad del sistema para atender a la población más vulnerable.

La investigación también reveló que el 82,4% de las entidades autorizadas por el Banhvi no recibieron capacitación formal en los últimos tres años. Esto, afirma la CGR, deriva en criterios inconsistentes, reprocesos y fallas de calidad en la gestión.

Además, la Contraloría señaló la ausencia de controles específicos para dar seguimiento al destino y uso de los bonos, lo que eleva el riesgo de fraude o corrupción.

El informe subraya que las decisiones sobre la priorización de beneficiarios dependen de procesos manuales y unipersonales, ejecutados mediante hojas de cálculo sin trazabilidad ni mecanismos automáticos de control. Esa discrecionalidad, advirtió el órgano contralor, “compromete los principios de equidad, justicia y transparencia en el uso de los recursos públicos”.

Como parte de las disposiciones emitidas, la CGR ordenó al Banhvi elaborar una metodología formal de priorización de casos, establecer plazos definidos para la aprobación de bonos y diseñar una metodología de gestión de riesgos enfocada en la prevención de fraude y corrupción. El banco deberá cumplir estos mandatos a más tardar en el segundo semestre de 2026.