Una eventual segunda ronda electoral se realizará el domingo 5 de abril de 2026.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) convocó este miércoles a los ciudadanos costarricenses a acudir a las urnas el domingo 1 de febrero de 2026 para renovar los cargos de presidente y vicepresidentes de la República, y los 57 diputados que integran la Asamblea Legislativa para el periodo constitucional 2026-2030.

La convocatoria se realizó en un acto solemne en presencia de las magistraturas electorales, y al que acudieron el presidente Rodrigo Chaves Robles, la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa en ejercicio de la presidencia, Vanessa de Paul Castro Mora, y la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Damaris Vargas Vásquez.

Dentro de la actividad, se dio lectura al "Decreto de Convocatoria a Elecciones Nacionales N°21-2025", donde se mencionaron los 60 cargos a elegir, la repartición de diputaciones por provincia, y el recordatorio al sector público de la entrada en vigencia de la veda electoral.

Las votaciones tendrán lugar en todo el territorio nacional el próximo 1° de febrero de 2026, desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde. En el extranjero y, únicamente para la elección de Presidencia, las elecciones se realizarán de 9 de la mañana a 7 de la noche, según el huso horario de cada uno de los 42 países que albergan a los 49 consulados habilitados, en todo el mundo.

Además, el TSE determinó que la cantidad máxima de personas electoras dentro del territorio nacional por mesa de votación pueden llegar a los 700 electores, y en las juntas receptoras de votos que se instalen en el extranjero la cantidad podrá ser de 1250 electores.

Cada ciudadano tendrá como máximo 90 segundos (1 minuto y medio) para emitir el sufragio.

En caso de empate en la votación Presidencial (sea en la primera o, de ser necesaria la segunda ronda electoral) se tendrá por elegida la candidatura de mayor edad, de entre las nóminas que hubieren obtenido igual número de votos. Esta disposición también aplicará para las diputaciones.

Una eventual segunda ronda electoral se realizará el domingo 5 de abril de 2026.

Al 31 de agosto pasado, el padrón electoral lo conformaban 3.723.297 electores, de los cuales 63.847 están empadronados en el extranjero.

Traslado del mando de las fuerzas policiales

En el acto solemne se realizó también el traslado de mando de la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito al TSE, una obligación consignada en el artículo 102 de la Constitución Política que enlista las 10 funciones del Tribunal Supremo de Elecciones, y que establece en su inciso 6 lo siguiente:

Dictar, con respecto a la Fuerza Pública, las medidas pertinentes para que los procesos electorales se desarrollen en condiciones de garantías y libertad irrestrictas. En caso de que esté decretado el reclutamiento militar, podrá igualmente el Tribunal dictar las medidas adecuadas para que no se estorbe el proceso electoral, a fin de que todos los ciudadanos pueda emitir libremente su voto. Estas medidas las hará cumplir el Tribunal por sí o por medio de los delegados que designe;

Para efectos prácticos y operativos el Ministerio de Seguridad Pública continúa dando órdenes de operaciones, girando instrucciones y fijando objetivos a nivel de combate a la criminalidad y la delincuencia.

La variación más significa consiste en que los delegados del TSE ahora pueden girar órdenes directas a la Fuerza Pública y los oficiales están obligados a cumplirlas. Inclusive, en la eventualidad de que tengan una orden en un sentido dictada por el Ministerio de Seguridad Pública y otra orden emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones, la que se debe cumplir es la emanada por la autoridad electoral.

Además ahora los oficiales deberán realizar acompañamiento y supervisión del trabajo logístico relacionado con los comicios. Por ejemplo, si no hay quien haga el traslado de urnas de un lugar a otro, la tarea debe cumplirla la Fuerza Pública.

Los oficiales, también, son los encargados de verificar la instalación de los clubes partidarios que se abren en cada cantón, ya que los partidos deben enviar los permisos a la delegación cantonal de Fuerza Pública correspondiente y un par de oficiales realizan las verificaciones del caso.

En resumen, la Fuerza Pública se convierte en un brazo operativo del Tribunal Supremo de Elecciones.