El 20 de octubre de 2025, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) anunció que las políticas y prácticas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, marcadas por abusos a los derechos humanos, violaciones laborales y el desmantelamiento del Estado de derecho, son “irrazonables y obstaculizan o restringen el comercio estadounidense”.
Con base en esta determinación, realizada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, el gobierno estadounidense inició el proceso para suspender a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR) y aplicar aranceles de hasta el 100% a sus exportaciones. La medida, aún en consulta pública, podría entrar en vigor a partir de enero de 2026 y representaría un precedente histórico en la política comercial de Estados Unidos hacia la región.
El impacto directo para Nicaragua sería devastador: más del 55% de sus exportaciones tienen como destino el mercado estadounidense, con sectores altamente dependientes como el textil, el oro, la carne bovina, el café y el tabaco. Solo en 2024, Nicaragua exportó más de 3.600 millones de dólares a Estados Unidos, de los cuales alrededor de 2.000 millones de dólares correspondieron a productos del régimen de zonas francas. La imposición de aranceles de 100% y la suspensión de las preferencias del CAFTA-DR paralizarían gran parte de su aparato productivo y provocarían una contracción económica sin precedentes. Sin embargo, los efectos no se detendrían en sus fronteras.
Para Costa Rica, las implicaciones son múltiples y complejas. En primer lugar, la exclusión de Nicaragua del CAFTA-DR interrumpiría las cadenas de valor regionales y eliminaría la posibilidad de acumular origen con insumos nicaragüenses para exportar con beneficios preferenciales. Sectores como el textil, la manufactura ligera y parte de la agroindustria costarricense que integran componentes provenientes de Nicaragua verían incrementados sus costos y tiempos de producción. La industria textil centroamericana, que funciona como una red interconectada entre Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, sería una de las más afectadas por la fragmentación de su sistema de origen compartido.
En segundo término, el golpe logístico sería inevitable. Más del 90% del comercio intrarregional se moviliza por vía terrestre, y Nicaragua constituye el corredor natural que conecta el sur con el norte del istmo. Un escenario de inestabilidad o sanciones prolongadas podría alterar los flujos de transporte y encarecer las exportaciones costarricenses hacia el norte de Centroamérica. Durante la crisis política nicaragüense de 2018, el comercio regional cayó un 40% en apenas dos meses, con pérdidas superiores a los USD 21 millones. Hoy, un bloqueo o disrupción similar podría elevar los costos logísticos en unos USD 400 por contenedor, afectando especialmente al sector alimentario y manufacturero.
A ello se suma un efecto menos visible, pero de enorme relevancia: la percepción de riesgo regional. La expulsión de un país del CAFTA-DR enviaría una señal de fragilidad institucional que podría afectar la inversión extranjera directa en toda Centroamérica. Costa Rica, a pesar de mantener un marco democrático sólido y una prima de riesgo país significativamente menor que sus vecinos, ya enfrenta presiones derivadas del nuevo contexto comercial con Estados Unidos, incluyendo un arancel del 15% impuesto desde agosto pasado. La pérdida de estabilidad en su entorno inmediato podría acentuar la cautela de inversionistas globales y reducir la llegada de capital productivo a la región.
En el plano social, las consecuencias también serían tangibles. Una crisis económica en Nicaragua generaría un aumento sustancial de los flujos migratorios hacia Costa Rica, país que ya acoge a una cantidad importante de población nicaragüense. Ello implicaría mayores presiones sobre los servicios públicos, el mercado laboral y las comunidades fronterizas, así como un eventual incremento de la informalidad y la competencia por empleo en sectores sensibles. Paralelamente, los incentivos al contrabando podrían dispararse, con productos nicaragüenses buscando ingresar al mercado costarricense a través de intermediarios o vías ilícitas para evadir los nuevos aranceles, lo que demandaría mayor control y vigilancia aduanera.
Si bien algunos analistas han planteado que la salida de empresas de Nicaragua podría representar oportunidades de relocalización industrial hacia Costa Rica, lo cierto es que dichas posibilidades son limitadas. Las maquilas textiles están abandonando progresivamente la región por razones de costos, y Costa Rica mantiene salarios y cargas sociales considerablemente más altos que los del resto de Centroamérica. Además, el contexto arancelario actual con Estados Unidos reduce el atractivo para industrias de bajo valor agregado, aunque abre espacio para consolidar nichos de manufactura avanzada, servicios tecnológicos y agroindustria de precisión.
Ante este escenario, la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica (Crecex) considera que el país debe actuar con visión estratégica. La coyuntura refuerza la urgencia de diversificar mercados, fortalecer las cadenas de valor nacionales independientes de insumos nicaragüenses, y acelerar proyectos logísticos alternativos. Al mismo tiempo, es vital sostener una diplomacia económica activa que defienda los intereses costarricenses y contribuya a evitar que las sanciones sobre Nicaragua deriven en un colapso del comercio regional.
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