Tribunal señaló que la Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas de la UCR restringió la libertad de expresión y pensamiento.
La Sala Constitucional (conocida también como Sala IV) declaró con lugar el recurso de amparo estudiado bajo el número 25-012821-0007-CO.
El recurso fue interpuesto por un grupo de estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR), quienes denunciaron que, durante la Feria de Emprendimientos realizada el 10 de marzo de 2025 en la Facultad de Ciencias Sociales, fueron excluidos de la actividad por el contenido de los materiales que exhibían, a pesar de contar con la debida autorización para participar.
En detalle, las personas afectadas mostraban materiales con posturas contrarias al aborto. Durante la actividad, los representantes de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas solicitaron a los estudiantes guardar ciertos materiales que contenían el slogan “Abortar es Matar” y otra propaganda de la agrupación ideológica.
Ante la negativa de los estudiantes de retirar el material, se les quitó la mesa y las sillas que se les había facilitado.
En la sentencia 2025-032460, el Tribunal Constitucional determinó que esta actuación constituye una restricción arbitraria a la libertad de expresión y que no existía ninguna razón que justificara limitar la libertad de opinión y pensamiento.
Además, por unanimidad, los magistrados destacaron que la libertad de expresión y la libertad de pensamiento son pilares fundamentales del régimen democrático del país.
En consecuencia, la Sala Constitucional declaró con lugar el recurso, ordenó a las autoridades de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas abstenerse de incurrir nuevamente en los hechos alegados y condenó a la Asociación al pago de los daños y perjuicios ocasionados.
El tribunal estuvo conformado por los magistrados Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando
Cruz Castro (instructor), Paul Rueda Leal, Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herrera y el magistrado suplente Roberto Garita Navarro.
Dato D+: El recurso de amparo es una herramienta legal que tiene todo ciudadano, incluyendo menores de edad, en busca de garantizar que se resguardan todos sus derechos fundamentales plasmados en la Constitución Política e instrumentos internacionales. Cualquier persona, sin importar edad, situación migratoria, nacionalidad o condición legal puede plantear este recurso.