Costa Rica enfrenta hoy una encrucijada crítica en la gestión de su sistema de pensiones. El envejecimiento acelerado de la población, la insuficiencia de la mayoría de las pensiones actuales y la creciente presión sobre la sostenibilidad financiera del sistema exigen reflexión profunda y acciones decididas. No es un desafío que podemos dejar para mañana, es un reto que requiere decisiones y acciones responsables hoy.
Más de 500.000 personas en Costa Rica tienen 65 años o más, lo que representa aproximadamente el 11.2 % de la población. Esta cifra se duplicará en las próximas dos décadas, alcanzando más de 1,2 millones para 2050, es decir, más del 20% de la población nacional, según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Este cambio demográfico nos obliga, entre otras cosas, a replantear cómo garantizamos pensiones dignas sin comprometer la estabilidad del sistema.
Reflexionar sobre las pensiones nos plantea preguntas fundamentales: ¿qué legado dejaremos a las nuevas generaciones? ¿Cómo aseguramos que quienes han trabajado toda su vida reciban lo necesario sin poner en riesgo la sostenibilidad del sistema?
Nuestra narrativa evolutiva comienza con el reconocimiento y la emoción. Quienes nos precedieron construyeron este país con esfuerzo y dedicación. No son el pasado: son nuestro presente. Conectar con esta historia nos sensibiliza y nos recuerda que la justicia social no es abstracta; es concreta y profundamente humana.
En este marco, JUPEMA cumple un papel clave. Como institución que administra con transparencia y responsabilidad las pensiones de miles de personas trabajadoras de la educación, su voz no es únicamente técnica; también es social y política en el mejor sentido: poner sobre la mesa lo que está en juego para las familias, para las personas jubiladas del futuro y para la estabilidad del país.
La evidencia demuestra que la equidad y la sostenibilidad solo se alcanzan con decisiones informadas. Porque nuestra voz cuenta. Porque nuestro voto decide.
Toda reflexión y análisis nos conducen, finalmente, a la exigencia política y al compromiso colectivo. Los derechos de millones de costarricenses dependen de la acción de la ciudadanía, de las autoridades y de las personas expertas. Cada voto, cada debate y cada decisión legislativa define el futuro del sistema. No podemos delegar esta responsabilidad: el futuro de las pensiones está en nuestras manos.
Costa Rica necesita un compromiso país que combine sensibilidad, datos técnicos y acción política. Solo así construiremos un sistema que no sea un desafío para el mañana, sino una seguridad real para las personas del hoy. Asegurar pensiones dignas no es un acto técnico ni un simple gesto político: es un compromiso con la justicia social, con la visión de largo plazo y con el futuro de nuestra nación.
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