En la entrega anterior se abordó por qué Costa Rica necesita un sistema de cuidados y cómo el envejecimiento y la dependencia vuelven urgente su consolidación. Esta segunda parte se centra en los primeros pasos del Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos (SINCA): el tránsito del papel a la institucionalización y los avances que comienzan a configurar un entramado operativo.
Institucionalización de los cuidados
Desde 2021, con la aprobación de la Política Nacional de Cuidados 2021–2031, el país inició la construcción de una arquitectura normativa orientada a integrar y coordinar los servicios ya existentes y avanzar en la implementación de nuevas prestaciones. Un año más tarde, la promulgación de la Ley 10192 dio forma jurídica al SINCA, al establecerlo como un sistema articulado entre instituciones públicas, organizaciones sin fines de lucro y gobiernos locales, con la misión de garantizar cuidados dignos, accesibles y sostenibles.
Durante 2023 y 2024, los decretos N° 44242 y N° 44243 completaron el marco institucional, formalizando la creación de la Secretaría Técnica de Cuidados y delimitando responsabilidades y mecanismos de coordinación. Más allá de su carácter administrativo, estos instrumentos otorgan al sistema una estructura jurídica vinculante, que transforma el deber político de cuidar en una responsabilidad legal exigible.
Primeros pasos de un sistema en construcción
Entre los hitos más relevantes se encuentra la incorporación del baremo de valoración de la dependencia, herramienta técnica que permite identificar con precisión a la población objetivo del sistema –personas con dependencia- y asignar prestaciones de acuerdo con las necesidades reales de cuidado y apoyo. Su aplicación permite que las prestaciones se ajusten al perfil y grado de dependencia de cada persona, evitando tanto la subatención como la sobreasignación de beneficios; se trata de hacer más pertinente y eficiente la asignación de las prestaciones.
Instituciones como el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) y el (Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), han realizado las primeras aplicaciones del baremo a nuevas personas usuarias y a quienes ya reciben servicios, sin afectar derechos adquiridos. Por su parte, el IMAS no solo incorporó la herramienta en su gestión, sino que creó una nueva prestación en el marco del SINCA: la transferencia por cuidados, un subsidio mensual dirigido principalmente a mujeres cuidadoras no remuneradas de personas en situación de dependencia severa. A diciembre de 2024, el IMAS contabilizaba 5 677 valoraciones realizadas a nivel nacional y 3 089 personas cuidadoras recibiendo el subsidio.
Sumado a lo anterior, el esfuerzo del SINCA por incorporar nuevas prestaciones se refleja en el impulso de la teleasistencia, a través de un proyecto piloto llevado a cabo desde el 2024 por la Municipalidad de Heredia. La expectativa es que más gobiernos locales se sumen a la prestación de este servicio, el cual combina tecnología y acompañamiento humano para mejorar la seguridad y la autonomía de las personas con dependencia leve o moderada. La teleasistencia introduce una forma de cuidado más preventiva y cercana, capaz de prolongar la permanencia de las personas en su entorno familiar y reducir la sobrecarga sobre los servicios de salud.
Junto con la ampliación del catálogo de servicios, el SINCA ha apostado por mejorar la calidad del cuidado; en coordinación con el Ministerio de Salud se actualizaron las normas de habilitación para hogares de larga estancia, mientras que el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) incorporó en su oferta el programa de Asistente de Personas en Condición de Dependencia. Paralelamente, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), a través del Programa Nacional de Empleo (PRONAE), ejecutó un piloto para formar en Técnico en Asistencia Integral para la Persona Adulta Mayor. Estos esfuerzos reflejan una visión de profesionalización progresiva del cuidado, en la que la calidad del servicio depende tanto de la cobertura como de la capacitación de quienes lo brindan.
Además, se han desarrollado herramientas tecnológicas dirigidas a la ciudadanía, como la plataforma Cuidar.cr, que permite conectar la oferta y la demanda de servicios de cuidado, acceder a un tablero georreferenciado de centros diurnos y hogares de larga estancia, y otorgar a las personas cuidadoras un código digital que busca, entre otros beneficios, agilizar trámites y permitir atención preferencial en algunas instituciones públicas y privadas (Decreto 44763).
Por último, el Sinirube acordó incorporar la línea de pobreza ajustada por dependencia, la cual refleja con mayor precisión el costo real de vida de los hogares que brindan o requieren cuidados, al incluir los gastos adicionales asociados a la dependencia. Este ajuste mejora la medición de la pobreza, ya que reconoce que muchos hogares con personas dependientes, que antes no calificaban como pobres bajo la línea convencional, sí enfrentan condiciones económicas que los colocan por debajo de ese umbral, haciéndolos elegibles para acceder a servicios y apoyos del sistema.
En conjunto, estas acciones marcan un punto de inflexión en la construcción del sistema de cuidados: establecen bases técnicas, amplían prestaciones y fortalecen la gestión institucional. Sin embargo, los desafíos siguen siendo significativos. Persisten brechas en cobertura, calidad y equidad territorial, y el reto inmediato es mantener y ampliar los nuevos servicios, especialmente aquellos orientados al cuidado domiciliario, para garantizar que el derecho a ser cuidado llegue efectivamente a quienes más lo necesitan.
Consolidar lo construido: un reto que exige constancia
Costa Rica ha sentado las bases de un sistema de cuidados con marco legal, nuevas prestaciones y articulación institucional en marcha. No obstante, convertir el SINCA en una política de Estado exige continuidad, financiamiento estable y compromiso político sostenido. Su consolidación dependerá del trabajo conjunto de instituciones, gobiernos locales, organizaciones sociales y una ciudadanía que asuma el cuidado como un derecho compartido.
La próxima entrega abordará los principales retos del SINCA, desde la urgencia de ampliar cobertura garantizando calidad hasta la necesidad de generar las condiciones para su sostenibilidad.
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