En la entrega anterior se abordó como la aprobación de la Política Nacional de Cuidados 2021-2031 y la promulgación de la Ley 10.192, sentó las bases para un cambio estructural: pasar del cuidado como una carga privada de las familias —y casi siempre de las mujeres— a un derecho social garantizado por el Estado. Pero convertir esa aspiración en un sistema sólido, sostenible y universal no será sencillo. El desafío ahora es consolidar el Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos (SINCA) para que funcione con equidad, eficiencia y permanencia.

Financiamiento: la condición de posibilidad

No hay sistema de cuidados sin financiamiento estable. Los países de la OCDE destinan en promedio el 1,8 % del PIB a los cuidados de larga duración (2021), con máximos como los Países Bajos (4,4 %). España se sitúa en torno al 1 % del PIB. En América Latina, incluso sistemas pioneros como el de Uruguay aún invierten muy por debajo (0,04 % del PIB en 2017), lo que evidencia la brecha regional de financiamiento. En el caso de Costa Rica, estimaciones realizadas en 2018 proyectaron la necesidad de una inversión alrededor de un 0,48 del PIB, para contar con un sistema que al menos incluya cuidado domiciliario, residencias, centros de día y teleasistencia y que alcance una cobertura del 55.9% del total de personas con dependencia.

Esto implica construir un marco financiero de largo plazo, que combine fuentes públicas y municipales, recursos de seguridad social y alianzas bien reguladas con el sector privado. Sin un financiamiento permanente, el SINCA corre el riesgo de quedarse en promesas parciales o depender de presupuestos anuales impredecibles. Invertir en cuidados no es un gasto: es una estrategia de desarrollo. Fortalece el empleo, impulsa la productividad, mejora la salud pública y reduce desigualdades. En otras palabras, invertir en cuidar es cuidar la economía.

Cerrar brechas: cobertura, género y calidad

El segundo desafío es cerrar las brechas que hoy limitan el alcance y la equidad del sistema. Aunque se han realizado avances importantes —como la transferencia por cuidados del IMAS o el piloto de teleasistencia gestionado por un gobierno local—, los servicios todavía llegan a una fracción de quienes los necesitan.

La desigualdad de género continúa siendo el eje más crítico. Siete de cada diez personas cuidadoras en Costa Rica son mujeres, y nueve de cada diez lo hacen sin recibir pago (BID, 2020). Mientras no se reconozca el trabajo de cuidado como una labor social y económicamente valiosa, las mujeres seguirán cargando con el costo invisible del bienestar nacional.

A ello se suma la urgencia de garantizar calidad. La expansión de la cobertura debe ir acompañada de formación profesional, supervisión técnica y estándares de calidad para los servicios. Las acciones del INA para profesionalizar a las personas cuidadoras son un paso clave, pero aún falta el establecimiento e implementación, por parte del Ministerio de Salud, de estándares de calidad claros que apunten hacia una atención centrada en la persona.

Escalar los servicios: del piloto a la política pública

Las innovaciones impulsadas por el SINCA —teleasistencia, cuidado domiciliario, subsidios a cuidadoras— muestran resultados prometedores. Sin embargo, su cobertura sigue siendo limitada. El reto es escalar estos servicios sin perder el enfoque centrado en la persona ni los estándares de calidad.

Para lograrlo, se requiere planificación territorial, coordinación con gobiernos locales y un sistema de monitoreo que mida resultados y calidad. Cada piloto exitoso debe transformarse en una prestación estable, con financiamiento asegurado y mecanismos de evaluación permanentes. Un sistema nacional no puede depender voluntad política y ni de esfuerzos aislados.

Articulación interinstitucional: del discurso a la práctica

El SINCA es un sistema, y un sistema sólo funciona si sus partes se comunican. Aunque persisten zonas de fragmentación institucional, hoy existen avances importantes que empiezan a traducir la articulación en práctica. El SINIRUBE se ha consolidado como la principal herramienta para la referencia y el intercambio de información entre instituciones, permitiendo identificar personas usuarias, consultar el módulo de baremo y acceder a datos socioeconómicos de manera integrada.

Estos desarrollos tecnológicos marcan un paso clave en la lógica de sistema: construir un modelo en el que las personas no deban tocar la puerta de cada institución para acceder a los servicios, sino que cualquier punto de entrada —sea el IMAS, el CONAPAM o CONAPDIS— permita el ingreso al conjunto de prestaciones que el SINCA articula.

El reto ahora es consolidar estos mecanismos, fortalecer la interoperabilidad y garantizar que la información compartida se traduzca en decisiones conjuntas, atención ágil y procesos más simples para las personas. Porque en un sistema que realmente cuida, las instituciones se coordinan entre sí, no obligan a la ciudadanía a hacerlo por ellas.

El baremo: el corazón del sistema

El baremo de valoración de la dependencia es la herramienta que permite asignar apoyos de manera justa y eficiente. A través de él se identifica el grado de dependencia y se define qué tipo de servicios o transferencias requiere cada persona. A pesar de los avances —con más de cinco mil valoraciones aplicadas—, aún falta lograr cobertura nacional. Extender el baremo a todo el territorio es esencial para que ninguna persona quede sin atención y para que los recursos públicos se asignen bajo un criterio de pertinencia. En otras palabras, es la garantía de que cada quien reciba el apoyo que necesita, ni más ni menos.

Cuidar como política de Estado

El país cuenta con los cimientos: una política pública, una ley, una Secretaría Técnica y servicios que ya empiezan a cambiar la vida de las personas. Pero consolidar el sistema requerirá continuidad política, financiamiento sostenible y compromiso ciudadano.

Costa Rica tiene la oportunidad de construir un verdadero pacto social intergeneracional, en el que cuidar deje de ser un acto de sacrificio individual y se convierta en una responsabilidad compartida.

Un país que cuida no se mide por la cantidad de leyes que promulga, sino por la coherencia entre sus decisiones y sus valores. Asumir el cuidado como política de Estado es afirmar que el bienestar colectivo no se delega ni se improvisa: se construye con constancia, equidad y visión de futuro.

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