El pasado 25 de septiembre, el Gobierno pidió a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) iniciar el proceso para subastar todas las frecuencias del espectro radioeléctrico que permiten emitir señales de radio y TV abierta.

Por el fondo, es legal y justo que las empresas privadas paguen un precio por acceder a un recurso público y escaso, de altísimo valor estratégico y comercial. Por la forma, el proceso debe verse con atención porque la motivación del Poder Ejecutivo pareciera ser más un acto de revanchismo en contra de medios críticos que una defensa genuina del pluralismo.

Más allá de eso, lo cierto es que el concurso ya está en marcha. El pliego de condiciones y requisitos tiene aportes valiosos como el establecimiento de medidas anti concentración, pero también tiene aspectos que podrían afectar la libertad de expresión en el país.

La subasta elimina la posibilidad de pensar en una televisión comunitaria y local. A petición del Gobierno, la subasta incluye la reserva de frecuencias creada en 2009 para atender “necesidades locales y nacionales”. Era una porción de 24 MHz del espectro, suficiente para habilitar al menos cuatro nuevos canales.

Si bien esta franja también debía subastarse, lo razonable habría sido hacerlo mediante un procedimiento diferenciado, pensado para organizaciones e iniciativas con vocación social, sin fines de lucro o comunitarias, donde el dinero no fuera el principal factor de adjudicación. Un mecanismo así habría priorizado principios de pluralismo y diversidad.

Sin embargo, el MICITT optó por lo contrario. En agosto de 2024 le pidió a la SUTEL incluir este bloque dentro de la subasta económica (lineamiento h del oficio MICITT-DM-OF-771-2024), cerrando la puerta a cualquier procedimiento alternativo y reafirmando una lógica mercantil que no debería ser la única cuando hablamos de un bien público.

La subasta castiga a los medios locales del centro del país. El pliego de condiciones impide concursar por frecuencias exclusivas para la Región Central, bajo el débil argumento de evitar la concentración. Esta prohibición obligará a medios pequeños ubicados en esta zona a decidir entre cerrar, migrar a internet o competir por licencias nacionales, las más caras del proceso. Cantones como Turrialba, Cartago, San Ramón, Grecia, Atenas, Naranjo, Dota, Tarrazú, todos parte de esta Región según MIDEPLAN, se quedarían sin la posibilidad de contar con medios propios.

Aunque la exclusión busca evitar que los grandes consorcios concentren el espectro, termina castigando también a los medios de vocación cantonal, debilitando el pluralismo y la diversidad que se supone debía proteger.

Las condiciones para las radios en AM amenazan su supervivencia. Los requisitos financieros establecidos en el pliego de condiciones para estas emisoras parecen diseñados para grandes empresas, y no para las radios pequeñas que mantienen viva esta banda radiofónica. Exigir documentos que prueben la capacidad para cubrir el 100% de los costos operativos del primer año u obligar a presentar un flujo de caja a diez años con inversiones proyectadas en infraestructura y equipo técnico, es irreal.

Las pocas emisoras en AM que todavía existen operan con presupuestos mínimos, sostenidas por voluntades más que por capital. Quienes luchan por mantener una señal al aire y pagar una planilla cada quince días difícilmente pueden proyectar su economía en una década. Esa exigencia desconoce la realidad del sector y condena a estas emisoras al silencio.

El pliego ignora el negocio del alquiler de frecuencias. Las condiciones establecidas tampoco indican nada sobre las prácticas de alquiler o cesión de espacios, un tema sobre el que el Estado debería poner atención. Una empresa podrá “alquilar” toda su programación a un tercero, lo que supone una violación de la concesión, sin que pueda ser penalizada por ello.

Y no se trata necesariamente de prohibir, sino de regular. Es indispensable que el Estado no solo supervise, sino que también participe de los beneficios o, al menos, reciba información completa sobre los montos y condiciones de esos acuerdos. Ignorar este aspecto deja abierta una puerta a la opacidad y al uso discrecional de un bien público.

El riesgo de una decisión política sobre la subasta. Aunque la SUTEL conduce el proceso, al final emite una recomendación sobre quiénes deberían ser los adjudicatarios, la cual el Gobierno puede rechazar sin ofrecer una justificación de fondo. Esa discrecionalidad, que se encuentra en la actual normativa, es peligrosa. No sería descabellado pensar que, si la candidata oficialista gana, su próximo y ya anunciado ministro de la Presidencia sugiera apartarse del criterio técnico de la SUTEL si el resultado favorece a alguno de los medios que prometió “destruir” hace tres años, y a los que no ha dejado de atacar desde entonces.

Subastar el espectro es la ruta correcta. El problema es que pareciera que el Gobierno lo hace sin una visión de política pública, sin querer realmente promover el pluralismo y con un peligroso trasfondo de revancha política que erosiona la confianza institucional y amenaza con golpear, una vez más, a los más pequeños.

Este artículo representa el criterio de quien lo firma. Los artículos de opinión publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de este medio. Delfino.CR es un medio independiente, abierto a la opinión de sus lectores. Si desea publicar en Teclado Abierto, consulte nuestra guía para averiguar cómo hacerlo.