Contraloría identificó una falla sistémica originada en la fragmentación y en la ausencia de una regulación y supervisión financiera efectiva.
La Contraloría General de la República (CGR) emitió un análisis sobre la gestión crediticia financiada con recursos públicos en 17 entes y órganos que otorgan créditos de desarrollo a las personas y a las Mipymes, encontrando que este sistema opera como un "balde con fugas", con un conjunto desarticulado de entes y órganos que por fallas estructurales de diseño y supervisión financiera, permite la “fuga” de fondos públicos, compromete su sostenibilidad y limita su impacto social e inclusivo.
Dato D+: Cerca del 32% de las personas adultas en el país carece de acceso a productos financieros formales.
La Contraloría destacó que la gestión crediticia financiada con recursos públicos moviliza una cartera de 908.964,9 millones de colones (equivalente al 2,0% del PIB) y atendiendo a cerca de 77.000 personas beneficiarias a diciembre de 2024, con el propósito de fomentar la inclusión financiera y el desarrollo social.
Sin embargo, se identificó una falla sistémica originada en la fragmentación y en la ausencia de una regulación y supervisión financiera efectiva en el manejo de esos recursos, que la Contraloría señala provoca al menos cuatro fugas críticas de recursos y propósito, evidenciadas en los datos a 2024 y 2025:
- Falta de Focalización: los recursos no llegan prioritariamente a quienes más lo necesitan. El decil superior (es decir, el 10% de los beneficiarios con los mayores ingresos) concentra por sí solo el 19,6% del monto total de los créditos, mientras que los cuatro deciles inferiores (el 40% de la población beneficiaria con los menores ingresos) reciben en conjunto apenas un 21,3% de los fondos. Según la Contraloría esta desproporción demuestra que una parte significativa de los recursos se está "filtrando" hacia personas que, por su perfil económico, tienen mayor posibilidad de acceso al sistema bancario tradicional.
- Ausencia de controles de debida diligencia: el 31,1% de los beneficiarios de créditos productivos no están inscritos en la CCSS y el 28,8% no lo está en el Ministerio de Hacienda, lo que contraviene el objetivo de formalización económica.
- Duplicidad y Concentración: la falta de un sistema de información crediticia integrado ha permitido que 693 personas acumulen dos o más préstamos para el mismo fin, sumando un total de 183.972 millones de colones, además, se identificó que diez beneficiarios concentraron 684 operaciones crediticias por un monto de 6.434 millones de colones. Según el informe este patrón demuestra que en lugar de democratizar el acceso al crédito y ampliar su base de beneficiarios, el sistema tiende a recircular los fondos entre unos pocos.
- Insostenibilidad Financiera: A mayo de 2025, el promedio de morosidad de la gestión crediticia financiada con recursos públicos se sitúa en un 5,53%, cifra que prácticamente duplica el estándar de morosidad del Sistema Bancario Nacional (cercano al 3%), pero, además, 8 de los 17 entes (un 47% del total) superan este umbral, con una morosidad promedio del 20,3%. Según la CGR la alta morosidad, agravada por condonaciones de deuda recurrentes, pone en riesgo la continuidad y la capacidad futura del sistema para cumplir su objetivo.
La Contraloría destacó que el informe busca brindar insumos a la Asamblea Legislativa para fortalecer la gestión, la gobernanza y la sostenibilidad de las instituciones que administran estos recursos, por lo que hizo un llamado a realizar una reforma estructural e integral del sistema, a través de cinco acciones fundamentales:
- Establecimiento de una dirección estratégica: mediante una Política Nacional de Inclusión Financiera que unifique la estrategia y los objetivos del sistema.
- Creación de un sistema de control estandarizado: con la implementación de un sistema de información crediticia único para todos los entes y asignar la supervisión no prudencial a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) para estandarizar la gestión de riesgos, promover la rendición de cuentas en procura de una gestión crediticia efectiva.
- Racionalización de la estructura: realizar de un estudio técnico para cerrar, fusionar y reestructurar los entes y fideicomisos cuyas funciones duplican a otras instituciones o son inoperantes, trasladando sus recursos y carteras a operadores con mayor capacidad y estructura.
- Fortalecimiento de la Gobernanza: a través de 1) implementar lineamientos de gobierno corporativo en los entes ejecutores y 2) establecer criterios técnicos y de aplicación excepcional para las condonaciones de deuda.
Según el informe el análisis de la CGR se enfocó en los siguientes entes y órganos del sector público:
- La Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape).
- La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz)
- La Corporación Bananera Nacional (Corbana).
- Los fideicomisos N.° 955 para el cultivo de palma aceitera y para los productores de piña.
- El Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica del Puntarenense (Faesutp).
- El Fondo de Desarrollo de Pequeñas y Medianas Empresas (Fodemipyme).
- El Fondo Nacional de Desarrollo (FONADE).
- El Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo).
- Los fondos especiales del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BP Bienestar, Fondo para el Desarrollo, Fondo de Vivienda).
- El Instituto de Desarrollo Rural (Inder).
- El Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop).
- El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (Ifam).
- El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (Invu).
- La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur).
