La Asociación Internacional de Radiodifusión exhortó al país a garantizar la seguridad jurídica del sector y a no tratar el espectro radioeléctrico como una mercancía.
La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) aprobó en su 50 Asamblea General, celebrada en Brasilia el 4 de noviembre, una resolución referida a Costa Rica en la que expresó preocupación por la intención del Gobierno de revisar o someter a nuevos procesos de licitación las concesiones de radio y televisión actualmente vigentes.
Según la resolución, el Ejecutivo estaría concibiendo el espectro radioeléctrico “como una simple mercancía para la obtención de recursos económicos”, subastando frecuencias “al mejor postor”. Además, advierte que bajo el argumento de promover el desarrollo tecnológico, se estarían impulsando normativas que “obstaculizan y restringen el acceso o la continuidad en el uso del espectro por parte de la radiodifusión privada”.
La AIR señaló que este tipo de medidas “genera incertidumbre jurídica y pone en riesgo la estabilidad de un sector esencial para la libertad de expresión, la información y la democracia costarricense”.
Libertad de expresión y seguridad jurídica
El documento destaca que el uso de las bandas de frecuencia destinadas a la radiodifusión es fundamental para garantizar que la población reciba información plural, diversa y gratuita, y recuerda que la preservación de dichas bandas está directamente vinculada con el derecho a la libertad de expresión, reconocido en la Constitución Política y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Asimismo, subraya que las emisoras de radio y televisión, al ser servicios de carácter gratuito, no pueden competir en igualdad de condiciones con los servicios de telecomunicaciones pagos, por lo que requieren estabilidad jurídica para operar.
Resoluciones adoptadas
Entre los acuerdos aprobados, la Asamblea resolvió:
- Reafirmar que la radiodifusión privada costarricense es insustituible para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información.
- Exhortar a las autoridades del país a preservar la seguridad jurídica del sector y abstenerse de adoptar medidas que afecten la estabilidad de los medios de comunicación.
- Recordar que toda decisión sobre el uso del espectro debe ajustarse a la Constitución, la ley y los tratados internacionales de derechos humanos, con transparencia y debido proceso.
- Solicitar que cualquier eventual adopción de un estándar de radio digital garantice la continuidad del servicio actual y no se utilice como mecanismo de restricción a la labor de la radio y la televisión privadas.
La resolución fue aprobada el 4 de noviembre de 2025 en Brasilia, Brasil, durante la 50ª Asamblea General de la Asociación Internacional de Radiodifusión.




