La Sala IV ordenó los ajustes en enero de 2024, reiteró el mandato en julio de ese mismo año y volvió a hacerlo en septiembre de 2025, sin que la administración haya ejecutado las medidas.

El docente de educación musical Jonatan González Díaz, quien enfrenta una condición de ceguera total, volvió a denunciar que el Liceo de Esparza no ha acatado las órdenes emitidas por la Sala Constitucional en relación con los ajustes razonables que requiere para poder desempeñar su trabajo.

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La situación, que se arrastra desde 2022, ya acumula varias resoluciones judiciales, todas en la misma línea: exigir a la Dirección del Liceo cumplir con las recomendaciones del Informe de Asesoría #004, elaborado por la Terapeuta Ocupacional del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Según detalló González, las medidas pendientes pueden dividirse en dos grandes grupos. El primero corresponde a mejoras de infraestructura, como la instalación de pasamanos, rampas adecuadas y la demarcación de rutas accesibles. El segundo corresponde a equipo y apoyos directos que no dependen de obras constructivas, entre ellos:

  • Una computadora con software especializado para escritura musical.
  • Audífonos de diadema para el uso de lectores de pantalla.
  • Mobiliario ergonómico (silla y escritorio).
  • Sendas podotáctiles en el suelo para guiar su desplazamiento.
  • Capacitaciones para personal y estudiantes en convivencia con personas con discapacidad visual.

“En resumen, la Sala Constitucional ordenó ejecutar parcialmente las recomendaciones 4, 6, 7, 12 y 17, y cumplir en su totalidad con las recomendaciones 1, 2, 3, 5, 9, 13, 14, 15 y 19 del informe, lo cual sigue pendiente”, señaló González.

La primera sentencia, emitida en enero de 2024, otorgó a la directora en propiedad un plazo de tres meses para implementar todas las medidas. Seguidamente, en julio de ese mismo año la Sala IV dio respuesta a una gestión por desobediencia y ordenó la ejecución inmediata al constatarse el incumplimiento. Durante ese período la dirección estuvo a cargo de otra persona de forma interina, y, según González, esta última sí mostró disposición para acatar la resolución.

El docente relató:

Me citó de inmediato a su oficina para buscar soluciones provisionales y me consta que inició las gestiones para acatar lo ordenado. Lamentablemente, su gestión fue breve. Al regresar la directora propietaria a su puesto, las gestiones se detuvieron y volví a ser ignorado. Esto me obligó a acudir nuevamente a la Sala, lo que resultó en la segunda resolución por desobediencia del 30 de septiembre de 2025, que reitera la orden de cumplimiento inmediato".

En cuanto al MEP, González reconoció que el Equipo de Atención a Personas con Discapacidad ha cumplido con su labor técnica, pero aclaró que la ejecución corresponde exclusivamente a la administración del Liceo de Esparza y a su Junta Administrativa, donde el proceso "permanece estancado".

El docente también expuso los efectos que esta lucha ha tenido en su vida profesional y personal:

Esta lucha ha sido sumamente desgastante. Mi carrera como docente se vio truncada, ya que el agravamiento progresivo de mi discapacidad visual me fue exigiendo cada vez más ajustes para poder desempeñar mis funciones”.

Asimismo, denunció que persisten barreras actitudinales por parte de algunas jefaturas inmediatas:

Parece que lo toman como algo personal; te conviertes en una molestia, porque tener a un subalterno con discapacidad les exige un esfuerzo adicional y una verdadera vocación de liderazgo y empatía que no siempre tienen. Ahí es donde surgen situaciones de discriminación que van minando tu salud. De pronto te ves abandonado en el aula a tu suerte con jóvenes que cada vez respetan menos tu condición. Como no tienes una persona de apoyo visual ni la tecnología necesaria, terminas buscando una reubicación o, en el peor de los casos, la opción que muchos colegas han tenido que tomar: una pensión anticipada”.

Actualmente, González está reubicado en labores administrativas y a la espera de que el país avance en la contratación de apoyos específicos para docentes con discapacidad. Paralelamente, mantiene procesos legales en la vía judicial y administrativa.

“No me rendiré. Espero de la Sala II y del Tribunal Contencioso Administrativo la misma claridad que ha demostrado la Sala Constitucional. Y si no es así, llegaré hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos si es necesario, pues entiendo que de luchas como la mía es que se logran los verdaderos cambios. Lo hago para que, en el futuro, los jóvenes con discapacidad que quieran ser docentes puedan elegir esta carrera sin temor a vivir la discriminación que hoy intenta apartarnos del camino”, manifestó.